Internacional

Amnistía Internacional denuncia que en Venezuela las desapariciones forzadas han escalado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y se han convertido en parte de un patrón de persecución sistemática contra los disidentes del Gobierno. Su secretaria general, Agnès Callamard, ha pedido este martes que la Corte Penal Internacional avance en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano, documentados desde 2014 y que la comunidad internacional acompañe la búsqueda de justicia con el uso de la jurisdicción universal en derechos humanos, como ya lo ha hecho Argentina. “La comunidad internacional no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela”, dijo Callamard. “La escala y gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, deben movilizar la conciencia del mundo, e impulsar la acción de la justicia internacional”, agregó la activista durante la presentación de un informe titulado “Detenciones sin rastro: El crimen de la desaparición forzada en Venezuela”, que recoge la documentación de 15 casos de desapariciones forzadas ocurridas el último año, 11 de los cuales continúan en paradero desconocido, entre ellos los de seis extranjeros. Para Callamard “se ha llegado al umbral de prueba para establecer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela”. La investigadora Pilar Sanmartín detalló que las desapariciones han ocurrido en el contexto de detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales y contra personas críticas al Gobierno. “Esta práctica no solo existe sino que ha escalado tras las elecciones del 28 de julio e implica la privación ilegítima de la libertad, la negativa de la información de su ubicación y de la suerte de la persona. Hay que aclarar que no dependen de la duración, puede ser por horas, días o meses o mantenerse en el tiempo”. El periodista Rory Branker, editor del portal La Patilla, es uno de estos. Fue detenido por funcionarios del Sebin el pasado 20 de febrero y sus familiares no saben dónde está. Lo mismo ha ocurrido con el abogado Eduardo Torres, activista de Provea y defensor de presos políticos, detenido en el mes de mayo y que estuvo varios días sin saber en dónde había sido recluido. En el caso de los extranjeros, Amnistía Internacional señaló que los móviles son distintos. “Las detenciones de ciudadanos extranjeros tiene un aparente doble fin para reforzar la narrativa oficial sobre conspiraciones internacionales y a usarlos como moneda de cambio para negociar con otros países”, afirmó Sanmartín. “Aunque en muchos casos las autoridades al cabo de cierto tiempo aceptan la detención, en todos ocultan su paradero. La única certeza que tenían sus familias era que la víctima estaba bajo la custodia del Estado pero sin saber su ubicación y su estado o si saber si estaba viva”. Denunció también que el aparato de justicia “encubre o facilita”, estas violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales con acciones como la negación sistemática de los recursos de habeas corpus introducidos por los familiares. Por ejemplo, expone la investigadora, el 2 de septiembre de 2024 los familiares de los turistas españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme perdieron contacto ellos. Doce días después el ministro Diosdado Cabello confirmó su detención y los señaló de ser agentes de inteligencia de España, aunque no presentó pruebas. Aún continúan desaparecidos. También refirió el caso del uruguayo residenciado en Estados Unidos Fabián Buglione que viajó a Venezuela para visitar a su pareja en octubre pasado, fue detenido por el servicio de inteligencia militar y nueve meses después todavía se desconoce su paradero. Durante la presentación del informe, Sophie Hunter, hermana de Lucas Hunter, un franco-estadounidense detenido en Venezuela en enero contó su historia, de la que casi nada se había conocido hasta ahora. De 37 años, analista financiero residenciado en Londres, viajó por vacaciones a finales de 2024 a Colombia, específicamente a la zona de La Guajira, para practicar kitesurf. “Él no habla español, pero logró contarme que se había acercado en moto cerca de la frontera con Venezuela y lo había arrestado unos militares venezolanos”, contó la hermana, que señaló que tuvo que dejar de trabajar para dedicarse a hacer cabildeo internacional por la liberación de su hermano con las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y con menos éxito con la Unión Europea. El activista venezolano Luis Carlos Díaz intervino durante la presentación para pedir mayor respaldo de los Estados parte del Estatuto Roma a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y las víctimas y familiares. “Pedimos que no haya más diplomacia de rehenes”, dijo Díaz. “Las personas que están en desaparición deben saber que no hemos tirado la toalla y los seguimos buscando”. (EL PAÍS)

La Fiscalía de Brasil pide cárcel para el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de haber liderado una conspiración para mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022, cuando fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. El fiscal general, Paulo Gonet, apuró este lunes por la noche hasta el último minuto del plazo para presentar su parecer y no movió una coma respecto a la denuncia presentada en febrero. Después de los interrogatorios y la recopilación de pruebas de los últimos meses, considera que no hay dudas de que el exmandatario ultraderechista lideró la trama para aferrarse al poder. Pide que sea condenado por cinco delitos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio y deterioro de patrimonio protegido. Juntas, las penas máximas por estos crímenes suman más de 43 años de cárcel. Para el fiscal, Bolsonaro generó “de forma consciente un ambiente propicio a la violencia y al golpe” y usó las estructuras y recursos del Estado “para fomentar la radicalización y la ruptura democrática”. La Fiscalía también pide que se condene a los otros siete integrantes del “núcleo crucial” de la trama, los exministros y altos mandos militares de confianza de Bolsonaro que movieron los hilos de la estrategia golpista. Los que salen peor parados y podrían enfrentarse a la misma condena que Bolsonaro son el excomandante de la Marina Almir Garnier, que fue el único de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas en ponerse al servicio del golpe; el exministro de Justicia Anderson Torres; el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el general Walter Braga Netto, que fue jefe de Gabinete, ministro de Defensa y aspiraba a ser vicepresidente. Está preso desde diciembre del año pasado por intentar interferir en la investigación. El fiscal también arroja un jarro de agua fría sobre la pieza clave en el proceso: el ex secretario personal de Bolsonaro Mauro Cid, cuyas confesiones ayudaron a que los investigadores fueran tirando del hilo. A pesar de que firmó un acuerdo que contemplaba beneficios penales a cambio de información, el fiscal considera que hubo omisiones importantes, por lo que pide que se le aplique un tercio de la condena. La investigación concluyó que el golpe no prosperó porque los militares resistieron a las presiones de Bolsonaro y su círculo más cercano. El plan incluía asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez que instruye el caso, Alexandre de Moraes, enemigo número uno de la extrema derecha brasileña. Aun así, el 8 de enero de 2023, tras una primera semana de Lula en el Gobierno, miles de radicales invadieron los principales edificios institucionales de Brasilia. Muchos de ellos ya cargan con duras condenas de cárcel. La Fiscalía señala que lo que pasó aquella jornada fatídica puede que no fuera el objetivo principal del grupo, “pero pasó a ser deseado e incentivado cuando se volvió la última opción disponible”. El fiscal también remarca que todos los movimientos están probados por los propios protagonistas, que dejaron un nutrido rastro de grabaciones, manuscritos, archivos digitales e intercambios de mensajes. Tras el posicionamiento de la Fiscalía se abre el plazo para que los imputados presenten sus alegaciones finales. Si los tiempos judiciales se cumplen, se espera que el juicio quede visto para sentencia en el mes de septiembre. La petición de la Fiscalía llega pocos días después de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de subir los aranceles a las exportaciones brasileñas hasta el 50% como represalia por la “caza de brujas” que, en su opinión, está sufriendo Bolsonaro. Uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, que se instaló en EE UU para hacer lobby en favor de su padre, ha repetido en varias ocasiones en los últimos días que la solución para el problema tarifario es una amnistía para Bolsonaro y los otros acusados de golpismo. También confía en que en breve EE UU anuncie sanciones específicas contra el juez Moraes. A pesar de las presiones, de momento el curso judicial avanza con normalidad. Bolsonaro sabe que lo tendrá muy difícil para esquivar la condena, que le dejaría definitivamente fuera del tablero político. En realidad, ya tiene medio cuerpo fuera: la Justicia Electoral ya le condenó por otra causa, por haber abusado del poder que le daba la presidencia para beneficiarse en la última campaña electoral. Está inhabilitado hasta 2030, así que a día de hoy no puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. Aun así, públicamente Bolsonaro actúa como único y legítimo candidato de la derecha, lo que empieza a poner nerviosos a sus aliados. El que tiene más papeletas para funcionar como recambio es el gobernador del Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ahora hace malabarismos verbales para defender a la potente industria paulista ante el golpe que pueden causar los aranceles de Trump, pero sin condenar abiertamente el tarifazo, para no enfadar al clan Bolsonaro. La ecuación es difícil: cuando Eduardo Bolsonaro se enteró de que Freitas estaba intentando dialogar con representantes de la embajada de EE UU en Brasilia para buscar alternativas a las barreras arancelarias, le tachó de ingenuo y aseguró que se trataba de una falta de respeto hacia su trabajo. También criticó que haya borrado de sus redes sociales una foto suya con la gorra de MAGA (Make America Great Again, el lema trumpista), que en los últimos días corrió como la pólvora en las redes sociales. (EL PAÍS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó mano este lunes una vez más de los aranceles, pero ahora no para equilibrar una balanza comercial, sino para forzar al presidente ruso, Vladímir Putin, a sentarse a negociar con Ucrania y a aceptar un alto el fuego. “Estoy muy, muy descontento [con Putin]; tendríamos que haber tenido un acuerdo de paz hace dos meses”, dijo Trump en un tono severo, que subrayó su cambio de actitud de los últimos días hacia su homólogo ruso. Después concretó el “gran anuncio” que la Casa Blanca había prometido: “Si no hay un pacto antes de los próximos 50 días, les impondremos [a Moscú] aranceles de hasta el 100%”. “Serán secundarios, ya saben lo que eso significa”, añadió Trump, sin aclarar cómo se materializarán esos gravámenes. Estados Unidos apenas mantiene comercio con Rusia, por lo que esas tasas secundarias son una vía para causar daño a Moscú a base de gravar el comercio de los países que, como la India o China, sí tienen relaciones económicas con Rusia, o porque le compren petróleo o gas. La amenaza la lanzó Trump con motivo de la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a la Casa Blanca. La guerra en Ucrania era el principal tema del orden del día, y Washington amaneció con la expectativa de un “gran cambio” en la estrategia de Trump hacia Rusia, tras semanas en las que ha crecido la impaciencia del presidente de Estados Unidos con Putin, con quien aclaró que “habla mucho”, y que siempre se queda con la impresión de que la charla ha dado mayores progresos de los que luego demuestran las acciones rusas sobre el terreno, donde han aumentado los bombardeos sobre Ucrania en las últimas semanas. “Mis conversaciones con él son muy agradables, y luego los misiles explotan por la noche”, advirtió el líder estadounidense. “No quiero decir que es un asesino, pero sí que es un tipo duro. Ha engañado a mis predecesores, a [Bill] Clinton, a Bush [hijo], a [Barack] Obama, pero no a mí: tiene que haber progresos inmediatamente”, explicó el mandatario republicano, que dijo que había alcanzado “como cuatro acuerdos” con Putin, que luego este no honró, e insistió en que la de Ucrania es una “guerra de [Joe] Biden”, y que con él en el Despacho Oval no habría sucedido. La visita de Rutte se producía pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos anunciara el domingo a la prensa que Washington enviará a Ucrania sistemas de defensa antimisiles Patriot, pero que el coste de producir “ese sofisticado armamento” correrá a cargo de los socios europeos de la Alianza Atlántica, como repitió hasta en tres ocasiones. La comparecencia del lunes también sirvió para confirmar el envío de esos Patriot. La operación consiste en que los productores estadounidenses de armas se los venden a los países intermediarios y que estos, a su vez, los envíen a Kiev. Se trata de baterías antiaéreas cuyo uso requiere de un entrenamiento de meses, según los expertos, que los soldados ucranios también tendrán que recibir. Kiev lleva tiempo pidiendo esa clase de ayuda. El anuncio supone un alivio después de que el Pentágono decidiese detener el envío de armamento a Ucrania en una decisión de la que luego se desmarcó Trump. (EL PAÍS)

La cifra total de muertos en la Franja de Gaza por los bombardeos israelíes llegó este domingo a 58.026 tras los últimos ataques del Ejército, informó el Ministerio de Sanidad en un comunicado. «El número de muertos por la agresión israelí ha ascendido a 58.026 mártires (muertos) y 138.520 heridos desde el 7 de octubre de 2023», reza la nota. Solo en las últimas 24 horas, las tropas israelíes se han cobrado la vida de al menos 134 personas y más de 400 llegaron heridos a los pocos hospitales que siguen prestando servicio en el enclave palestino, agregó Sanidad. Tras el tiroteo en un punto de ayuda Estas cifras llegan un día después de que al menos 31 palestinos murieran en un tiroteo del Ejército israelí cerca de otro punto de distribución de ayuda humanitaria gestionado por la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), en la ciudad sureña de Rafah. Según la Media Luna Roja Palestina, se trata del mayor número de víctimas mortales registradas en un solo incidente desde que su hospital de campaña comenzó a operar en mayo de 2024. «Esta situación es inaceptable. La alarmante frecuencia y magnitud de estos incidentes con gran número de víctimas pone de relieve las terribles condiciones que padecen los civiles en Gaza», denunció este domingo en un comunicado. Más de 800 gazatíes han muerto a causa de los tiroteos en torno a estos puntos de reparto de alimentos, mientras los heridos superan los 5.200, según los datos de la Sanidad de la Franja desde la puesta en marcha de este nuevo modelo de distribución. (EFE)

El papa León XIV presidió este domingo su primera misa pública en el pueblo romano de Castel Gandolfo, donde pasa unos días de descanso veraniego, y abogó por una «revolución del amor» ante los males del mundo, como las guerras, la indiferencia y los sistemas opresores. «Ver sin pasar de largo, detener nuestras carreras ajetreadas y dejar que la vida del otro, sea quien sea, con sus necesidades y sufrimientos, me rompan el corazón», recomendó. El pontífice retomó la tradición de pasar una parte del verano en esta pintoresca localidad a las afueras de Roma, más fresca al estar en lo alto de un volcán extinto y a orillas del lago Albano, y aunque ya ha interactuado con sus vecinos desde su llegada el pasado domingo hoy ofició la primera misa pública en el lugar. Lo hizo en una pequeña iglesia barroca proyectada por Bernini y dedicada al agustino español santo Tomás de Villanueva. León XIV llegó al lugar a bordo de un vehículo eléctrico y antes de empezar la misa rezó unos instantes ante la Virgen de su altar. Después, ante un grupo más bien reducido de fieles y autoridades locales, dadas las dimensiones del templo, el pontífice pronunció una homilía inspirada en la parábola del ‘buen samaritano’ y en la que abogaba por la empatía y la compasión en el mundo. «Hoy se necesita esta revolución del amor», reclamó. (DW)

Con el trasfondo de una cruzada sin precedentes en contra de los migrantes, Estados Unidos vive un giro sorpresivo en la percepción pública hacia la inmigración, de acuerdo con una reciente encuesta de Gallup. A pesar de que este fue uno de los temas que marcaron las elecciones presidenciales y que le dieron la victoria a Donald Trump hace apenas ocho meses, el apoyo a la inmigración en el país ha alcanzado ahora cifras récord, incluso entre los republicanos. Aproximadamente 8 de cada 10 estadounidenses, el 79%, dicen que la inmigración es “algo bueno” para el país en la actualidad, un aumento importante respecto al 64% de hace un año y uno de los datos más altos en la tendencia de casi 25 años. En cambio, solo dos de cada 10 adultos estadounidenses dicen que la inmigración es algo malo, frente al 32% del año pasado. La encuesta, realizada entre el 2 y el 26 de junio, muestra que el cambio positivo de percepción está presente en todos los sectores del espectro político. Aunque los demócratas siguen siendo quienes con mejores ojos ven la inmigración, con un 91%, entre los independientes y los republicanos también hubo un aumento significativo en relación con el año pasado: de un 64 a un 79%, y de 39 a 64% respectivamente. Durante el mandato del expresidente Joe Biden, cuando hubo un pico de ingresos histórico en los años posteriores a la pandemia de covid-19, las opiniones negativas sobre la inmigración llegaron a su punto más alto y fueron un punto central en la pasada campaña presidencial. Pero la nueva encuesta de Gallup sugiere que los estadounidenses están regresando a opiniones más proinmigrantes, lo cual podría complicar la aplicación de la dura agenda migratoria del presidente Trump. De hecho, el apoyo a la deportación de todos los inmigrantes irregulares ya ha disminuido en los meses en los que la Administración republicana ha convertido este en uno de sus objetivos centrales. Si hace un año, en medio de la campaña electoral, el apoyo a esta medida hipotética era de un 47%, ahora es de un 38%. Sin embargo, señalan los encuestadores, el año pasado el apoyo a la deportación fue excepcionalmente alto. El nivel actual coincide con el de 2019 (37%) y es ligeramente superior al de 2016 (32%). Asimismo, cuando los ingresos irregulares por la frontera se han detenido casi por completo gracias a la militarización y clima de miedo instaurado por el Gobierno republicano, el número de personas que quieren reducir la inmigración ha caído sustancialmente: del 55% en 2024 al 30% en la actualidad. Esta disminución en el deseo de restringir la inmigración se manifiesta incluso entre los republicanos, aunque siguen siendo el único grupo en el que la mayoría quiere reducir todavía más la inmigración. En contraste, el apoyo a ofrecer caminos hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados ha aumentado. El 78% de los encuestados está a favor de permitir que los inmigrantes sin estatus legal puedan convertirse en ciudadanos, un incremento de ocho puntos respecto al año anterior. Más puntualmente, ante la pregunta sobre su opinión de la política migratoria del presidente Trump, solo el 35% aprueba de su gestión, mientras que el 62% la desaprueba. Entre los hispanos, el respaldo cae al 21%, 14 puntos por debajo del promedio nacional, reflejando su fuerte oposición a políticas como las detenciones y deportaciones masivas. No obstante, el desglose partidista en este punto es marcado: el 85% de los republicanos aprueba la labor de Trump en inmigración, frente a solo el 28% de los independientes y un mínimo 2% de los demócratas. En contraste, un 81% de los demócratas declara una desaprobación “enérgica”. Teniendo estos últimos números en cuenta, junto con la fuerte polarización política en el país, es improbable que los resultados de esta encuesta hagan a la Administración de Trump cambiar de rumbo en una de sus políticas insignia en el corto o medio plazo. No obstante, las tendencias que muestra la encuesta sí arrojan algunas conclusiones preliminares, ya que la aparente eficacia ante los cruces ilegales ha reducido sustancialmente la presión sobre un tema que hace meses era considerado crítico. Con ello, y también un posible enconamiento entre los demócratas como respuesta a la radicalidad trumpista, se empieza a ver que muy rápidamente se ha dado paso a una mayor disposición a debatir soluciones más inclusivas. (EL PAÍS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aranceles del 30% a productos de México y la Unión Europea (UE) en dos cartas que difundió este sábado en redes sociales, lo que sube la temperatura a la guerra comercial global que desató desde que asumió el cargo en enero. “Estados Unidos de América ha acordado seguir trabajando con la Unión Europea, a pesar de tener uno de nuestros mayores déficits comerciales con ustedes. No obstante, hemos decidido seguir adelante, pero solo con un COMERCIO más equilibrado y justo”, escribió Trump en la carta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que publicó en Truth Social. La UE y México se unen a una creciente lista de países cuyas importaciones enfrentarán una actualización de aranceles el 1 de agosto, ya que Trump comenzó a publicar cartas arancelarias el lunes con tasas de hasta el 40 %. En sus cartas a la UE y México, Trump dice que todas las importaciones estaán sujetas al arancel del 30 %, excluyendo los “aranceles sectoriales”, como el arancel automotriz del 25 %. En su respuesta, Von der Leyen dijo en un comunicado que la UE sigue “dispuesta a seguir trabajando para lograr un acuerdo” antes de la fecha límite del 1 de agosto. “Imponer aranceles del 30 % a las exportaciones de la UE interrumpirá cadenas de suministro transatlánticas esenciales, en detrimento de empresas, consumidores y pacientes a ambos lados del Atlántico”, dijo von der Leyen en el comunicado, en el que añadió que la UE está dispuesta a seguir trabajando en un acuerdo comercial, pero “tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la UE, incluida la adopción de contramedidas si fuera necesario”. Los productos procedentes de México, por su parte, han podido entrar hasta ahora en su mayoría libres de aranceles, siempre que cumplieran el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se negoció durante el primer mandato de Trump. En su carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente reiteró su argumento de febrero, de que las barreras arancelarias se impusieron para detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. “México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO lo que México ha hecho no es suficiente”, escribió Trump. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, no respondió hasta ahora a una solicitud de comentarios de CNN. En las cartas sobre aranceles, que tienen fecha del viernes, Trump dijo que cualquier arancel en represalia contra las importaciones estadounidenses enfrentará una respuesta de Estados Unidos. Trump dijo que “cualquiera que sea el número que elijan para aumentar (los aranceles), se añadirá al 30 %”. También culpó a las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias como otras de las razones para imponer aranceles a la UE y México. El Gobierno de Trump se ha mostrado especialmente en desacuerdo con los impuestos sobre el valor agregado y los servicios digitales, que ocupan un lugar destacado en varios países miembros de la UE. Los impuestos sobre los servicios digitales gravan los ingresos brutos que las empresas en línea recaudan por ofrecer servicios a los usuarios. Los países con estos impuestos podrían gravar todos los ingresos de las grandes empresas que operan en línea, incluso si el negocio no es rentable. Eso puede incluir lo que recaudan por la venta de datos, publicidad, así como los pagos que reciben por suscripciones, software y otros tipos de servicios en línea por los que pagan los usuarios. Trump y miembros de su Gobierno dijeron en múltiples ocasiones que la UE no estaba negociando de buena fe. Y hace dos meses, Trump estaba tan enfurecido por la falta de avances en las conversaciones comerciales que estaba dispuesto a imponer un arancel del 50 % a los productos procedentes de la UE el 1 de junio. “No busco un acuerdo”, dijo entonces. Un arancel del 30 % sobre la UE es más que el arancel “recíproco” del 20 % al que se enfrentaban los productos procedentes de allí antes de que Trump los pusiera en pausa a mediados de abril. Después de que Trump hiciera la amenaza en mayo, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo en una entrevista en Fox News que las “propuestas de la UE no han sido de la misma calidad que las que hemos visto de nuestros otros importantes socios comerciales”. Las cartas a la UE y México llegan después de que Trump amenazara el jueves con imponer aranceles del 35 % a algunos productos canadienses. (CNN)