Internacional

Llega un nuevo capítulo en las políticas de privatización de la Administración de Javier Milei. El Gobierno argentino autorizó este viernes 8 de agosto la venta de las acciones de las empresas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial oficializó la medida, permitiendo la venta de las participaciones accionarias actualmente en manos de Energía Argentina S.A. (ENARSA).  Según el texto, la operación se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional a manos del Ministerio de Economía, que deberá convocarse en los próximos 60 días. La médida, sin embargo, no tiene un efecto inmediato. Las actuales concesionarias podrán continuar operando los complejos si remiten una carta de adhesión dentro de los próximos cinco días.  En caso de adhesión, «continuarán operando hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta el concurso”, señala el decreto. De lo contrario, las concesionarias deberán seguir generando energía “por un plazo no inferior a 90 días hábiles”. A aquellas que opten por adherirse, el Gobierno argentino les exigirá el cumplimiento de diversas condiciones, como respetar los contratos de concesión vigentes, mantener una garantía de cumplimiento no inferior a 4,5 millones de dólares y aceptar eventuales modificaciones en el esquema remuneratorio. Además, deberán abonar regalías a dos provincias del sur del país: Río Negro y Neuquén, presentar inventarios detallados, postergar la transferencia de ciertos bienes y facilitar el acceso a los interesados en el concurso para realizar visitas a los perímetros de las concesiones. (FRANCE 24)

El presidente Trump firmó en secreto una directiva al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto. La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Demuestra la continua disposición del Sr. Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales. La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles. Los funcionarios militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a los grupos, dijeron las personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las sensibles deliberaciones internas. Pero ordenar a los militares que tomen medidas enérgicas contra el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, entre ellas si se consideraría «asesinato» si las fuerzas estadounidenses, actuando fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso sospechosos de delitos, que no representan una amenaza inminente. No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva o si la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones legales. Este año, Trump ya ha desplegado la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para cortar el flujo de drogas y de inmigrantes, y ha incrementado los esfuerzos de vigilancia y de interdicción de drogas. Cuando regresó al cargo en enero, Trump firmó una orden que ordenaba al Departamento de Estado comenzar a etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras . El Sr. Trump ha atacado especialmente a organizaciones venezolanas y mexicanas. En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, así como a la transnacional Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varios otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras, afirmando que constituían «una amenaza para la seguridad nacional que va más allá de la que representa el crimen organizado tradicional». Hace dos semanas, la administración Trump agregó al Cártel de los Soles venezolano a una lista de grupos terroristas globales especialmente designados, afirmando que está encabezado por el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y otros funcionarios de alto rango de su administración. El jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno de Estados Unidos duplicará la recompensa —a 50 millones de dólares— por información que conduzca al arresto del Sr. Maduro, acusado de narcotráfico. El gobierno lo describió nuevamente como cabecilla de un cártel, y la fiscal general Pam Bondi afirmó que «no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes». Cuando se le preguntó sobre la autorización del Sr. Trump para el uso de la fuerza militar contra los cárteles, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un correo electrónico que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, por lo que tomó la audaz medida de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras”. El Departamento de Defensa se negó a hacer comentarios sobre la nueva directiva. Los ataques militares unilaterales contra los cárteles constituirían una marcada escalada en el largo camino para frenar el narcotráfico, colocando a las fuerzas estadounidenses en un papel protagónico en primera línea contra organizaciones a menudo bien armadas y bien financiadas. Una campaña sostenida también probablemente plantearía nuevos problemas relacionados con el intento de Trump de usar las fuerzas armadas de forma más agresiva para respaldar diversas políticas, a menudo a pesar de restricciones legales y constitucionales. La participación militar estadounidense en operaciones antidrogas en Latinoamérica ha sobrepasado en ocasiones los límites legales. Sin embargo, dichas operaciones se presentaron como apoyo a las autoridades policiales. En 1989, el presidente George H. W. Bush envió más de 20.000 tropas a Panamá para arrestar a su líder fuerte, Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas. Antes de la operación , William P. Barr, quien entonces dirigía la Oficina de Asesoría Jurídica y fue fiscal general durante el primer mandato del Sr. Trump, redactó un polémico memorando en el que afirmaba que Bush tenía la autoridad de ordenar arrestos de fugitivos en el extranjero por parte de las fuerzas del orden sin el consentimiento de otros Estados. La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la acción de Panamá como una «flagrante violación del derecho internacional». En la década de 1990, el ejército estadounidense colaboró con las fuerzas de seguridad antidrogas de Colombia y Perú compartiendo información sobre vuelos civiles sospechosos de transportar drogas, como datos de radar e intercepciones de comunicaciones. Sin embargo, después de que esos gobiernos comenzaran a derribar dichos aviones, la administración Clinton suspendió la asistencia durante meses en 1994 . La Oficina de Asesoría Jurídica emitió un dictamen que establecía que los oficiales militares que proporcionaron dicha información, a sabiendas de que se utilizaría para derribar sumariamente dichas aeronaves, podrían estar exponiéndose a un posterior procesamiento judicial . El Congreso finalmente modificó la legislación estadounidense para permitir dicha asistencia. La Armada ha participado desde hace tiempo en la interceptación de buques en aguas internacionales sospechosos de contrabandear drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, los buques de guerra suelen hacerlo como parte de una operación policial, bajo el mando de un oficial de la Guardia Costera estadounidense. Según una ley de 1878, la Ley Posse Comitatus , generalmente es ilegal utilizar a las fuerzas militares  para realizar funciones policiales. El ejército estadounidense también ha realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento antidrogas con otros países, incluyendo tropas colombianas y mexicanas. Asimismo, proporcionó equipo y aeronaves a antiguos escuadrones de la DEA que asesoraron y desplegaron, e incluso participaron en combates con, agentes antidrogas locales en países como Honduras. El programa finalizó en 2017. Pero la nueva directiva de Trump parece prever un

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló este jueves con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre los «acontecimientos de los últimos días», en los que el líder ucraniano ha conversado con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y sobre los próximos pasos en el camino a un acuerdo negociado para la paz tras la agresión rusa. En un mensaje en redes sociales, Von der Leyen compartió que ambos hablaron también de lo que está por venir en la negociación de la entrada de Ucrania en la Unión Europea y la reconstrucción de este país tras la invasión rusa. «La posición de Europa es clara. Apoyamos plenamente a Ucrania. Seguiremos desempeñando un papel activo para garantizar una paz justa y duradera», concluyó. La Unión Europea valoró este jueves «cualquier presión para garantizar que Rusia esté en la mesa de negociaciones» de paz con Ucrania, ante una posible reunión entre Zelenski, Trump y el líder ruso, Vladimir Putin. «Nadie quiere más la paz que Ucrania y la UE. Está muy claro que a Rusia no le interesa ninguna paz como tal porque lo hemos visto en sus acciones, no en sus palabras”, dijo la portavoz comunitaria de Exteriores Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE). El papel de Europa Zelenski, por su parte, defendió el papel de Europa en un eventual proceso de paz. «La guerra tiene lugar en Europa y Ucrania es parte integral de Europa, de hecho estamos en negociaciones para ingresar a la Unión Europea. Por lo tanto, Europa debe participar en el proceso”, escribió el mandatario en su cuenta de X (Twitter). Asimismo, señaló que cualquier acuerdo que se alcance debe derivar en una «paz digna”. El presidente de Ucrania también tuvo una reunión con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, en la que ambos «elogiaron los esfuerzos de mediación» de Donald Trump. Más tarde conversó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. «Coordinamos nuestras posiciones y también consideramos necesario que Europa adopte una posición común”, aseguró Zelenski. (DW)

La investigación sobre los restos humanos encontrados en una casa en el barrio porteño de Coghlan, en un caso que se hizo famoso porque en esa vivienda vivió a comienzos de siglo el músico Gustavo Cerati, ya tiene una certeza: se descubrió quién es la persona que llevaba décadas sepultada allí. Los huesos pertenecen a Diego, un adolescente de 16 años que había desaparecido en 1984 y cuya familia nunca dejó de buscarlo. El hallazgo ocurrió el 20 de mayo, cuando cedió una medianera entre dos terrenos ubicados en Congreso al 3700. Diego, que iba a la ENET N° 36 y jugaba al fútbol en Excursionistas, fue visto por última vez el 26 de julio de 1984, tras almorzar en su casa y salir hacia lo de un amigo. Nunca regresó. Sus padres, que intentaron radicar la denuncia esa misma noche, fueron desoídos por la Policía: “Ya va a volver, se fue con una mina”, les dijeron. Desde entonces, lo buscaron por medios propios, con panfletos y una única nota publicada en la revista de casos policiales “¡Esto!”, en 1986. Cuarenta años después, de pura casualidad, lo que quedaba de su cuerpo fue encontrado por unos obreros a los que se les derrumbó una medianera en la obra en la que trabajaban en el barrio de Coghlan. La obra se estaba levantando sobre el terreno de una casona donde entre 2002 y 2003 vivió Gustavo Cerati. Ese detalle -aunque no tuviera que ver en sí con el cuerpo- ayudó con su difusión y, en gran parte, en resolver el misterio cuya investigación quedó en manos del fiscal Martín López Perrando. Diego jugaba al fútbol en el club Excursionistas de Belgrano. Entrenaba todos los días, menos los jueves. Iba a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36 y llevaba su uniforme cuando desapareció, pista detectada por los investigadores. Prueba genética El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos tras una prueba genética que confirmó la compatibilidad con la madre del joven. En total, se hallaron 150 fragmentos óseos, junto con objetos personales: una suela de zapato, un llavero con llave, un reloj Casio CA-90, un corbatín escolar y una moneda japonesa de 5 yenes usada como amuleto. El informe forense reveló que Diego murió por una herida punzante en la cuarta costilla derecha. También detectaron intentos de descuartizamiento fallidos con un objeto cortante. Fue enterrado a solo 60 centímetros de profundidad, en una fosa improvisada que denota apuro. El crimen, según la fiscalía, habría ocurrido en el mismo año de su desaparición, y aunque podría estar prescripto, ahora se intenta reconstruir qué pasó y quién fue responsable. Se presume que López Perrando citará como testigos a los miembros de la familia que vivía en ese chalet en 1984: una mujer de avanzada edad y sus dos hijos, de apellido Graf. La investigación busca determinar si hubo un vínculo entre Diego y los habitantes de esa casa. Mientras tanto, los hermanos de Diego fueron quienes debieron comunicarle la noticia a su madre. Su padre, que siempre creyó que su hijo fue víctima de una secta, murió sin respuestas Agencias

Las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nunca llegan a estar cerradas del todo. Apenas días después del llamado “Día de los aranceles” el viernes pasado, cuando su Gobierno confirmó la lista de gravámenes para los distintos países del mundo, el republicano ha amenazado a la Unión Europea con elevarle las tasas del 15% pactado a finales de julio al 35% si Bruselas incumple lo que Trump considera el compromiso de invertir en Estados Unidos 600.000 millones de dólares (unos 520.000 millones de euros). El líder estadounidense también ha apuntado que podría imponer aranceles del 250% a las farmacéuticas, el techo más alto con el que ha coqueteado en público hasta ahora. Las declaraciones de Trump llegan menos de 48 horas antes de que entren en vigor los gravámenes proclamados el “Día de los aranceles” y un día después de que los Veintisiete aparcaran para los próximos seis meses el paquete de medidas recíprocas contra EE UU que habían aprobado, para dar espacio a la negociación de los detalles del acuerdo cerrado en Escocia entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Rebajaron sus aranceles y pagaron 600.000 millones de dólares. Por eso rebajé sus aranceles del 30% al 15%”, ha apuntado Trump en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CNBC. El presidente estadounidense describió el compromiso de inversión europeo como “un regalo”. “[Nos van a dar] 600.000 millones que podemos invertir en lo que queramos”, ha asegurado. “Y eso es un regalo, no es un préstamo”. “Se han estado aprovechando de nosotros tantos años que ya es hora de que paguen, y van a pagar”, ha añadido. El pacto entre la Administración de Trump y el club europeo, del que no se ha divulgado una versión escrita, establece “aranceles cero” para una serie de productos. Según los detalles limitados que se han dado a conocer, además de los 600.000 millones de dólares en inversiones en Estados Unidos, Europa se compromete a compras estratégicas por valor de 750.000 millones de dólares en semiconductores, gas, petróleo o energía nuclear estadounidenses. Además, aumentará sus compras de equipamiento militar del país aliado. El presidente también ha anunciado que la semana próxima dará a conocer nuevos aranceles para el sector de los microprocesadores y el farmacéutico, similares a los que ya ha impuesto sobre el acero o el aluminio. Sobre el sector de los medicamentos, ha opinado que “hacen una fortuna con los fármacos, y los producen en China, en Irlanda y en muchos otros sitios”. Inicialmente, las tasas serían reducidas, pero el año próximo se elevarían al “150%” y posteriormente al 250% para forzar a las compañías a fabricar sus medicamentos en territorio estadounidense, ha prometido. “Inicialmente, pondremos unos aranceles bajos en las farmacéuticas, pero en un año, o año y medio como mucho, lo subiremos al 150%, y después al 250%, porque queremos productos farmacéuticos fabricados en nuestro país”, apuntaba en la entrevista. Uno de los países que se verían más perjudicados por esa medida sería Suiza, que tiene en Estados Unidos a su principal mercado para sus compañías farmacéuticas. Trump ya ha impuesto aranceles del 39% a la Confederación Helvética, dado que Estados Unidos mantiene un déficit comercial de 48.000 millones de dólares con ella. Ante esta situación, la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, viaja a Washington para presentar una nueva propuesta a la Administración republicana que permita reducir esos gravámenes. Un país que parece condenado a ver dispararse las tasas estadounidenses a sus productos es la India, que ya afronta impuestos del 25%. En sus declaraciones a CNBC, Trump ha reiterado que los aumentará drásticamente “en las próximas 24 horas”, como castigo a las compras y reventas de Nueva Delhi de gas y petróleo rusos. “Están alimentando la maquinaria de guerra (rusa) y si van a hacerlo yo no voy a estar nada contento”, ha indicado el presidente estadounidense, repitiendo una advertencia que ha formulado en varias ocasiones desde el “Día de los Aranceles”. (EL PAÍS)