Internacional

Las protestas registradas en Ecuador durante 31 días entre septiembre y octubre dejaron dos muertos, 473 heridos, 206 detenidos y 391 violaciones a los derechos humanos, de acuerdo al informe final elaborado por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos. Los fallecidos fueron dos manifestantes de comunidades indígenas que perdieron la vida por disparos presuntamente del Ejército, durante enfrentamientos cuando los militares trataban de desbloquear los cortes de carreteras para que posteriormente pudiesen pasar caravanas del Gobierno. Al menos una docena de detenidos fueron procesados por la Fiscalía bajo cargos de terrorismo y enviados a prisión preventiva hasta que, una vez que cesaron las protestas, fueron puestos en libertad. Las cifras de las protestas en Ecuador El informe, presentado el miércoles, detalló que entre las 391 vulneraciones de derechos humanos hubo 155 afectaciones a la integridad personal, 84 por vulneración del derecho a la protesta y la resistencia en estas movilizaciones convocadas por el movimiento indígena. Asimismo, se registraron 44 afectaciones contra la libertad personal, 36 contra la libertad de expresión, 14 con amenazas al derecho a defender derechos, 11 por amenazas al derecho a la propiedad y ocho por amenazas graves al derecho a la vida, entre otros. Por ello, concluyeron que el Estado utilizó aparatos institucionales para perseguir, estigmatizar y censurar a los manifestantes y recurrieron al derecho penal para perseguir a líderes y organizaciones, como el bloqueo de las cuentas bancarias de líderes indígenas. Con todo, y más allá de las protestas por el paro, la Alianza señaló que Ecuador afronta un “deterioro democrático” desde la declaratoria de “conflicto armado interno” en enero de 2024 por parte de Daniel Noboa para combatir la escalada de inseguridad, con una ola de violencia sin precedentes al registrar más de 4.600 homicidios en la primera mitad de 2025. La Alianza instó a los organismos internacionales de derechos humanos que “vigilen y exhorten” a las instituciones de gobierno a que se abstengan de limitar o vulnerar derechos de personas defensoras, en concreto, de los guardias indígenas comunitarios. Estos, según el escrito, “forman parte de las instituciones propias de los pueblos indígenas y son esenciales para sus ejercicios de autodeterminación, así como de las defensoras y defensores que brindan acompañamiento técnico”. Pedido para que el Gobierno investigue Ecuador se vio envuelto durante 31 días entre los meses de septiembre y octubre en una serie de protestas y manifestaciones convocadas por el movimiento indígena en señal de protesta por el alza del precio del diésel, tras la eliminación por decreto y sin previo aviso del subsidio a este combustible. La provincia de Imbabura, en el norte andino del país, se convirtió en el epicentro del paro y, por ende, fue la que más incidentes registró. De hecho, según los datos del informe, el 75 % de las violaciones de derechos humanos se produjeron en esta región y en Pichincha, donde se ubica Quito, capital del país. Además, la Alianza instó al Estado ecuatoriano a investigar y sancionar las violaciones cometidas en todos los paros (2019, 2022 y 2025) y garantizar la reparación integral a las víctimas. También demandó a la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional que investiguen los casos. (EFE)

El Gobierno Federal de EEUU reabre finalmente tras 43 días de cierre, el más largo de su historia, después de que el Congreso aprobara el miércoles un presupuesto provisional que durará hasta el 30 de enero, fecha para la cual el Legislativo deberá aprobar partidas para todo el ejercicio si quiere evitar una nueva suspensión administrativa parcial. El paquete de continuación presupuestaria, firmado poco antes de las 22.30 hora local por el presidente Donald Trump, garantiza la financiación provisional para las agencias del Gobierno hasta la fecha indicada, otorgando al Congreso más tiempo para negociar asignaciones a largo plazo, pero también crea mecanismos para evitar situaciones como las vividas durante este cierre. En especial, este paquete ya va a financiar -pase lo que pase en enero- durante todo el ejercicio al Departamento de Agricultura, encargado del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esto evitará lo sucedido durante este cierre, en el que millones de personas han quedado desde principios de noviembre sin asistencia de este programa de apoyo alimentario del que se benefician al menos 1 de cada 10 estadounidenses. El paquete también hace que unos 670.000 empleados federales puedan retornar a sus puestos después de estar 43 días sin trabajar ni cobrar y garantiza también que los aproximadamente 730.000 funcionarios que han seguido trabajando -porque sus labores se consideran esenciales- cobrarán todas sus nóminas atrasadas. A estos últimos, el último cheque les llegó a mediados de octubre y fue una paga parcial en la que solo se les abonaron los días trabajados en el segundo tramo de septiembre. Se espera que esto permita aliviar la tensionada situación del transporte aéreo en EEUU, que ante la escasez de controladores (muchos de los cuales pidieron bajas para poder realizar empleos a tiempo parcial), se ha visto obligado a reducir paulantinamente el volumen de vuelos hasta prácticamente el 10 % en los 40 aeropuertos con más tráfico del país y ha provocado miles de retrasos y cancelaciones desde el 7 de noviembre. La partida presupuestaria que aprobó el Senado el pasado lunes gracias a ocho demócratas que se saltaron a la disciplina de voto y que selló ayer la Cámara de Representantes, también rescinde todos los despidos de funcionarios. Se cree que unos 6.000, que el Gobierno Trump aprobó tras el comienzo del cierre y bloquea cualquier otra reducción de personal federal hasta enero. En la ceremonia de firma desde el Despacho Oval, agradeció a esos senadores demócratas que votaron con los republicanos por su cambio de parecer y aseguró que no permitirán otra “extorsión” con las negociaciones presupuestarias, que en su opinión no deberían ser tan complicadas de resolver con la mayoría republicana del Congreso. Estados Unidos ha recurrido a las llamadas resoluciones de continuidad presupuestaria, presupuestos parciales y proyectos “omnibus” plagados de retrasos durante décadas. El último proyecto de ley presupuestaria anual completo fue aprobado por el Congreso en 1997. El enroque de más de un mes de duración en el Congreso respondió a la negativa de los demócratas a apoyar la continuidad presupuestaria si los republicanos no se comprometían a prolongar los subsidios al programa de seguros de salud asequibles Obamacare que caducan a final de año, mientras que los conservadores exigían reabrir primero la Administración y negociar después sobre las ayudas. Tras la aprobación de esta autorización presupuestaria provisional, los republicanos han prometido que permitirán que se vote en el Legislativo la extensión de los subsidios del Obamacare. ¿Qué contiene la ley firmada por Trump? Financiamiento extendido El paquete legislativo aprobado extiende los fondos para la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de enero de 2026, lo que brinda una estabilidad temporal tras semanas de parálisis. La medida revierte los recortes masivos de personal que la administración de Donald Trump había ordenado: más de 4.000 empleados federales —incluyendo varios cientos en salud pública— habían sido despedidos o recibieron notificaciones de despido. Según la Administración Trump, “4.108 empleados fueron despedidos desde el 1 de octubre”, debido en parte a la caída de los presupuestos federales. Para los departamentos estratégicos, como el de Defensa y el de Asuntos de Veteranos, la financiación se extiende hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que asegura operaciones durante todo el año fiscal. El acuerdo incluye, por ejemplo, más de 133.000 millones de dólares para los Veteranos en gastos discrecionales, además de fondos importantes para construcción militar y mantenimiento de instalaciones.  El texto legislativo precisa que estas asignaciones “permitirán planificar infraestructura y servicios médicos con mayor certidumbre”, según la comisión de asignaciones del Senado. El objetivo de la extensión es evitar nuevas interrupciones del funcionamiento gubernamental mientras se negocia un paquete presupuestario más amplio que contemple las prioridades tanto de republicanos como demócratas, en un contexto de año electoral intermedio que podría alterar el equilibrio en el Legislativo. Asignaciones de año completo El acuerdo incluye partidas de financiamiento de año completo para Agricultura y Desarrollo Rural, Asuntos de Veteranos y Construcción Militar, permitiendo la planificación anual de temas como nutrición e infraestructura. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, destacó que estas partidas son “fundamentales” para mantener la operatividad de programas esenciales que habían quedado paralizados durante el cierre. Cláusula controvertida sobre registros telefónicos La ley incorpora una disposición que permite a senadores demandar al Departamento de Justicia (DOJ) si sus registros telefónicos fueron obtenidos sin previo aviso durante la investigación del asalto al Capitolio de 2021. La medida autoriza compensaciones de hasta medio millón de dólares, generando críticas dentro de la mayoría republicana y entre miembros de la Cámara de Representantes. La cláusula fue incorporada en la fase final de negociación, sin consulta previa con varios legisladores, lo que provocó sorpresa e indignación en el Congreso. Fin de un cierre con altos costos Según el Departamento de Transporte, el cierre obligó a imponer recortes en el tráfico aéreo de hasta el 6 % en 40 aeropuertos ante la falta de controladores y supervisores, lo que provocó miles de cancelaciones y pérdidas estimadas de hasta 580 millones de dólares

Los migrantes venezolanos enviados por la Administración de Donald Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) del presidente Nayib Bukele en El Salvador denuncian haber sufrido torturas en la cárcel, reveló este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW). La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, con sede en Guatemala, que los 252 migrantes venezolanos enviados a la prisión de máxima seguridad estuvieron sometidos a torturas, violaciones y se les privaba del acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresos. “Lo que descubrimos es que estos venezolanos sufrieron torturas sistemáticas durante los casi cuatro meses que estuvieron en el centro. Día tras día eran golpeados por los guardias, los golpeaban por hablar en voz alta, los golpeaban por todo, lo que nos llevó a la conclusión de que no se trataba de casos aislados, sino que era algo sistemático”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la división de América de HRW en la presentación en Washington del informe ‘Llegaron al infierno’. Los migrantes arribaron al Cecot entre marzo y abril, luego de que la Administración de Trump los acusara de terrorismo, y el 18 de julio el Gobierno de Bukele los repatrió a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador. Los abusos documentados por HRW en la cárcel de Bukele El documento es, según aseguran, la publicación más completa hasta la fecha del maltrato al que estuvieron sometidas estas personas mientras estuvieron detenidas en El Salvador. HRW documentó «al menos tres casos de violencia sexual por parte de los guardias contra los migrantes venezolanos» así como «abusos verbales y psicológicos muy graves». Los testimonios explicaron que no tenían un acceso adecuado a agua potable, a comida ni a una atención médica: «El agua que utilizaban para beber y para cocinar era amarilla y a veces estaba caliente», explicó la directora. Además, cuatro de los entrevistados aseguraron haber tenido pensamientos suicidas y uno de ellos intentó quitarse la vida en el centro. El documento acusa a Estados Unidos de ser «cómplice» de este patrón de violencia contra los venezolanos y revela, en contra de lo que argumenta la Casa Blanca, que estas personas no eran terroristas ni criminales. «En este grupo de hombres no hay terroristas. Hay hombres que huyen de la violencia de las bandas y la dictadura en Venezuela, que luego fueron expulsados y suspendidos de sus derechos en El Salvador dentro de una prisión para terroristas», afirmó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. A la espera de una investigación justa Según explicaron, una de las principales conclusiones del informe revela que la expulsión forzosa a la que se sometió a los migrantes constituye «una desaparición forzada, que es un delito internacional en el que tanto Estados Unidos como El Salvador son cómplices”. “El actual Departamento de Justicia no va a ser el encargado de llevar a cabo una investigación justa y transparente, pero llegará un momento en el que habrá que investigar y responsabilizar a los culpables de este acto tan grave de complicidad de Estados Unidos en la tortura sistemática», dijo Goebertus. «En algún momento tendrá que haber una investigación, y nosotros y otras organizaciones estamos recopilando pruebas para cuando llegue ese momento, agregó. Desde HRW instaron al resto de los países a levantar la voz y denunciar los actos que se están cometiendo en el Cecot. (EFE)

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que este martes se han movilizado 200.000 militares en todo el país como parte unos nuevos ejercicios de preparación ante las «amenazas» de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe próximas a la nación suramericana. «Se han desplegado casi 200.000 efectivos en todo el territorio nacional para este ejercicio y debo decir que esto no va en desmedro del despliegue cotidiano que lleva el Comando Estratégico Operacional (…) combatiendo con todo las demás amenazas», señaló Padrino López en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Este martes, el Ejecutivo de Nicolás Maduro anunció un nuevo despliegue militar para enfrentar lo que considera como «amenazas imperiales», en referencia a Estados Unidos. El titular de Defensa indicó horas antes, a través de un comunicado publicado en Instagram, que el despliegue comenzó este martes a las 04:00 hora local (08:00 GMT) y terminará mañana, miércoles. ¿En qué consiste la nueva movilización militar de Venezuela? Esta movilización incluye «medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos (sic)», así como sistemas de armas, unidades militares, la Milicia Bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y comandos para la defensa integral, de acuerdo con Padrino López. De igual manera, prosiguió, se «activarán completamente los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los estados y entidades federales y municipales». Según Estados Unidos, ya son 75 los fallecidos y una veintena de embarcaciones destruidas en la operación que lleva a cabo en aguas del Caribe y luego ampliada al Pacífico, defendida por la Administración del presidente Donald Trump como una campaña contra el tráfico de drogas. El Gobierno de Maduro ha denunciado, sin embargo, que esta presencia militar es un plan para propiciar un «cambio de régimen» e imponer en Venezuela una autoridad «títere» con la que EE.UU. pueda «apoderarse» de sus recursos naturales, principalmente el petróleo. (EFE)

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha denunciado este lunes que “persisten muchos obstáculos” a pesar de que ya ha pasado un mes desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). “Todavía persisten muchos obstáculos. Trabajamos para superar la burocracia, facilitar la labor de nuestros aliados humanitarios esenciales, abrir más pasos fronterizos y rutas, y afrontar la continua inseguridad”, ha declarado. Fletcher ha subrayado que, al “aliviar estas limitaciones”, la ONU podrá “hacer mucho más para salvar muchas más vidas”, a pesar de que ha incidido en que Naciones Unidas está “aprovechando cada oportunidad” y ha recordado que han alimentado a más de un millón de personas. También ha remarcado que se han reabierto los centros de distribución de alimentos y los hospitales están atendiendo a más pacientes, mientras que se han despejado carreteras y se están reanudando las vacunaciones esenciales. A su vez, se han reparado las tuberías de agua potable, se está distribuyendo ropa de invierno y mantas, y se prestan servicios de salud mental y apoyo psicosocial. El 10 de octubre de 2025 entró en vigor un acuerdo de alto el fuego en la Franja tras más de dos años de continuos bombardeos por parte de Israel que ha dejado hasta ahora más de 69.1000 muertos, incluidos más de 240 desde el cese de hostilidades de este último mes. El Ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos y ataques defendiendo que actúa contra “sospechosos” que cruzan la ‘línea amarilla’ o en respuesta a supuestos ataques por parte de Hamás. Por su parte, la milicia palestina ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo “desde el primer día”. ERBOL

 El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó este martes su consternación por la explosión registrada en el centro de Nueva Delhi, que dejó al menos diez personas fallecidas y decenas de heridas. “El Ministerio de Relaciones Exteriores manifiesta su consternación por la trágica explosión ocurrida en el centro de Nueva Delhi y expresa su profundo pesar al pueblo y al Gobierno de la India”, señala parte de un comunicado oficial. En este contexto, la Cancillería expresó su profundo pesar al pueblo y al Gobierno de la India, y transmitió su solidaridad a las familias afectadas por el trágico hecho, suscitado el pasado lunes. “En estos momentos de dolor, el Gobierno de Bolivia transmite su solidaridad con las familias afectadas, confía en la pronta recuperación de los heridos y hace votos porque se supere esta lamentable situación”, señala el pronunciamiento difundido por la Cancillería. La detonación se registró en una zona histórica de la capital india, cerca del emblemático Fuerte Rojo o Lal Qila, un monumento del siglo XVII considerado símbolo de la independencia del país. Según reportes internacionales, un coche bomba habría sido el origen del siniestro, que causó la muerte de al menos diez personas y dejó heridas a muchas otras. El hecho generó una fuerte consternación, y su gobierno prometió que los responsables serán llevados ante la justicia. ABI

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este lunes a la BBC con una demanda «por no menos» de 1.000 millones de dólares si no se retracta para el próximo viernes de las declaraciones «difamatorias» en contra suya, tras la polémica suscitada por la edición de un documental sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021. «Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. hora del Este de EE.UU., el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos,(…) incluyendo el iniciar una acción legal por no menos de 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios», advierte el abogado personal de Trump, Alejandro Brito, en una carta enviada a la corporación británica. «Revisaremos la carta y responderemos directamente a su debido tiempo», dijo un portavoz de la corporación pública británica, que no detalló el contenido de la misiva ni en qué consisten las supuestas amenazas. El presidente de la BBC, Samir Shah, dijo este lunes en una entrevista a la BBC que desconocía la existencia de las amenazas legales pero aseguró que Trump es «un tipo muy contencioso», por lo que la cadena está «preparada para cualquier escenario». La presión sobre la corporación pública aumentó después de que el periódico ‘The Daily Telegraph’ publicara el martes unos documentos internos que indicaban que ‘Panorama’ pudo manipular a la audiencia al editar de manera interesada un discurso de Trump, de modo que parecía que alentaba directamente el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Esto llevó a que este domingo presentaran su dimisión tanto el director general de la cadena, Tim Davie, como la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness. «Error de criterio» En una carta dirigida al Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del Parlamento británico, Shah reconoció un «error de criterio» en la edición de ese reportaje, pidió disculpas y manifestó que se han recibido más de 500 quejas sobre este tema. «El propósito de editar el clip era transmitir el mensaje del discurso del presidente Trump para que la audiencia de Panorama pudiera comprender mejor cómo había sido recibido por los partidarios del presidente Trump y lo que estaba sucediendo en ese momento», explicó. Trump ya ha demandado a otros medios de comunicación en EE.UU. como a la televisión ABC News, con quien llegó a un arreglo millonario después de que uno de sus presentadores dijera que el presidente estadounidense había sido declarado culpable de violación. También alcanzó un acuerdo con CBS News sobre una entrevista a la ex vicepresidenta Kamala Harris que emitió en su programa ’60 minutos’, y está involucrado en demandas legales con el New York Times, el Wall Street Journal y la agencia Associated Press, entre otros medios. (EFE)

La provincia china de Hainan dará un paso clave en su reforma económica al lanzar una operación aduanera independiente para todo el territorio el 18 de diciembre de 2025, anunció el gobierno provincial. Este movimiento marca un nuevo capítulo en la apertura internacional de China, en el marco de la iniciativa Belt & Road, que busca una mayor integración económica con Europa, Asia y África. Desde la publicación del “Plan maestro para la construcción del puerto franco de Hainan” hace cinco años, las autoridades han trabajado para convertir el territorio en un modelo de “puerto franco con características chinas y alcance global”. En este marco, Hainan ha atraído 102.500 millones de yuanes en inversión extranjera directa, con una tasa media anual de crecimiento del 14,6 %, procedente de 176 países y regiones. El grado de apertura económica de Hainan se elevó del 17,3 % en 2018 al 35 % en 2024, y se estima que la tasa media anual de crecimiento de la inversión extranjera efectiva ronda el 36 %. En 2024, el volumen de importaciones y exportaciones de las empresas con sede en Hainan alcanzó los 277.650 millones de yuanes, un incremento interanual del 20 %. Las exportaciones superaron por primera vez los 100.000 millones de yuanes, con 106.220 millones (+43,5 %), mientras que las importaciones llegaron a 171.430 millones (+8,9 %).La provincia ha alineado sus políticas con las normas comerciales internacionales y ha intensificado los vínculos con los países de la Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). En 2024, los miembros del RCEP representaron el 37,1 % del comercio total de Hainan. Expertos señalan que los concesiones arancelarias del bloque están favoreciendo que productos con etiqueta “Made in Hainan” penetren en mercados regionales. El nuevo marco institucional contempla comercio sin aranceles, tipos impositivos bajos y un sistema impositivo simplificado, así como flujo libre de inversión, personas, transporte y datos transfronterizos.Por ejemplo, en 2024 el comercio de Hainan con países de la iniciativa Belt & Road Initiative alcanzó los 167.700 millones de yuanes, un aumento del 41,5 % y representó el 60,4 % del comercio total provincial. Analistas indican que este avance convierte a Hainan en un puente entre los ciclos económicos doméstico e internacional. “Este puerto franco sirve de laboratorio para la apertura de China a escala global”, afirmó Li Wei, investigador de la Universidad de Hainan. Con la operación aduanera total prevista para diciembre, se espera que la conectividad global de Hainan y su entorno empresarial alcancen un nuevo nivel. Esto, según las autoridades, permitirá fortalecer la competitividad industrial, atraer recursos y consolidar una “apertura más amplia, más profunda y más amplia” — con Hainan como ejemplo vivo de la alta apertura de China. CGTN Global Business.

La Fiscalía de Turquía ha emitido una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros 36 altos cargos de ese país por presuntos «crímenes contra la humanidad» y de «genocidio». Según un comunicado de la Fiscalía, entre los acusados están además el ministro de Defensa, Yisrael Katz, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y el comandante de las Fuerzas Navales, David Saar Salama. La acusación turca se basa, entre otros actos, en bombardeos contra hospitales en Gaza, en la muerte de la niña Hind Rajab en enero de 2024 y en la operación israelí contra la llamada ‘Flotilla Global Sumud’ en octubre pasado. (EFE)

El Congreso de Perú ha declarado persona ‘non grata’ a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su “inaceptable injerencia en los asuntos internos” del país andino, a raíz del asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Bettsy Chávez, procesada por rebelión en el autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022. El pleno del Parlamento ha tomado esta medida con 63 votos a favor y cuatro en contra, alegando que ve la medida de Ciudad de México como una ofensa al “sistema democrático nacional”. Durante el debate, el vicepresidente de la Comisión de Exteriores, Ernesto Bustamante, ha manifestado que Sheinbaum “está en cama con el narcotráfico”. “Nosotros no podemos permitir que una persona así, que está en cama con el narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas a los que se debería acometer, se meta en problemas peruanos. A nosotros solamente nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con algún otro congresista que quiera asilarse en alguna embajada”, ha declarado, según recoge la emisora RPP. Chávez permanece en la residencia del embajador de México en Lima desde el lunes, cuando el ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, confirmó que el país norteamericano le había concedido asilo y que en respuesta a ello rompían las relaciones bilaterales. La propia Sheinbaum valoró como “desproporcionada” la ruptura de lazos. ERBOL