Economía

El Gobierno asegura que está tomando medidas para amortiguar los efectos de la inflación, que se han visto agravados por factores climáticos y los bloqueos registrados el año pasado. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, explicó que las sequías y las lluvias prolongadas afectaron la producción agrícola, lo que, sumado a los bloqueos, generó especulación en los mercados e impactó en los precios. A pesar de que la inflación acumulada llegó al 5% hasta marzo, el Gobierno confía en que en abril se verá una tendencia a la baja, lo que daría un respiro a las familias bolivianas. Cusicanqui también respondió a las proyecciones del FMI, que estima una inflación de hasta el 15% para fin de año, una cifra muy por encima del 7,5% previsto por el Gobierno en el Presupuesto General del Estado. Además, destacó la importancia de mantener el diálogo en la mesa económica con la COB, buscando un equilibrio entre las demandas sociales y la estabilidad del país. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Ante la negativa de la ALP de aprobar créditos internacionales que permitirán contar con divisas para la compra de combustibles, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, que fue convocado para prestar su informe a la Comisión de Economía Plural Producción e Industria, señaló que continuarán haciendo las gestiones para garantizar el suministro de carburantes en el país. El diputado Walti Eguez, de CREEMOS, sostuvo que más allá de que la autoridad reconociera estas dificultades, los bolivianos no podemos depender de estas gestiones porque la población necesita tener certidumbre en el suministro de combustibles. En ese sentido y pese a la falta de accesos a créditos, la autoridad aseguró que se trabaja permanentemente para gestionar los recursos y garantizar el suministro de diésel y gasolina a nivel nacional. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Tras el rechazo a la ampliación de la vigencia del fondo Proleche, asambleístas del oficialismo denunciaron acuerdos entre opositores y “evistas” para rechazar esta ley que buscaba beneficiar a los productores lácteos. La oposición, por su parte, justificó su determinación porque las explicaciones del ministro no estuvieron debidamente respaldadas. Según datos del Gobierno, el fondo Proleche benefició a más de 15 mil productores de leche; algunos asambleístas advierten que su eliminación pondría en riesgo la seguridad alimentaria y elevaría los costos de este producto. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), advirtió sobre los riesgos de aprobar un incremento salarial en el contexto económico actual. Según señaló, las cifras macroeconómicas no respaldan un ajuste de este tipo, que solo beneficiaría al 16% de los trabajadores en la economía formal. “Debemos preguntarnos si realmente vale la pena poner en riesgo las pocas unidades productivas que aún se mantienen operativas”, sostuvo, haciendo un llamado a la seriedad y responsabilidad en la toma de decisiones económicas. El sector empresarial también expresó preocupación por el creciente desfase entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, el cual estaría cerca de duplicarse. Esta brecha genera presiones adicionales sobre los precios, incrementando el riesgo de una espiral inflacionaria. Advierten que un incremento salarial en estas condiciones podría convertirse en un detonante para una mayor inflación, lo que a su vez derivaría en el cierre de más empresas y la pérdida de empleos. Por ello, instan al Gobierno a emitir señales claras y brindar certidumbre para evitar un mayor deterioro del entorno económico. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, defendió a la subsidiaria Botrading, asegurando que permitió un ahorro de más de 20 millones de dólares en la importación de combustibles. Durante un foro en Santa Cruz, Dorgathen afirmó que esta empresa agiliza procesos, mejora precios y reduce costos logísticos, pese a las críticas y a una investigación en curso. Aseguró que Botrading “entró en una tormenta política”, pero fue clave para superar la burocracia estatal y generar beneficios al país. También desmintió las propuestas de algunos candidatos que prometen precios irreales de combustible, como los Bs 5 por litro, aclarando que los precios internacionales no permiten esas cifras, ya que todas las empresas de la región manejan valores similares. El titular de YPFB destacó que se trabaja en soluciones estructurales para asegurar el abastecimiento, como la producción de biocombustibles, la reactivación de campos petroleros y la mejora de la infraestructura de importación. Reconoció que Bolivia enfrenta desventajas logísticas por su falta de salida al mar, lo que incrementa los costos. Finalmente, subrayó que la libre importación por parte del sector privado sigue vigente, aunque aún con poco impacto, y remarcó que la solución no pasa por créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino por fortalecer la producción e infraestructura nacional. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, afirmó que las reservas de gas en el país “ya no están en caída libre” y comienzan a reponerse de forma positiva, gracias al Plan de Reactivación del Upstream (PRU), liderado por YPFB. Durante un conversatorio en Santa Cruz sobre la comercialización de hidrocarburos en Bolivia y el mundo, Gallardo explicó que, pese al consumo anual, las reservas aumentaron. Esto marca un cambio de rumbo y permite vislumbrar una recuperación del sector. El plan busca no solo reponer reservas, sino también aumentar la producción y fortalecer las refinerías nacionales. Uno de los proyectos estrella es el campo Mayaya X-1, en el norte de La Paz, con un potencial estimado de hasta 6 trillones de pies cúbicos de gas. Se espera que entre en producción en 2028, iniciando con 50 millones de pies cúbicos diarios. En cuanto a acciones estructurales, se destacó la reposición positiva de reservas, la propuesta de modificar la Ley 767 para atraer más de 500 millones de dólares en inversiones privadas, y el avance de plantas como la de biodiésel HBO en Santa Cruz, que reducirá la importación. Por otro lado el Ministro de Hidrocarburos pidió a la Asamblea Legislativa aprobar los contratos de litio para no perder la ventaja en el mercado internacional. Señaló que es crucial tener una industria consolidada antes de que los precios del litio se vuelvan altamente competitivos entre 2030 y 2032.Destacó que esta aprobación permitirá una planificación eficiente de ingresos para el país y facilitará el uso de herramientas como la inteligencia de mercado para posicionar a Bolivia estratégicamente en la producción de litio.

La diputada de CREEMOS Tatiana Arnés, miembro de la comisión que investiga el caso de presuntas irregularidades en la empresa Botrading, informó que para esta semana se tiene prevista la toma de declaraciones de las principales autoridades YPFB; para ello ya se emitieron las notas respectivas para la primera ronda de declaraciones. En este proceso se investigan las presuntas irregularidades en la empresa Botrading, subsidiara de YPFB dedicada a la compra y comercialización de combustible. Arnés informo que este lunes se presentaron a declarar la parte ejecutiva de YPFB. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) propuso al Gobierno congelar el salario mínimo nacional en Bs 2.500, dada la compleja coyuntura económica que atraviesa el país. Según la CAINCO, esta medida busca evitar efectos negativos en el empleo formal y contener el déficit fiscal. Además, la cámara empresarial sugiere congelar los salarios en el aparato público, salvo en educación y salud, y permitir la negociación salarial sectorial en el sector privado. También propone crear estímulos para la contratación formal y priorizar la generación de empleo para jóvenes y mujeres. La CAINCO cuestionó la decisión del gobierno de aplicar incrementos salariales unilaterales sin considerar al sector empresarial, y destacó la necesidad de una política laboral moderna y basada en el diálogo para abordar los desafíos económicos del país. (LA PRENSA)

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) expresó su preocupación ante la posibilidad de un aumento salarial en 2025, advirtiendo que esta medida podría tener efectos perjudiciales para el sector productivo del país.  Según el gerente general de la institución, Marcelo Olguín, el incremento salarial no es viable dadas las circunstancias económicas actuales, donde el país enfrenta un alto déficit fiscal. Olguín explicó que un aumento salarial en este contexto podría generar consecuencias como el cierre de unidades productivas y la reducción de personal. Los exportadores temen que estas medidas afecten negativamente la competitividad del país y agraven la situación de las empresas que ya enfrentan dificultades debido a la falta de una política económica coherente y estable. La CANEB también exigió al Gobierno una política económica más clara y efectiva que favorezca a la producción y exportación en Bolivia. Olguín hizo énfasis en la importancia de liberar las exportaciones, que actualmente están siendo gravemente afectadas por restricciones y políticas desfavorables.  (LA PRENSA)

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha expresado su creciente preocupación sobre la posible implementación de un incremento salarial elevado, que, según los empresarios, podría agravar aún más la delicada situación económica del país. En un comunicado emitido este viernes, la CEPB insistió en la urgencia de sostener una reunión con el presidente Luis Arce para presentar sus preocupaciones y propuestas respecto a la situación salarial. Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, destacó que tras consultar con los 29 sectores que componen la organización, se ha identificado un nivel de alarma ante la posibilidad de un aumento salarial excesivo. Este tipo de medida, advierten, podría generar efectos negativos como una mayor inflación, pérdida de empleos y quiebras masivas de empresas, especialmente en un contexto económico ya afectado por la escasez de divisas y la alta inflación. La petición de la Central Obrera Boliviana (COB), que busca un aumento del 15% al salario mínimo y un 20% al haber básico, ha generado incertidumbre entre los empresarios. La CEPB había alertado previamente sobre los riesgos de un aumento salarial que no esté vinculado a la productividad, recordando las consecuencias del descontrol inflacionario y el desempleo que se vivieron en Bolivia en 1985. (LA PRENSA)