Economía

El Gobierno reconoció que persisten complicaciones en el abastecimiento de diésel, pero aseguró que se está priorizando la provisión de combustible para el sector productivo, especialmente en épocas clave como la cosecha, fumigación y zafra. Según el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, el sector agrícola requiere alrededor de 70 millones de litros de diésel para toda la campaña. De ese total, ya se entregaron más de 20 millones de litros, y el compromiso inmediato es garantizar al menos 30 millones para esta etapa crítica. La autoridad informó que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Hidrocarburos y expresaron confianza en que la planificación permitirá mantener el abastecimiento y brindar tranquilidad a los productores. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El presidente Luis Arce señaló este miércoles que el abastecimiento de combustibles en el país no está garantizado, debido a la falta de aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo. “Eso no depende de nosotros, hemos solicitado oportunamente varios créditos que nunca han sido cumplidos. Incluso hubo compromisos de aprobación que después fueron rechazados por los mismos partidos políticos”, lamentó el Mandatario. En el marco de los actos por el aniversario de La Paz, Arce también informó que avanzan los trabajos de perforación y certificación del campo de gas Mayaya – X1. Pese a la crisis económica, con inflación y escasez de dólares y combustibles, el presidente defendió el modelo económico social comunitario, asegurando que “sigue vigente y rindiendo frutos para la población boliviana”. Finalmente, con una inversión superior a 24 millones de bolivianos, el Gobierno entregó redes de gas domiciliario, viviendas sociales, cargadores para vehículos eléctricos e instalaciones eléctricas en homenaje a los 216 años de la gesta libertaria del departamento de La Paz.

En el marco de garantizar el acceso a los servicios financieros, Banco Unión S.A. se encuentra gestionando la incorporación de nuevos vehículos remeseros y nuevas agencias móviles Sariri, en el marco de su política institucional de reinversión del cien por ciento de sus utilidades que deriva en la ampliación de su cobertura y en este caso, en el fortalecimiento de capacidades logísticas para mejorar la atención a áreas rurales, donde no existe presencia de entidades bancarias en el caso de las Agencias Móviles “Sariris” y garantizar el servicio propio de transporte de material monetario para atender sus ATM’s (cajeros automáticos) y agencias fijas en el caso de los vehículos remeseros. La decisión de adquirir vehículos remeseros (blindados) responde a la necesidad de contar con mayor autonomía operativa y seguridad en el transporte de valores, así como en la optimización de los recursos institucionales. Esta estrategia permitirá a la entidad bancaria pública reducir su dependencia de servicios externos, generar ahorros sostenibles y garantizar el cumplimiento eficiente de su misión institucional. Los nuevos vehículos remeseros estarán destinados a cubrir rutas estratégicas a nivel nacional, permitiendo una mayor cobertura y capacidad de respuesta en el traslado de valores hacia y desde los Puntos de Atención Financiera del Banco. En este momento, el Banco Unión cuenta con la Licencia de Funcionamiento emitida por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana en fecha 03/06/2025, misma que fue publicada en un periódico de circulación nacional, con lo cual se encuentra realizando los trámites y autorizaciones pertinentes ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, según lo que exige la normativa nacional para que se cuente con la Resolución de autorización para prestar el servicio propio de transporte de valores, para que estos vehículos puedan operar formalmente. Se estima que, una vez culminado el proceso, estarán en circulación en los próximos meses. Paralelamente, en el marco de su compromiso con la inclusión financiera, Banco Unión continúa ampliando su flota de agencias móviles “Sariri”, que actualmente permiten la atención directa en más del 95% de los municipios del país. Estas unidades móviles —que operan desde 2013— representan una herramienta clave para democratizar el acceso a los servicios financieros, sobre todo en zonas rurales y de difícil acceso donde no existen oficinas físicas de ninguna entidad financiera. Actualmente, se encuentra realizando los trámites y autorizaciones pertinentes ante las autoridades competentes, para asegurar que los mismos cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Las agencias móviles “Sariri” brindan servicios integrales tales como la apertura de cuentas, pagos de salarios y bonos sociales (Renta Dignidad, Juana Azurduy, Juancito Pinto), depósitos, cobros de cheques, giros, pagos de servicios básicos, impuestos y desembolsos de créditos, entre otros. Gracias a estos esfuerzos, Banco Unión ha llegado con sus agencias móviles a decenas de municipios en departamentos como Potosí, Oruro, Cochabamba, Beni, Santa Cruz y La Paz, donde cumplen una labor social vital para sectores como los adultos mayores, maestros, médicos rurales, militares, madres beneficiarias y niños en etapa escolar. Con estas iniciativas, el Banco Unión reafirma su rol como entidad pública comprometida con el desarrollo del país y con el objetivo de seguir ampliando su cobertura territorial con equidad, eficiencia y vocación de servicio para todos los bolivianos.

Sandra Sánchez, gerente sectorial de Fiscalización Financiera de Contratos de YLB, informó que el país dejaría de captar cerca de 2.000 millones de dólares en inversiones si la Asamblea Legislativa no aprueba los contratos firmados con empresas de China y Rusia para implementar la tecnología de extracción directa de litio (EDL). Estos recursos permitirían construir plantas industriales, generar empleos con más del 85% de personal boliviano e iniciar exportaciones de carbonato de litio grado batería en un plazo estimado de tres a cuatro años, con beneficios directos para el país en regalías, impuestos y utilidades. Sánchez también advirtió que, de no aprobarse los contratos, se frenarán estudios técnicos clave para certificar reservas y garantizar la rentabilidad futura del litio boliviano, lo que afectaría las posibilidades de que Bolivia se consolide como proveedor internacional. Actualmente, YLB proyecta una producción de 3.500 toneladas de carbonato de litio para este año, un crecimiento significativo respecto a las 1.400 toneladas alcanzadas en 2024. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

El proceso de industrialización del litio en Bolivia enfrenta desafíos significativos para su implementación. Según informes del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), este proyecto presenta tres grandes falencias que dificultan su ejecución. La primera está relacionada a la falta de cuantificación exacta de las reservas de litio. Otra gran falencia observada por el CEDIB es la falta de un estudio hidrogeológico integral del salar de Uyuni, información que hubiera sido de gran utilidad para una correcta implementación de las instalaciones destinadas al proceso de explotación de los recursos evaporiticos. Finalmente la falta de socialización con las comunidades indígenas fue otra de las omisiones que actualmente está generando conflictos entre el gobierno y las instituciones cívicas de Potosí. Lamentablemente desde 2008 no se hizo un trabajo de investigación y formación adecuado. Para muestra un botón, desde el inicio del proyecto solo se formaron 14 profesionales expertos en materia de litio. Un número muy bajo para la magnitud del proyecto que intentamos emprender. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

En el mes aniversario de La Paz, el gobierno destaca el potencial del campo gasífero Mayaya X-1, ubicado en el norte del departamento, considerado uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años. Según YPFB, Mayaya X-1 tiene un potencial estimado de entre 6 y 7 trillones de pies cúbicos de gas. Las pruebas de producción están en marcha y, si se confirman las reservas, se proyecta que el campo podría aportar hasta 50 millones de pies cúbicos por día desde 2028. Esto permitiría cubrir una parte significativa de la demanda interna de gas y reducir la dependencia de importaciones. El viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, explicó que las pruebas buscan confirmar el potencial real del pozo y definir el plan de desarrollo correspondiente. El gobierno considera que este proyecto abre un nuevo horizonte económico para La Paz y para el país, dentro del plan de reactivación del sector hidrocarburífero. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Raúl Mayta, viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, informó que actualmente se movilizan equipos para realizar pruebas de producción en el pozo Mayaya X1, ubicado en una nueva cuenca al norte del país. No obstante, este no es el único proyecto: campos como Margarita, Incahuasi, Sábalo, Pitiacua y Domo Oso en Tarija, representan más del 70% de la producción nacional y más del 80% del gas destinado al mercado interno. En este contexto, el Gobierno impulsa el proyecto de ley 001/2024-2025, que modifica la Ley 767 con el objetivo de incentivar la producción en campos maduros y atraer inversión privada para nuevas exploraciones. La norma cuenta con el respaldo de operadoras privadas y de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Sin embargo, el debate legislativo quedó interrumpido por disputas políticas. El ministro del área lamentó el bloqueo y advirtió que la falta de consenso afecta a todo el país, no solo al gobierno de turno. Explicó que la ley busca ganar un margen de hasta cinco años para garantizar el abastecimiento interno, además de dar paso a reformas estructurales relacionadas con el precio del gas, la subvención a los combustibles y el régimen económico del sector. Desde el Ejecutivo insisten en que Bolivia tiene potencial en nuevas cuencas, pero sin un marco legal que brinde seguridad a las inversiones, el desarrollo energético del país podría quedar estancado. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

Según el último reporte de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz, cuatro municipios del departamento estarían afectados por las nevadas y los descensos de temperatura. En ese sentido la producción de alimentos, en esos municipios, corre el riesgo de perderse y por consiguiente afectar la seguridad alimentaria de las familias en esas poblaciones. Finalmente aclaró que hasta el momento ningún municipio emitió la declaratoria de desastre a la Gobernación, para activar los mecanismos de ayuda a esas poblaciones. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA DEL SISTEMA RTP