Las comunidades que luchan por la restitución del río San Lorenzo denunciaron nuevas dilaciones en el proceso judicial que llevan adelante en defensa de su fuente de vida. La audiencia de amparo constitucional prevista para este viernes 6, no pudo desarrollarse debido a un error en el nombre de uno de los terceros interesados consignado en la notificación. La Sala Constitucional determinó reprogramarla para el próximo 1 de diciembre, a las 14:30.
Para las comunidades, esta decisión representa una nueva dilación en su larga búsqueda de justicia, pese a que en noviembre de 2025 obtuvieron una sentencia favorable que, hasta la fecha, no se ha traducido en la restitución del río San Lorenzo.
Un error de notificación que perjudica a las comunidades
Durante la audiencia se estableció que en el documento de notificación se cometió un error en el nombre de uno de los terceros interesados, Raúl Añez Campos. Según se señaló durante el acto procesal, la equivocación provenía de la Sala Plena del Tribunal Constitucional.
A esta situación se sumaron contradicciones durante la instalación de la audiencia. Uno de los abogados presentes se identificó inicialmente como representante de Raúl Añez Campos, para posteriormente señalar que en realidad representaba a Marcos Andrés Maggi. Ambos denunciados por la obstrucción del río San Lorenzo, en una propiedad ganadera de San José de Chiquitos.
El abogado de la parte accionante, Rodrigo Herrera, cuestionó esta situación y solicitó que la audiencia continuara, al considerar que existían elementos que demostraban que el tercero interesado tenía conocimiento del proceso.
Sin embargo, la Sala Constitucional Segunda, presidida por la vocal P. Barrón, rechazó la solicitud, argumentando que no constaba en los antecedentes un poder que acreditara formalmente dicha representación y que era necesario garantizar una notificación válida para evitar futuras nulidades.
Crece la desconfianza en el Órgano Judicial
Las comunidades expresan su profunda desconfianza en la actuación del Órgano Judicial y denuncian maniobras dilatorias destinadas a prolongar el conflicto y desgastar su resistencia.
La abogada Vanessa Barranco, asesora jurídica de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó, denunció lo ocurrido durante la audiencia constituyen, a su criterio, “chicanas procesales con el fin de cansar a las comunidades”. Cuestionó que la Sala Constitucional, llamada a garantizar los derechos y el debido proceso, haya dispuesto la reprogramación de la audiencia sin adoptar medidas correctivas frente a los errores y demoras en las notificaciones.
Una sentencia favorable que no logra concretarse
La lucha de las comunidades por el río San Lorenzo no comenzó ahora, llevan años de gestiones y acciones en defensa de un río fundamental para su vida y su territorio.
En noviembre de 2025 obtuvieron una sentencia favorable de parte del Juzgado Agroambiental de Roboré (Sentencia 06/2025) que ordena la remoción de las infreaestructuras y restituir el cauce del río San Lorenzo. Sin embargo, un año después, las comunidades continúan sin conseguir la restitución efectiva de su fuente de agua.
Durante la audiencia, denunciaron que la causa acumula aproximadamente ocho meses de dilación, faltas al debido proceso por parte de la magistrada agroambiental Roció Vasques que atiende el caso. Esta situación que incrementa el desgaste de las comunidades y profundiza su desconfianza en las instituciones encargadas de administrar justicia.
Ante las reiteradas dilaciones judiciales y la falta de respuestas efectivas, las comunidades expresan su profunda desconfianza en el Órgano Judicial y cuestionan su capacidad para garantizar sus derechos. Después de años de gestiones y de haber obtenido una sentencia favorable, siguen sin recuperar su río. Frente a esta situación, anuncian que evaluarán otras vías para exigir justicia y la restitución del San Lorenzo, porque una sentencia que no se cumple y una justicia que se posterga prolongan la vulneración de sus derechos y ponen en riesgo su fuente de vida.
NOTA DE PRENSA