La Cámara de Diputados aprobó el 7 de octubre el crédito de $us 200,5 millones, suscrito entre Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Grupo Banco Mundial, para financiar el Proyecto de Protección Económica y Transformación Social en Bolivia, que incluye la conformación del Registro Integrado de Beneficiarios.
«El financiamiento permitirá respaldar las transferencias económicas destinadas a sectores vulnerables y fortalecer los sistemas de protección social del país, mediante información integrada y actualizada que permita orientar de mejor manera los recursos públicos», destacó el Ministerio de Economía sobre la norma que ahora pasa a la Cámara de Senadores.
El financiamiento tiene dos componentes y está destinado a fortalecer los mecanismos de protección social del país, mediante recursos para transferencias económicas dirigidas a sectores vulnerables y el desarrollo de un sistema integrado que permita mejorar la identificación, focalización y atención de los beneficiarios de los distintos programas sociales.
Del monto total del crédito, $us 192 millones serán destinados a reponer los gastos del Bono Pepe I, mientras que $us 8 millones financiarán el fortalecimiento de los sistemas de prestación de protección social y la gestión del proyecto, informó el Ministerio de Economía.
Registro
El plan consiste en avanzar hacia la integración de la información de los distintos programas sociales mediante la consolidación de un Registro Integrado de Beneficiarios, que permita contar con información interconectada y actualizada para mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y fortalecer la atención a las familias que más lo necesitan.
La iniciativa tendrá alcance nacional y se estima que sus beneficiarios directos e indirectos representarán cerca del 65% de la población boliviana, incluyendo mujeres beneficiarias del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad, adultos mayores y familias con estudiantes del sistema educativo fiscal y de convenio.
Crédito
El crédito cuenta con un plazo de 23 años, incluidos 14 años de gracia, un período de desembolso de cuatro años y una tasa de interés vinculada a la Term SOFR más un margen de 1,62%. El repago estará a cargo del Tesoro General de la Nación.
«Forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno nacional para proteger a las familias, fortalecer la política social y mejorar la capacidad del Estado para orientar de manera más eficiente los recursos hacia quienes más lo necesitan», indicó Economía.
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