El Ministro de la Presidencia defiende la eliminación del subsidio al diésel y asegura que «no se puede seguir subvencionando a bandas criminales”

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El ministro de la Presidencia Fernando Aramayo defendió la eliminación de la subvención al diésel dispuesta por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz la noche de este viernes y afirmó que el país no puede continuar destinando recursos públicos a mantener precios artificiales de los combustibles mientras necesita construir carreteras, hospitales y escuelas.

“No podemos continuar subvencionando a bandas criminales que toda la población conoce, están contrabandeando el combustible en las carreteras”, sostuvo Aramayo, al explicar que la medida busca corregir distorsiones económicas, frenar el contrabando y recuperar recursos para atender las necesidades del país.

El ministro señaló que el sistema de precios diferenciados de los combustibles representaba un costo elevado para el Estado y que, según informes de organismos internacionales, más del 50% del beneficio llegaba a sectores de ingresos altos, mientras que cerca del 7% favorecía a hogares pobres. “Este precio diferenciado le costaba al país cerca de 3,9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) y eso naturalmente había que corregirlo”, afirmó.

Aramayo explicó que el Gobierno considera que la eliminación de la subvención forma parte de un proceso de decisiones económicas adoptadas durante los últimos meses y que responde a la necesidad de preservar el bienestar de las próximas generaciones. “Son decisiones que no pueden medirse solamente por popularidad inmediata, deben medirse por su capacidad para proteger al ciudadano el día de hoy”, manifestó.

El ministro indicó que Bolivia destinaba en promedio $us 55 millones semanales a la subvención de los combustibles, lo que equivale a aproximadamente $us 2.600 millones anuales. Para dimensionar ese gasto, comparó el monto con la construcción de infraestructura hospitalaria.

Además, mencionó el incremento de los precios internacionales del petróleo, que antes de la guerra en Irán rondaban los $us 65 por barril y llegaron a $us 125. Aramayo sostuvo que el Gobierno tomó la decisión para evitar que Bolivia enfrente escenarios de desabastecimiento similares a los de otros países. Como ejemplo, mencionó el cierre de más de 300 surtidores en Paraguay y la crisis de hidrocarburos que, según dijo, también afecta a Estados Unidos.

Paquete de medidas sociales y créditos

El ministro aseguró que el ajuste económico estará acompañado de medidas de protección social, responsabilidad fiscal y apoyo a los sectores productivos.

Entre las acciones anunciadas, destacó el bono PEPE II, que beneficiará a cerca de 2,9 millones de personas, con una inyección de aproximadamente Bs 874 millones y un incremento del 50% en el monto del beneficio, que pasará a Bs 300.

También anunció créditos preferenciales por hasta Bs 800 millones, con una tasa anual referencial del 6%, destinados a transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y productores.  Los créditos directos tendrán montos de entre Bs 50.000 y Bs 400.000. “Si tienes diésel, si tienes gasolina y tienes crédito para producir, vas a empezar a reactivar la economía. Ese es el espíritu de este conjunto de medidas”, afirmó.

En materia tributaria, mencionó la eliminación de impuestos de importación para insumos productivos, entre ellos semillas, drones, bienes de capital y maquinaria.

Además, anunció la ampliación del perdonazo tributario por 120 días, una medida que, según explicó, beneficiará a cerca de 200.000 contribuyentes en todo el país.

Recuperar empleos y reactivar la economía

Aramayo sostuvo que el Gobierno busca recuperar la actividad económica y generar empleo, especialmente después de los 53 días de bloqueos que, según sus cifras, ocasionaron pérdidas de entre $us 2.000 millones y $us 3.000 millones y afectaron a cerca de 250.000 empleos directos e indirectos.

En ese marco, mencionó el denominado plan de los estados anunciado por el presidente Paz, que contempla la recuperación de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos.

El ministro también señaló que el Ejecutivo trabaja con los gobiernos subnacionales para impulsar obras en los departamentos y destacó la necesidad de consolidar un escenario de paz social que permita ejecutar proyectos de infraestructura. “Reactivar el país es eso”, manifestó.

(BRÚJULA DIGITAL)

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