La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, expresó su preocupación tras el traslado de ocho privados de libertad desde Santa Cruz al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, seis de ellos presuntamente vinculados al caso Sebastián Marset.
La activista cuestionó la decisión de derivar a este grupo a un recinto que ya enfrenta limitaciones, con cerca de mil internos y evidentes condiciones de hacinamiento, lo que agrava la situación tanto para los reclusos como para quienes deben resguardar el lugar.
Ugarte advirtió que esta medida deja en indefensión al personal policial, que trabaja con recursos insuficientes y sin el refuerzo necesario para garantizar la seguridad. Recordó que desde gestiones anteriores se solicitó mayor equipamiento y más efectivos del verde olivo, demandas que, según señaló siguen sin ser atendidas, mientras crece la presión en uno de los penales más sensibles del país.
YENNY TICONA-RTP
