28 de mayo de 2026

La vigencia de órden de aprehensión contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, impidió este jueves el avance del diálogo convocado por la Vicepresidencia del Estado para buscar una salida a la crisis que atraviesa el país. Durante la jornada no se presentaron representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) ni dirigentes de otros sectores convocados, situación que provocó la suspensión del encuentro y postergó nuevamente las negociaciones. Ante esta situación, el Vicepresidente Edman Lara expresó su expectativa de que en las próximas horas se pueda reinstalar el diálogo y que el Ejecutivo gestione mecanismos que permitan eliminar dichas órdenes, con el fin de garantizar la presencia de los dirigentes convocados. Asimismo, se espera una nueva convocatoria oficial al diálogo para intentar resolver el conflicto social y económico que afecta al país, marcado por bloqueos, desabastecimiento y perjuicios a distintos sectores de la población. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) condicionó este jueves la participación al diálogo del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo a la suspensión de la orden de aprehensión emitida en su contra por la fiscalía. “Manifestamos (que) para poder dar curso a la misma (participación de Argollo), solicitamos se deje sin efecto legal el mandamiento de apremio emitido por el Ministerio Público contra nuestro secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo Mamani”, señala una carta enviada por la Fstmb al vicepresidente Edmand Lara. La misiva fue remitida este jueves a las 09:45, según el sello de correspondencia de la vicepresidencia. El diálogo, convocado por la vicepresidencia en coordinación con la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, estaba previsto para las 14:00 en el seminario San Jerónimo, ubicado en la avenida Argentina de La Paz. Hasta las 14:30, el encuentro aún no comenzaba, aunque representantes de algunos sectores y legisladores ya llegaban al lugar. Esta mañana, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo garantizó que no se ejecutarán los mandamientos de apremio contra líderes de sectores que participen en el encuentro. “Aunque hay algunos casos en que ya no está en manos del Estado, está en manos del Ministerio Público, pero obviamente nosotros no ejecutaríamos ningún tipo de instrucción (órdenes de aprehensión) si los estamos llamando al diálogo, si queremos el diálogo, y si el país entero quiere una solución”, dijo Lupo.  La carta de la Fsmtb indica que el compromiso expresado por Lupo “tiene que ser cumplido a cabalidad, para este efecto, se debe garantizar los mecanismos para lograr se materialice la anulación del orden de aprehensión, asimismo, desistir la persecución judicial y política a los dirigentes a nivel nacional”. La semana pasada, la fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de Argollo por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo. Este se encuentra en clandestinidad según informaron otros dirigentes de la COB en días pasados.  Túpac Katari y otros sectores Además de Argollo, se espera que en el encuentro participen dirigentes de otros sectores y el principal representante de la Federación Departamental Única de Campesinos Túpac Katari Vicente Salazar. Este jueves, el exdirigente de la federación de campesinos David Mamani dijo que se convocará a un cabildo nacional del sector para decidir si se asiste al diálogo con el gobierno. El país enfrenta 28 días de bloqueos de caminos y diversas movilizaciones en la sede de gobierno en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.  (BRÚJULA DIGITAL)

La denominada Comisión de Diálogo reinstaló este jueves por la tarde la reunión, pero sin la presencia de los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de los campesinos Túpac Katari. Cerca de las 14:30, el diálogo se retomó en su segunda jornada, esta vez desarrollada en instalaciones de la Iglesia Episcopal, en la ciudad de La Paz. Este encuentro es liderado por la Iglesia Católica, con representación de monseñor Giovanni Arana. También se encuentra Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Además, participan diputados, senadores, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Edmand Lara, y ministros de Estado, entre ellos José Luis Lupo. Sin embargo, Mario Argollo, de la COB, y Vicente Salazar, de los Túpac Katari, así como otros representantes de estos sectores movilizados, aún no forman parte del diálogo. La Comisión de diálogo afirmó este miércoles que se darían las garantías para la presencia de los líderes de estos sectores por el hecho de que Argollo cuanta con orden de aprehensión. “Sí damos la garantía de que viniendo acá no se iba a tomar ningún tipo de acción durante el diálogo. Lo que tenemos es la mayor disposición de dialogar”, dijo Lupo antes de ingresar al diálogo. (URGENTE.BO)

Dirigentes del movimiento cívico nacional exigieron la aprobación de la ley antibloqueos y plantearon que las personas que impulsan medidas de presión, como el corte de carreteras, asuman los daños económicos ocasionados durante las protestas. Desde el Comité Pro Santa Cruz, su presidente Estello Cochamanidis manifestó que los bloqueos han provocado graves perjuicios al aparato productivo, afectando la circulación, la propiedad privada y la infraestructura en distintas regiones del país. “Ante el daño económico irreparable causado por el asedio a nuestra producción, demandamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación inmediata de la Ley Antibloqueos, que tipifique estas acciones como delitos contra la seguridad nacional”, señaló. Asimismo, sostuvo que debe establecerse un mecanismo legal que obligue a los responsables de estas medidas a responder por las pérdidas generadas. “Exigimos la creación de una Ley de resarcimiento económico que obligue a los responsables de estos bloqueos a reparar los daños provocados al aparato productivo, a la propiedad privada y a la infraestructura de nuestros departamentos. Quien atenta contra el sustento del boliviano, deberá asumir la responsabilidad legal y financiera de sus actos”, afirmó. (VISIÓN 360)