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Procuraduría General del Estado

Procuraduría recupera más de Bs 1.000 MM en 17 sentencias

De 319 procesos intervenidos por la Procuraduría General del Estado (PGE) 17 tienen sentencias logrando un ahorro de 1.000 millones de bolivianos en favor del Estado, así se evitó un daño económico. “En materia contenciosa en 13 casos se lograron resultados favorables, en materia civil tres casos, en materia de reparación de daños un caso”, son las afirmaciones del procurador General del Estado, César Siles, en diez meses de gestión, en la oportunidad destacó el papel constitucional y legal de la Procuraduría en defensa de los intereses y el patrimonio del Estado. “Hasta antes de que la Procuraduría intervenga, estaban perdiendo la sentencia, había salido desfavorable en 62 millones de bolivianos que tenía que pagar UCPP a la Asociación Accidental Palo Santo. Intervenimos oportunamente y logramos revertir esa sentencia y mediante un Auto Supremo se dejó sin efecto la sentencia”, detalló Siles a tiempo de aclarar que este sólo es uno de los casos. La Procuraduría interviene en 319 procesos en materia penal, civil y coactivo fiscal. Esto, además de casos contenciosos, contenciosos administrativos y contenciosos tributarios. YENNY TICONA

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Procurador General del Estado ratifica que Evo no puede ser candidato a presidente en 2025

FOTO: BTV El procurador general del Estado, César Siles, ratificó este martes en Sucre la conclusión de opinión procuradurial especializada referida a la reelección indefinida, con la que dio por cerrado el debate sobre la posible candidatura de Evo Morales en las elecciones generales de 2025. En una conferencia de prensa en la capital, Siles explicó que esta opinión procuradurial “lo único que hizo es recoger la opinión consultiva de la Corte IDH y la sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional”, que determinaron que la reelección indefinida no es un derecho humano. Remarcó que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la misma validez que una sentencia o resolución, por lo que esta junto a la decisión del TCP, “cerraron el debate en Bolivia” sobre la reelección indefinida. Consultado sobre si, con estas conclusiones, el caso de la repostulación de Evo Morales está cerrado, Siles indicó que “no hay ninguna discusión al respecto”. También fue preguntado respecto a la legalidad de una posible repostulación del presidente Luis Arce en las próximas elecciones y respondió que “constitucionalmente hablando solo existe una reelección para presidente y no una reelección indefinida”. El pronunciamiento de la Procuraduría se da días después de que un ampliado de sectores afines a Evo Morales ratificara al expresidente como candidato a las elecciones de 2025 y sus amenazas de movilizaciones si es que no es habilitado, pese a que ya no tiene derecho a otra reelección. Para optar por un cuarto mandato consecutivo, Morales se benefició de una sentencia constitucional que reconocía la reelección indefinida como derecho humano y participó en las elecciones generales de 2019; sin embargo, estos comicios fueron anulados por irregularidades y derivaron en su renuncia y salida del país. (CORREO DEL SUR)

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PGE “bolivianiza” defensa del Estado, ahorran más de 5 millones de dólares

La Procuraduría General del Estado (PGE) encamina la “bolivianización” de la defensa del país, y logra ahorrar más de 5 millones de dólares por rescindir y decidir no contratar jurístas externos a la institución. Recordemos que el 6 de septiembre de este año el Procurador General del Estado (PGE) César Siles, recibió la administración de la institución con el reto de proyectar la “bolivianización” de defensa de los intereses del Estado, de 12 procesos arbitales que estan en curso, cinco son de inversiones y siete comerciales. “La construcción de un hospital de tercer nivel en Potosí, la demandante es la Asociación Ortiz, el demandado es el Ministerio de Salud y Deportes, este arbitraje fue notificado el 17 de noviembre; por la Cámara Nacional de Comercio proceso denominado Perú contra Bolivia, en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso Consorcio Cementero del Sur, Yuri inversiones Bolivia, Soboce contra el Estado Plurinacional de Bolivia, nos han notificado con un laudo favorable” indicó el Procurador. Estos son los tres pimeros arbitrajes en los que se asume defensa con juristas de la institución, en uno de ellos se logró reducir gastos rescindiendo contrato con un bufete de abogados por 145 mil dólares, entre otras, indicó Siles. Por rescindir y decidir no realizar contrato con juristas extranjeros y bolivianos se logró ahorrar más de 5 millones de dólares, en la oportunidad el Procurador General del Estado, señaló que se encaminarán auditorías para evaluar una otra contratación de los 18 que existen, más aún cuando hay 120 abogados en la Procuraduría. Pero también señaló que existirá resultados en la defensa del Medio Ambiente por quemas y explotación minera ilegal, no descartó establecer responsabilidades en instituciones, luego de emitir la Resolución Procuradorial 126/2023. POR YENNY TICONA

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Procuraduría en defensa de la Madre Tierra, no descartan establecer responsabilidades

Procuraduría General del Estado encaminará defensa del medio ambiente por quemas y explotación minera ilegal, no descartan establecer responsabilidades en instituciones. Recordemos que la Procuraduría General del Estado (PGE) hace un mes emitió una Resolución Procuradorial 126/2023, este sería el primer pronunciamiento sobre la defensa ambiental, que emergió a propuesta del procurador del Estado César Siles, debido a los constantes conflictos ambientales, quemas no autorizadas, pero también minería ilegal. El objetivo de la disposición hacer un relevamiento de procesos judiciales que hubieran concluido en sentencia en los últimos cinco años, pero por sobre todo encaminar nuevos procesos en los que la Procuraduría se constituya en parte para llegar a dictámenes. Hasta la fecha se apersonaron en 12 procesos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Beni, existen ocho personas detenidas preventivamente. Sin embargo, también se encaminará ajustes en normativas nacionales y por qué no internacionales para preservar la madre tierra entre ellos el acuerdo de Escazú. La autoridad no descartó establecer responsabilidades en caso de que las instituciones como el Servicio de Áreas Protegidas (Sernap), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ministerios del área, Fiscalía y el Órgano Judicial no hubieran realizado trabajos de defensa de la “Pachamama”, Madre Tierra. POR YENNY TICONA

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