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Policía

Policía se desplazará en todo el país para hacer cumplir pausa ambiental y frenar chaqueos

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció ayer el despliegue significativo de efectivos policiales a nivel nacional para garantizar el cumplimiento de la pausa ambiental ecológica. Esta medida tiene como objetivo principal la preservación de la Amazonía y la prevención de incendios forestales. La decisión fue comunicada en el marco de la instalación del gabinete de ministros en Santa Cruz, donde se reunieron para desarrollar estrategias efectivas contra los incendios. La reunión del gabinete busca coordinar acciones y definir planes específicos para enfrentar y mitigar el riesgo de incendios que amenaza a la región amazónica. La pausa ambiental ecológica implica una serie de restricciones y regulaciones destinadas a reducir el riesgo de incendios en áreas sensibles. El gabinete de ministros trabajará en la implementación de estas medidas y en la evaluación de su impacto para garantizar una respuesta efectiva. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Alcaldes y Gobierno se reúnen para fortalecer la seguridad ciudadana en Apolo y Mapiri

En una reunión crucial celebrada recientemente, alcaldes de los municipios del norte del departamento de La Paz, junto con autoridades del Ministerio de Gobierno, discutieron y activaron medidas de seguridad ciudadana para abordar el incremento de hechos delictivos en las localidades de Apolo y Mapiri. El reciente auge en la actividad minera, especialmente relacionado con la extracción de oro, ha sido identificado como una de las principales causas del aumento en la inseguridad en la región. Ante esta situación, se han tomado decisiones importantes para mitigar los problemas de seguridad. Entre las medidas acordadas se destaca la construcción de viviendas para el personal policial, con el objetivo de mejorar la presencia y el control de las fuerzas de seguridad en estas zonas críticas. Además, se implementarán estrategias de mayor vigilancia y control. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Policía indaga la creación de un grupo de WhatsApp relacionado al sicariato de un piloto

“Matemos al colla”, sería el nombre del grupo de WhatsApp supuestamente creado por un grupo de “amigos” del piloto de avionetas, José Carlos Jiménez, semanas antes de que él sea asesinado por cuatro sicarios en el municipio de Santa Ana de Yacuma, en el departamento de Beni. El investigador policial a cargo, Manuelo Velásquez, preguntó por este dato a una de las testigos que interrogó, hermana de uno de los involucrados. “Diga usted si tiene conocimiento o sabe que formaron un grupo de WhatsApp denominado ‘Matemos al colla’, del que formaban (parte) varias personas, entre ellas, Yerko Iriarte, Coco (Andrés Vásquez Cardona), Yndira Julio, Noelia, su esposo, su persona y otras personas más. ¿Qué puede manifestar?”, fue una de las preguntas que hizo el policía Velásquez a la testigo, Shana Iriarte. La mujer es una de las tres testigos que declaró hasta el momento por el asesinato de Jiménez, perpetrado por cuatro sicarios el 26 de mayo de este año. Esa fecha, los delincuentes llegaron al lugar donde desayunaba el piloto, para luego disparar hasta 10 veces y huir del lugar en un vehículo cuyo chofer es el único aprehendido hasta el momento. Otros cinco cómplices, entre autores materiales e intelectuales, fueron identificados, pero hasta el momento no se procede a su captura. Entre ellos, figura “Coco”, un presunto narcotraficante del área, buscado por otro caso de tráfico de armas, abierto en 2023. Shana Iriarte es hermana de Yerko, persona identificada como presunto deudor de 5.000 dólares al piloto Jiménez, quien antes de su asesinato había expresado a un grupo de amigos su malestar porque éste no le cancelaba el dinero. Los acusados llamaban de forma despectiva a la víctima por el apodo de “colla”. La mujer declaró el 12 de julio, casi dos meses después del asesinato. Visión 360 tomó contacto con el investigador Velásquez para consultar sobre el tema, pero el funcionario policial no quiso responder a las consultas, incluso se negó a dar el nombre del fiscal. De la misma forma, este medio de comunicación llamó a la testigo, pero no recibió respuesta. Pese a la postura del investigador policial, se tomó contacto con el fiscal Yery Mamani, para conocer los avances de la investigación, pero el mismo también negó dar información sobre el tema. CONTRADICCIONES En el acta de declaración de la testigo figura la respuesta que dio sobre la creación del grupo de WhatsApp, “Matemos al colla”: “Totalmente falso”, contestó Shana Iriarte. Pero, más adelante, el investigador le hace notar elementos contradictorios en su testimonio. Al inicio del interrogatorio, el policía pregunta a la mujer si conocía a Jiménez, cuántas veces habló con él y cuándo fue la última vez que lo hizo. “Al nombrado lo conocí hace dos años (en el) pueblo, donde lo conocí de vista, no tengo ningún tipo de amistad ni parentesco con él”, fue la primera respuesta que dio Iriarte. “Con el nombrado hablé unas tres veces, pero cosas que fueron en fiestas del pueblo, por vía teléfono celular nunca hablé con él”, señala una segunda respuesta y concluye indicando que la última vez que conversó con Jiménez fue en agosto de 2023, además aseguró desconocer si su hermano debía dinero a la víctima y a qué tipo de actividad se dedicaban ambos. Ante las dudas, el investigador cuestionó: “Su persona manifestó que en ningún momento había hablado, mucho menos había chateado con el señor José Carlos Jiménez Alí, pero en el cuaderno de investigaciones cursa conversaciones de chat, por vía WhatsApp (de) su persona con el señor Jiménez, en las que su persona vierte varios insultos y amenazas. ¿Qué puede manifestar al respecto?”. “Vuelvo a manifestar que en ningún momento hemos hablado ni chateado vía WhatsApp con el señor Jiménez”, fue la respuesta de Shana Iriarte. No obstante, luego del asesinato del piloto en Santa Ana de Yacuma, por redes sociales también se difundieron audios y capturas de pantalla sobre las conversaciones que Jiménez tuvo con el grupo de amigos que lo llamaban “colla”. En dos de esas dos imágenes se leen mensajes que provienen del número de celular de la testigo, que de todas formas niega su veracidad. Pero otro elemento que el investigador señala como dudosos en la declaración de la testigo, se refiere a que ella aseguró no recordar ninguna discusión o pelea entre el piloto fallecido y su familia antes del asesinato. Sin embargo, más adelante, cuando el policía modifica su pregunta, la testigo se contradice y cita las supuestas “habladurías” que causaron rencillas contra Jiménez, a quien acusó de haber lanzado calumnias contra su familia. “Son chismes de personas no creíbles, como que (Jiménez) a nosotros nos vestía, que mi padre era una persona no respetable, de la misma manera de mi esposo se ha referido que era un flojo, de mi hermano no recuerdo que haya hablado”, dijo la testigo en su declaración. CHAT DE AMENAZA En las capturas de pantalla con mensajes enviados desde el número de celular atribuido a Iriarte, se lee: “Mi hermano jamás te tumbó, tampoco para que lo denigres, ni tienes ningún derecho a decir que nadie le da aviones por drogo, es mejor piloto que vos, colla fresco. A toda esa gente que metes en tus charlas, hablando mal de ellas, te van a hacer la vida imposible, así (que) cuídate la espalda”. Recordemos que otras dos testigos, Yndira Julio y Analía Nuñez Vela, declararon en calidad de testigos y revelaron que los entredichos sobre el cobro de una deuda de 5.000 dólares, antecedieron al asesinato del piloto. Por los indicios, se logró identificar a seis personas, entre autores intelectuales y materiales. Sin embargo, cuatro días después de la aprehensión de dos de los involucrados, un grupo de delincuentes protagonizó una protesta que pretendía hacer pasar como una movilización de la población contra el comandante regional de la Policía y quemó las oficinas del Comando Policial en Santa Ana de Yacuma. (Visión 360)

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DEA: Jefe antidroga de Evo, Maximiliano Dávila, y sus socios enviaron más de 100 toneladas de cocaína a EEUU

De acuerdo a un informe de la DEA, que la revista Semana de Colombia conoció en primicia en 2022 y que ahora cobra mayor relevancia, se advierte que Maximiliano Dávila, en su condición de jefe antidroga de Bolivia, “utilizó su cargo oficial y conexiones para obtener acceso a aeródromos bolivianos con el fin de facilitar los cargamentos de cocaína en grandes cantidades”. El capo transnacional del narcotráfico, de nacionalidad boliviana y ex mayor de policía, Omar Rojas Echeverría, fue detenido en Colombia en abril de 2021 y su prontuario lo ubica como uno de los más importantes traficantes del país y la región. Este capo, en alianza con una red que tenía enlaces en Perú, Venezuela, Brasil, México y Estados Unidos, enviaba fuera de la región cientos de toneladas de cocaína y armas. Información de la DEA, que en enero de 2002 publicó Semana de Colombia, señala que Rojas Echeverría, en 2019, durante la administración de Evo Morales, “tenía estrechas relaciones en los más altos niveles del Gobierno de su país”. La historia de Rojas Echeverría tiene de fondo una relación directa con Colombia, donde fue capturado, y cuenta con socios en el negocio del narcotráfico. Se trata de una triangulación y coordinación de vuelos desde Bolivia a Colombia y de ahí a Centroamérica cargados con droga cuyo destino final era Estados Unidos. Nadie se explica cómo él, quien era un mayor de la Policía, se convirtió en uno de los más grandes traficantes de cocaína en la región. Se le señala del envío de por lo menos 100 toneladas y miles de armas a Estados Unidos. La respuesta puede estar en las investigaciones de la DEA, en las que ha quedado documentado que Rojas Echeverría tenía contactos con el máximo jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico durante el gobierno de Morales, Maximiliano Dávila. Ambos detenidos, el primero en Colombia y el segundo en Bolivia, tienen solicitud formal de extradición del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo a un informe de la DEA, que Semana conoció en primicia en 2022 y que ahora cobra mayor relevancia, se advierte que Maximiliano Dávila, en su condición de jefe antidroga de Bolivia, “utilizó su cargo oficial y conexiones para obtener acceso a aeródromos bolivianos con el fin de facilitar los cargamentos de cocaína en grandes cantidades”. Su papel fue fundamental para “organizar la protección por parte de las fuerzas del orden de esos cargamentos de drogas”, asegura Semana con respaldo de informes de la DEA. “Para identificar a los implicados en esta organización, fue clave la declaración de un informante que había trabajado en la agencia antidrogas y tenía una relación de vieja data con Rojas Echeverría”, señala el medio. En medio de las acciones ilegales que adelantó la organización, tuvo varias comunicaciones telefónicas, vía mensajería instantánea y reuniones personales, en las cuales quedaron registrados los planes para traficar cocaína. “A lo largo de las reuniones y conversaciones telefónicas (…), los acusados describieron sus extensas experiencias de narcotráfico y sus conexiones con los más altos niveles del Gobierno boliviano”, señala el documento. Fue en plena pandemia cuando Rojas Echeverría se asoció con otro narco boliviano de vieja data, Jorge Roca Suárez, ‘Techo de Paja’, un hombre que tuvo negocios con el cartel de Medellín en la década de los noventa. En esa época, Colombia aún no tenía tantas hectáreas cultivadas con hoja de coca, así que Techo de Paja era el encargado de proveer los insumos para la producción de la pasta en los laboratorios de Pablo Escobar. Utilizando su conocimiento y contactos, el exoficial era el encargado de coordinar el movimiento de aeronaves de alta gama que salían desde pistas clandestinas en el departamento de Beni, en el norte de Bolivia, hacia Centroamérica con destino final a Estados Unidos. ARMAS Pero los negocios ilegales de Omar Rojas Echeverría no paraban ahí. Los acuerdos no solo se sellaban con el pago de millones de dólares por los cargamentos de cocaína. Sus contactos en la región, como lo demuestran los documentos recopilados en la Operación Andes –en la que además cayeron Roberto Moisés Banzer, Jheyson Montaño Fernández, Rómulo Ramírez Rodríguez y César Omar Cuéllar Pérez– también le permitieron efectuar transacciones por armamento. Parte de ese arsenal se usaba como pago de los cargamentos, y era enviado a Estados Unidos y algunos de sus socios en los países de la región, como Perú, Bolivia y Colombia. Semana hacía un apunte en 2022: “En Bolivia son más las dudas que las certezas que rodean el retiro de Echeverría de la Policía de su país, en 2004, tras 15 años en la institución. Pero hay un tema que no ha pasado inadvertido: su hermano, Alexander Rojas, fue el inspector general de la Policía boliviana, el tercer cargo en jerarquía de esta institución”. TECHO DE PAJA En este entramado de tráfico de armas y droga hay otro socio y protagonista: Jorge Roca Suárez. En 1990 fue capturado y condenado a 35 años de prisión en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, lavado de activos, fraude bancario, evasión de impuestos y extorsión. Esto, por las actividades que había adelantado en la organización liderada por su tío Roberto Suárez, más conocido como “el rey de la cocaína”. Tras cumplir 25 años de condena, en 2018, regresó deportado a su país para seguir cumpliendo otra sentencia a 15 años de prisión. No obstante, recibió el beneficio de detención domiciliaria en su pueblo natal, Santa Ana de Yacuma, en el departamento de Beni. Antecedido por su fama fue proclamado candidato a la alcaldía, pero le dio esa postulación a su hija, quien resultó electa. Después de pocos días de estar privado de la libertad, pidió el traslado a un centro médico para una cita de rutina. En el hospital se fugó, pero, pese a lo que ordena la ley, las autoridades no lo buscaron bajo el argumento de que por su edad no representaba mayor peligrosidad. Quienes no lo

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Confirman la muerte de un policía en enfrentamientos entre mineros cooperativistas en Sorata

El pasado viernes se registraron violentos enfrentamientos entre mineros cooperativistas de la comunidad Ingenio, del cantón Yani en el municipio de Sorata, dejando como saldo un efectivo policial fallecido, quien perdió la vida este sábado debido a las quemaduras que sufrió en el 80% de su cuerpo y otro se encuentra en terapia intensiva. Los efectivos acudieron al lugar atendiendo una denuncia de avasallamiento por parte de dos cooperativas aparentemente ilegales que operan también en ese sector.    El comandante general de la policía, Álvaro José Álvarez, señaló que al momento existen dos personas aprehendidas y se instruyó el traslado de personal especializado para investigar estos hechos. La tarde de este domingo el cuerpo del oficial de la Policía recibió cristiana sepultura. El funeral estuvo acompañado por el alto mando policial. ÁNGEL LOZANO VARGAS

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Joel, un sospechoso cuestionado y testigo del último viaje de Odalys

Joel S. P. G. detalló, más de una vez, de forma sencilla y cronológica lo que pasó aquel sábado cuando su pareja, Odalys Vaquiata Quispe, desapareció sin dejar rastros, luego de que, supuestamente, bajara de su vehículo en medio del camino, entre las poblaciones de Unduavi y Yolosita, en el ingreso a los Yungas, en el departamento de La Paz. El relato del joven de 25 años, el mismo hecho de la desaparición de Odalys, las contradicciones en su versión, halladas por la Policía, derivaron en la aplicación de medidas cautelares para él, quien, aunque continúa declarándose inocente, vierte dudas sobre su actuación en el destino de la desaparecida. En sus declaraciones, Joel se refirió a Odalys como una persona que se inclina por acudir a fiestas, es celosa y tiene actitudes repentinas, como cuando, según su versión, decidió salir del auto en plena carretera. De acuerdo con su versión, desde el momento en que vio por última vez a su enamorada, en las horas posteriores que duró su búsqueda logró recorrer de ida y vuelta el camino a Yungas, afortunadamente sin contratiempos, pese a admitir haber manejado en estado de ebriedad, y, además, consiguió el consejo particular de un policía para iniciar la búsqueda y hacer la denuncia sobre la persona desaparecida. En la investigación ya cuenta con testigos que avalan su versión. Emprendedor e impulsivo “Mi hijo es un joven tranquilo, estudiante, emprendedor…” aseguró la médica Betty G., madre de Joel, en la única entrevista que dio sobre el caso a la comunicadora Melania Torrico. Mientras describió con cariño el perfil de su hijo, también negó las acusaciones que la familia Vaquiata ha lanzado,  las que señalan a la madre, a su esposo y al teniente de la Policía José María A., como cómplices de la desaparición de Odalys y de desviar el curso de la investigación. Al ser consultada sobre el delito por el que fue imputado su hijo, que es trata y tráfico de personas, Betty G. responde: “Lo conozco, no, no creo que él haya traficado con la señorita, porque la amaba; él la ama, hacía todo por complacerla (…) desde pequeño hasta hoy él es un caballero, cariñoso, hogareño, ayuda con los quehaceres de la casa y cumple como estudiante”. La doctora Betty G. lamentó la situación en la que Mabel Quispe, madre de Odalys, se encuentra por la desaparición de la joven. Aseguró que siente empatía por el dolor de Quispe y dijo que desea que la joven aparezca con vida. El 8 de abril, nueve días después de la desaparición de Odalys, la comunicadora Torrico publicó el audio de la entrevista que hizo a Joel al interior del centro de rehabilitación juvenil Qalauma, en la ciudad de Viacha, donde guardaba detención como sospechoso. El hecho causó sorpresa y varias críticas, no tanto por la extensa versión que dio el investigado, sino, debido a que se conoce que Régimen Penitenciario y el Ministerio de Gobierno no darían semejantes facilidades a un periodista de un medio independiente, por una serie de impedimentos legales, que, en este caso, se pasaron por alto. En el audio de 59 minutos, Joel dio la versión de un viaje bien planificado con Odalys hacia Tocaña. Contó pormenores de la relación de ocho meses que tenía con la joven, con la que había realizado otros cuatro viajes. Se describió a sí mismo como una persona sentimental e impulsiva y que luego de las discusiones que tenían, él era quien cedía y pedía disculpas para lograr la reconciliación; además, remarcó que era incapaz de agredir a su pareja. Fue durante esa entrevista que reveló detalles que supuestamente lo absolvían de culpa por la desaparición de la mujer, aquel sábado 30 de marzo. Sin embargo, para la familia Vaquiata, esta nueva declaración pública muestra más “imprecisiones” y en especial en relación con lo que prefirió callar en esa entrevista y ante la Policía, sobre por qué asumió de esa forma la búsqueda que se hizo en las primeras 24 horas. Joel afirma que sus recuerdos son claros hasta las 16.30, hora en la que habrían iniciado sus lagunas mentales, hasta las 20.30 de ese sábado, producto, en parte, de las cervezas y del “matanegros”, las jarras de cóctel que Odalys habría comprado en Tocaña, mientras disfrutaban de la saya afroboliviana. Dijo que, sin almorzar, la pareja inició el consumo de diferentes bebidas a las 13.30. El hombre afirmó que Odalys y él se separaron por primera vez en esa población, luego de que Odalys se molestara porque supuestamente él miró a otro grupo de mujeres en la piscina del lugar, en la que ella se negó a nadar porque estaba en el ciclo menstrual. “Ahí me dejó con mi maletín y yo me quedé a dormir en el pasto”, sostuvo Joel. Sus recuerdos Basado en el registro de llamadas, afirma que tuvo tres contactos con Odalys, quien lo llamó para pedirle ayuda: “Mi amor, más abajo (en el camino a Tocaña) me he encunetado, ven a ayudarme”, afirma que fueron las palabras de Odalys. Joel sostiene que al llegar al lugar, caminando, donde el vehículo estaba plantado, su pareja ya recibía ayuda de un “pueblerino”, quien, junto a su mujer y su hija, pasaba por el lugar, aunque no dio detalles de cómo se solucionó el problema. Durante ese lapso dijo que lo atacó otra laguna mental, pues afirmó que, sin saber cómo, él regresó a la piscina de Tocaña, de lo cual hay un testigo, y que ofreció 100 bolivianos para que lo lleven a La Paz. Una nueva laguna y sin saber cómo, solo recuerda que luego apareció junto a Odalys en Yolosita. “Yo pienso, me da en el corazón que sigue viva, todavía (…) el momento que nos peleamos tengo un recuerdo, nos hemos visto a las 18:30 en Yolosita, a las 18:45 ya hemos partido a La Paz. Estábamos los dos juntos (en el auto de Odalys), claro, seguíamos mareados”, aseveró. Según sus recuerdos “borrosos”, una hora

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Según Del Castillo existe presencia estatal en todas las regiones

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que la presencia estatal está en cada rincón del territorio nacional y asegura que se sancionan todas las contravenciones y delitos cometidos. La autoridad dijo que no existe ninguna zona del país donde no haya presencia del Estado refiriéndose a los hechos violentos y toma de oficinas policiales como ocurrió en Santa ana de Yacuma. Dijo que en todos los casos violentos registrados en pasados meses, se procedió con la investigación y la detención de los responsables También aclaro que actualmente se ingresa con autoridad a zonas como Villa Tunari en el Chapare donde no existía acceso en gobiernos anteriores. JUAN CANCARI

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Policías caen en poder de droga en 2 operativos

En una semana, dos policías fueron aprehendidos por trasladar droga en sus vehículos. El primer caso se produjo el pasado martes 7, cuando el teniente coronel Marcelo Rodrigo R.C. fue descubierto cuando llevaba 23 paquetes de cocaína en el departamento de Santa Cruz; y ayer, miércoles, un efectivo policial fue hallado en poder de 54 paquetes del alcaloide en la carretera La Paz-Oruro. “Se ha realizado la apertura de los dos compartimientos (del vehículo) y encontramos 54 paquetes en forma de ladrillo con una sustancia blanquecina que ha sido sometida a una prueba de campo que ha dado resultado positivo para cocaína, con un peso de 57 kilos con 500 gramos. Este ciudadano ha sido aprehendido y remitido al Ministerio Público. Estamos a la espera de la audiencia de medidas cautelares”, informó el fiscal antidrogas de Oruro, Felipe Mamani. Ayer, miércoles, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaba un patrullaje rutinario sobre la carretera La Paz-Oruro, a la altura de la localidad de Quemalia, municipio de Caracollo, le pidieron al conductor de un vehículo que se detenga para revisarlo, explicó Mamani. El dueño del vehículo mostró nerviosismo ante los funcionarios de la Felcn, quienes realizaron una requisa y advirtieron que las estructuras de los asientos estaban modificadas, por lo que decidieron levantar los asientos y encontraron los paquetes con envoltura amarilla. La sustancia fue expuesta a una prueba de campo que dio positivo a cocaína, agregó el jurista. El aprehendido fue trasladado al Ministerio Público y verificaron que no tiene antecedentes, pero cuando prestó su declaración informativa refirió que, “es efectivo policial, el único dato que se conoce es que cumple funciones en el Comando Departamental de La Paz”, aunque se negó a proporcionar mayor información sobre el aprehendido. En tanto, el pasado martes 7, uniformados de la Felcn realizaron un operativo en la comunidad Pozo del Tigre, sobre la carretera Bioceánica del departamento de Santa Cruz. Los patrulleros hicieron señas para detener un motorizado, sin embargo, el conductor embistió a uno de los efectivos y se dio a la fuga. Los agentes antidrogas iniciaron la persecución y lograron interceptar al carro, pero el conductor se había dado a la fuga al abandonarlo en plena carretera. En la requisa, encontraron 23 paquetes que contenían cocaína. Horas después comprobaron que el dueño del auto es Marcelo Rodrigo R. C., quien, hasta ese momento, era director de la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en Puerto Suarez y ostenta el grado de teniente coronel. (La Prensa)

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Un policía fue aprehendido tras ser sorprendido con droga en su coche

FOTO: LA RAZÓN/APG Un operativo ejecutado en la carretera La Paz-Oruro terminó con la aprehensión de un policía acusado de llevar sustancias controladas en su motorizado. El Ministerio Público confirmó el caso, a menos de dos semanas de la caída de un jefe policial en Santa Cruz presuntamente sorprendido en similar situación. “El Ministerio Público, en horas de la madrugada, ha tomado conocimiento de una intervención policial que han realizado efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en inmediaciones de la carretera La Paz-Oruro, específicamente en la localidad de Quemaya”, informó el fiscal Felipe Mamani. En este sitio se habría interceptado el motorizado del uniformado, en un control rutinario. No obstante, la reacción del ahora sindicado llamó la atención y se procedió a la requisa del motorizado que conducía. POLICÍA “Han podido realizar la revisión de un motorizado y el cual se encontraba siendo conducido por una persona de sexo masculino; que ha demostrado un nerviosismo ante la presencia policial de manera inicial”, aseveró la autoridad. En la revisión del motorizado se confirmó que existían sustancias controladas. Estas habrían estado hábilmente camufladas en compartimientos del motorizado. La droga, cocaína, quedó al descubierto y el acusado aprehendido. “Se ha realizado la apertura de estos dos compartimientos encontrándose un total de 54 paquetes tipo ladrillo; conteniendo una sustancia blanquecina que se sometió a prueba de campo y ha dado positivo para cocaína; con un peso total de 57 kilos con 500 gramos. Por este hecho es que este ciudadano se lo ha aprehendido y de manera posterior ha sido remitido al Ministerio Público”. Se confirmó que el sindicado es integrante de la Policía Boliviana. “No tiene antecedentes, sin embargo, de acuerdo al informe policial y la información que ha proporcionado este ciudadano al momento de su declaración informativa resulta ser un efectivo policial”, detalló el fiscal. (LA RAZÓN)

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Hermano de Nallar implicado en el triple asesinato en Santa Cruz es beneficiado con detención domiciliaria

El Tribunal Séptimo de Sentencia determinó este lunes la detención domiciliaria para Widen Nallar, implicado en el asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil de la Policía (Gacip), ocurrido el 21 de junio de 2022, en el municipio cruceño de Porongo. En la audiencia de cesación a la detención preventiva, la autoridad jurisdiccional informó que el acusado, hermano de Misael Nallar, deberá contar con escolta policial las 24 horas, arraigo y el pago de una fianza de Bs 100.000. A pesar de esa determinación, el fiscal Gustavo Ríos indicó que para que abandone el penal de Palmasola, primero debe cumplir con todos los requisitos que estableció el Tribunal Séptimo de Sentencia. “Respetamos la decisión del Tribunal, pero hemos presentado la apelación a objeto que pueda ser revisada la determinación”, sostuvo el representante del Ministerio Público tras la audiencia. El Ministerio Público presentó ante la acusación formal en contra los hermanos Nallar y Jassir G.M., por el delito de asesinato de los policías Alfonzo Chávez y Eustaquio Alanes, y el voluntario del Gacip, David Candia. (Erbol)

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