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PGE

Comité Multisectorial anuncia una marcha desde Patacamaya a La Paz en contra de la disposición séptima del PGE

El Comité Multisectorial anunció un conjunto de medidas para presionar a las autoridades a derogar la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que, según sus integrantes, afecta el abastecimiento de alimentos. Entre estas acciones destaca la convocatoria de una marcha desde Patacamaya a La Paz, programada para marzo, sin especificar la fecha, en la que se unirán organizaciones cívicas y gremios de diversas regiones. En un comunicado emitido este martes tras una reunión en Oruro, el Comité Multisectorial señaló que, tras los ampliados multisectoriales celebrados en Santa Cruz, La Paz, Sucre, Tarija y Potosí, se ha evidenciado la incertidumbre y el riesgo que genera la aplicación de dicha disposición en la estabilidad del suministro alimentario. Criticaron la “falta de voluntad” del Gobierno para derogar esta norma que, sumada a intervenciones que no han logrado resolver la escasez de productos, ha impulsado a los sectores afectados a tomar medidas de presión. El comunicado establece que se exigirá al Órgano Ejecutivo y Legislativo la inmediata derogación de la disposición, y se convocará a una reunión entre los comités cívicos departamentales y el Comité Multisectorial para definir estrategias de acción conjunta.  Además, se prevé la realización de ampliados multisectoriales en el Beni y Cochabamba para ampliar el alcance del diálogo. El presidente electo de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, señaló que esta medida no tiene “ni un milímetro de política”, como acusa el Gobierno, sino que busca dar certeza al sector productor que se encuentra en emergencia. “Nos han ofrecido soluciones parciales, pero el pueblo necesita respuestas integrales. No podemos permitir que decisiones unilaterales y mal informadas generen conflictos que perjudiquen a la sociedad”, concluyó el comunicado, haciendo un llamado a la participación de todos los sectores para enfrentar esta situación y defender la economía nacional. El Comité Multisectorial enfatiza que, a través de estas medidas, se busca salvaguardar el derecho de la población a contar con un suministro estable de alimentos, promoviendo la unidad y el diálogo entre las diferentes organizaciones y sectores productivos del país. (LA RAZÓN)

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Empresarios acuerdan con el Gobierno el congelamiento de la disposición séptima del PGE hasta lograr consensos

El Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron congelar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, referida al decomiso de productos en casos de agio y especulación.   El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, informó que la medida, cuestionada por diversos sectores de la cadena productiva, no se ejecutará mientras no se alcancen consensos y se garantice la propiedad privada.   “El principal resultado en esta primera reunión de acercamiento ha sido que ambas partes hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, dijo Ortuño. Los sectores productivos rechazan esta disposición porque consideran que facilita confiscaciones arbitrarias y vulnera la propiedad privada, por lo que exigen su derogación.    Otros puntos del acuerdo El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, explicó que la decisión forma parte de un acuerdo de tres puntos suscrito este martes.   El documento establece que la derogación de la disposición no es competencia del Ejecutivo y que este tema debe debatirse en la Asamblea Legislativa.   “También hemos coincido con la gente del Gobierno que este no es un ámbito para pedir la derogación de la medida ya que somos muy respetuosos de la independencia de poderes y ese tema se tiene que discutir en la Asamblea Legislativa”, añadió, refleja Unitel. Además, se determinó la aplicación de un cronograma para avanzar en el diálogo, como parte de un trabajo conjunto entre el Gobierno y los representantes del sector productivo para encontrar soluciones.   Antes del encuentro, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, insistió en que la disposición no afectará a los sectores productivos ni a otros rubros.    “Esta disposición séptima no va a afectar al sector productivo, al sector formal, mucho menos a los gremiales como se ha manifestado (…). Nosotros, nuevamente, vamos a manifestar que no es para afectar al sector formal, al sector empresarial”, dijo. Este lunes, los sectores de la cadena productiva realizaron un paro nacional “movilizado” y advirtieron con iniciar medidas de protesta escalonadas desde el jueves. (BRÚJULA DIGITAL)

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Gobierno alista nueva convocatoria para analizar la disposición séptima del PGE

El Gobierno nacional expresó su pesar por la inasistencia de los sectores productivos al diálogo convocado para este martes, con el objetivo de analizar la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE). Este diálogo fue convocado con el fin de abordar temas de gran relevancia para el desarrollo económico y la estabilidad del país. La falta de presencia de los representantes de estos sectores impide avanzar en la búsqueda de soluciones que beneficien, tanto al Gobierno como a los diferentes actores económicos, manifestó el ministro de Justicia, César Siles. Esta disposición ha generado controversia y rechazo por parte de varios sectores, que la califican como confiscatoria de productos y una amenaza para la actividad económica de los gremialistas. En este contexto, el Gobierno reitera su compromiso con el diálogo, la cooperación y anuncia que realizará una nueva convocatoria en los próximos días para dar continuidad a las negociaciones y asegurar que se encuentren soluciones que favorezcan a todos los involucrados. ROLY FLORES PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Exportadores exigen la derogación de norma confiscatoria del PGE

Danilo Velasco Valdez, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CAMEX), denunció que el sector no fue convocado al diálogo por el gobierno para tratar el polémico inciso séptimo del Presupuesto General del Estado. Según Velasco, esta disposición es considerada confiscatoria y perjudica gravemente a la cadena productiva. Señaló que los exportadores, junto a sectores agroindustriales, transportistas e industriales, rechazan la norma por su impacto negativo en los inventarios empresariales y el clima de inversión en el país. Además, criticó la falta de apertura del gobierno para entablar un diálogo efectivo y reiteró la exigencia de una derogación inmediata de la medida. Velasco advirtió que la disposición genera incertidumbre económica y afecta a los sectores más formales de la economía nacional. CAMEX, junto a otros gremios, reafirma su posición de solicitar la eliminación total del inciso, descartando cualquier concertación para una reglamentación. Esta postura será defendida en el próximo encuentro multisectorial en Chuquisaca. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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Ministro de Economía niega que el PGE sea solo gasto y destaca su impacto económico: se proyecta un crecimiento económico de 3,51%

El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 fue presentado a la Asamblea Legislativa, contemplando un presupuesto consolidado de Bs 296.565.879.631. Entre las proyecciones clave, el documento prevé operaciones de deuda pública en mercados de capital externos por un monto de hasta $us 3.000 millones, un crecimiento económico del 3,51 % y una inflación estimada en 7,5 % y otros. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, destacó que el PGE 2025 refleja los efectos colaterales de eventos como los bloqueos registrados en el país. Además, desmintió que el 82 % del presupuesto se concentre únicamente en la administración central y defendió que no se trata solo de gasto, sino de una distribución que dinamiza la economía. Montenegro también expresó su esperanza de que en 2025 se abandonen actitudes que generan conflictos y afectaciones económicas. Por su parte, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, señaló que el presupuesto busca mantener las políticas sociales y continuar impulsando el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, una estrategia clave del gobierno. Sin embargo, el analista económico Alberto Bonadona calificó el presupuesto como “muy optimista” y excesivamente orientado al gasto. Señaló que no hay grandes modificaciones respecto a gestiones anteriores y mencionó que las subvenciones, estimadas en $us 3.000 millones, representan un desafío. Bonadona sugirió realizar ajustes paulatinos en sectores específicos para aliviar la carga de estas subvenciones en las finanzas públicas. El debate sobre el PGE 2025 promete centrarse en su viabilidad y en las estrategias para equilibrar la inversión social, la industrialización y la sostenibilidad fiscal. WILMA CATARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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PGE ganó laudo arbitral contra SOBOCE, Estado no pagará indemnización

La Procuraduría General del Estado no pagará indemnización de 269,4 millones de dólares a Soboce, el Tribunal Arbitral se declaró sin competencia. La Procuraduría General del Estado (PGE) celebra que el Tribunal Arbitral se declare incompetente para resolver una demanda por 269,4 millones de dólares por la estatización de acciones de la cementera Fancesa, el litigió surgió por la reversión de acciones de Soboce a favor de la Gobernación de Chuquisaca mediante el Decreto 0616/2010 durante el Gobierno de Evo Morales. Los accionistas del consorcio cementero pidieron ante la Corte Permanente de Arbitraje un acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones Perú-Bolivia pidiendo una compensación de 183,2 millones de dólares además de dividendos de las acciones estatizadas de 86,2 millones de dólares, indicó César Siles, procurador general del Estado. El Estado boliviano presentó objeciones al tribunal alegando falta de jurisdicción, sin embargo, Soboce junto a sus accionistas del Grupo Gloria del Perú señalaron que continuarán acudiendo a canales judiciales y o arbitrales. POR YENNY TICONA

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