Comunarios contaminados con arsénico, plomo y mercurio se harán oír en el Legislativo
Este viernes 21, tres pueblos indígenas afectados por la actividad minera en Bolivia, llegarán hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ser recibidos en una audiencia pública. Denuncian la grave contaminación ambiental que sufren sus territorios y exigen el cumplimiento inmediato de los mandatos constitucionales que protegen sus derechos. “En los últimos años, la actividad minera en diversas regiones de Bolivia ha alcanzado niveles desmedidos, priorizando intereses económicos sobre la vida, la salud de nuestras poblaciones y la integridad de nuestros territorios indígenas. Nosotros hemos sido testigos y víctimas directas de las graves consecuencias de este modelo extractivista”, señalan las comunidades afectadas. En el país hay al menos tres casos que causan preocupación. Los afectados han decidido organizarse en un bloque para hacer escuchar sus demandas. En Oruro, en el Ayllu San Agustín de Puñaca, los suelos y aguas han sido contaminados por décadas debido a la minería, situación que obligó a los pobladores a interponer una Acción Popular. Como resultado, se emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1471/2022-S-3, la cual no ha sido cumplida por las entidades competentes del Estado. Estudios realizados en la sangre de los comunarios revelaron presencia de cadmio, plomo y arsénico en niveles alarmantes, superando ampliamente los estándares internacionales. Asimismo, al Norte de La Paz los pueblos indígenas que conforman la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), enfrentan la contaminación de los ríos y afluentes por la minería aurífera ilegal. El mercurio utilizado en estas actividades ha sido detectado en el cuerpo de la población, afectando al 75% de las personas evaluadas. En Potosí, en la Comunidad de Cantumarca, enfrentan un panorama similar. La contaminación del aire debido a las proximidades de los diques de colas, ha provocado niveles preocupantes de plomo en la sangre, especialmente en niños y adultos mayores, extremo que ha sido denunciado incluso por la Defensoría del Pueblo. Las comunidades afectadas demandan la aplicación efectiva de la Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Señalan que estos instrumentos garantizan su derecho a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada antes de cualquier actividad extractiva en sus territorios. A pesar de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1471/2022-S-3 y otras resoluciones favorables a los derechos de estas comunidades, las autoridades competentes han fallado en su implementación, dejando a las poblaciones afectadas en una situación de vulnerabilidad extrema. Ante esta crisis, los pueblos indígenas exigen el cumplimiento inmediato de las sentencias y resoluciones, la creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral financiado por las empresas responsables, y la conformación de una comisión mixta de seguimiento con la participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales. Las comunidades también alertan sobre la falta de fiscalización y voluntad política frente a estas vulneraciones, lo que pone en grave riesgo su salud y derechos colectivos. Advierten que la continuidad del modelo extractivista es insostenible y atenta contra los principios del Vivir Bien establecidos en la Constitución. Finalmente, las organizaciones llaman a la sociedad boliviana, medios de comunicación y organismos de derechos humanos, a visibilizar esta problemática y exigir respuestas concretas por parte del Estado. La justicia ambiental y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas no se pueden seguir postergando.
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