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Minería ilegal Bolivia

Imputan a 4 policías por el robo de mercurio valuado en $us 200 mil

El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó  hoy que el Ministerio Público, emitió la resolución de imputación formal en contra de Jorge E.P.M., Edgar CH.R., Elvio A.A., Osmar V.R.J., por los delitos de Robo Agravado y Allanamiento de domicilio y sus dependencias, que cometieron en contra de Fabricio J.A.B.Q., a quien le habrían robado mercurio líquido que se utiliza para la explotación minera valuado en 200 mil dólares, quienes se presentaron como policías para cometer el ilícito. Para los investigados se solicitará detención preventiva en el penal de Patacamaya. “Durante la investigación preliminar de los hechos delictivos se colectaron varios elementos de convicción que cursan en el Ecosistema Justicia Libre (JL) como el informe de acción directa, acta y muestrario fotográfico del registro del lugar del hecho, acta de colección de indicios materiales, acta de secuestro del vehículo usado en el hecho, entre otros que hacen presumir la participación de los imputados y de otras tres personas que son buscadas”, dijo Alave. Por su parte la Fiscal del caso, Odalis Peñaranda, informó que el hecho se registró el 15 de agosto de 2024, cerca de las 13:30, en circunstancias que el dueño del mercurio fue contactado por una mujer en su domicilio para supuestamente realizar la compra el mercurio líquido que era ofrecido de manera legal y con las licencias de venta. En esas circunstancias la mujer llamó a un supuesto jefe y le dijo que vayan a recoger al Megacenter de la zona sur, pero cuando llegaron, bajaron seis personas de una vagoneta y se habrían identificado como policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y acusaron a Fabricio J.A.B.Q., de tener armas en su vehículo y lo obligaron a volver en su motorizado a su casa. Al llegar al domicilio de la víctima, habrían allanado las dependencias y sacaron el mercurio liquido valuado en 200 mil dólares, que sirve para la explotación minera y lo habrían subido al vehículo de su propiedad y junto a él retornaron al Megacenter donde habrían trasladado el líquido a la vagoneta donde llegaron y se dieron a la fuga, el afectado que estaba junto a un amigo hizo la denuncia a la Policía. El Ministerio Público junto a la Policía inició la investigación y tras el congelamiento de imágenes colectadas y comparación de características fisonómicas por los lugares donde habría ocurrido los hechos, se logró identificar a uno de los presuntos autores, quien se habría puesto nervioso y se contradijo en la entrevista policial y fue aprehendido, posteriormente, se dio con los otros tres sospechosos y tres están prófugos, entre ellos la mujer que habría ido al domicilio de la víctima.

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Acción depredadora de los cooperativistas salta del oro a otros minerales

FOTO REFERENCIAL En 2023, el 99,5% de la producción aurífera de Bolivia provino del sector minero cooperativista, considerado uno de los mayores depredadores del medioambiente. Sus operaciones ya no se limitan al oro, se expandieron a otros minerales como el zinc, wólfram, estaño -entre otros-, con lo que hoy cubren el 58% de toda la producción minera del país. Los datos fueron obtenidos del “Anuario Estadístico 2023” del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. El documento fue publicado en marzo de 2024. “Lo que pasa con el oro se está repitiendo en otros minerales. El sector cooperativista ya superó a la empresa privada y en algunos casos a la estatal. Desafortunadamente toda la desregulación que generó el sector cooperativista en temas laborales, impositivos, ambientales y sociales se está ampliando, de alguna manera, a todo el sector minero”, afirmó el director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini. El pasado 7 y 8 de junio, representantes de más de 200 comunidades de tierras bajas de Santa Cruz, La Paz, Beni y Pando participaron en el encuentro “Minería en tierras bajas: impactos y desafíos”. En conjunto, emitieron un pronunciamiento en el que se declararon en estado de emergencia y rechazaron el avance de las operaciones mineras, legales e ilegales, por los atropellos en los que incurren. LAS COOPERATIVAS Y EL ORO “En nuestra región, de la noche a la mañana, las cooperativas mineras se multiplicaron, Aparecieron los denominados interculturales para convencer a la gente de que la minería es buena y trae desarrollo; llegaron con miras de entrar al parque nacional Madidi y destruir todo lo que encuentren a su paso en busca de oro”, señaló Paola Guerra, de la Plataforma de Defensa de las Áreas Protegidas de la provincia Abel Iturralde. De acuerdo con un boletín institucional del Viceministerio de Cooperativas Mineras, de 2021, en el país se reconocen tres actores productivos: el estatal, el privado y las cooperativas (cuentapropistas). Estas últimas, de 2006 a 2021, aumentaron en número y el registro pasó de las 911 cooperativas a 2.388, de las que su gran mayoría son auríferas. Es de este sector del que proviene el 99,5% de la producción de oro de toda Bolivia, según datos del “Anuario Estadístico 2023” el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. Este casi monopolio de la producción aurífera es una constante desde 2013, al igual que todos los problemas que contrae. “Empiezan convenciendo a gente del lugar, dividen a los pueblos y afirman que la cooperativa tiene una función social, porque están los lugareños. Al final acabas peleando con el vecino o tu familia porque unos están de acuerdo y otros no. Ahí empiezan los problemas, no solo ambientales. A los que no están de acuerdo los demandan, a otros los avasallan y otros sufren las consecuencias de la contaminación”, afirmó Guerra. El interés por la explotación de oro tiene que ver con el alza de los precios del mineral a nivel internacional, la falta de recursos para las regiones y pueblos indígenas, el movimiento de los colonos de occidente a oriente (Interculturales), el desempleo. “En 2021 las cooperativas eran 2.388. De estas, aproximadamente 1.500 cooperativas se dedican a la explotación de oro; el grueso está en el norte de La Paz, donde existe un modo de explotación depredador, que en los últimos años se está replicando en Beni y Pando”, señaló el investigador en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta. Añade que a esto se suma que en los últimos 18 años la normativa ha sido asimétrica, desde la CPE, seguida de la ley minera, los decretos supremos y las resoluciones ministeriales. “La flexibilización de las normas económicas y ambientales ha permitido que muchos opten por hacer una cooperativa. Las mismas comunidades indígenas se organizan en cooperativas e ingresan en la actividad minera”, afirma el investigador. A su parecer, una consecuencia de esta flexibilización es que las cooperativas están exentas del pago de impuestos, por lo que solo pagan regalías mineras. Los ingresos por regalías son bajos y no llegan al Estado central, dado que se distribuyen entre gobernaciones y municipios. Según Zaconeta, la discusión de un pago de impuesto sobre la explotación de oro está pendiente. Preocupada, Guerra sostuvo que el daño ya es notorio en sus fuentes de agua y que no hay impuesto o regalía que lo remedie. “Nuestras comunidades ya no pueden ni comer, no hay pescado en el río, las aguas tienen mercurio y contaminan el arroz, la yuca. Al mover la tierra colapsan los chacos de los pobladores y nadie dice nada”. LOS OTROS MINERALES Según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia, en 2020, el actor productivo minero privado fue el mayor productor con 1,5 millones de toneladas de mineral, 89,9% de toda la producción. Le seguían las cooperativas -con 102.970 toneladas- (6,1%) y el actor estatal con 66.880 toneladas (4%). Sin embargo, en cuanto al valor de producción, las cooperativas ocupaban el primer lugar por la explotación de oro en el norte de La Paz, en Beni, Pando y Santa Cruz. Solo el 2020 el valor de su producción llegó a 1,54 millones de dólares, apenas mayor al valor de la producción del sector privado que llegó a 1,51 millones de dólares, pese a tener el 89,9% de la producción minera del país. Para el 2023, el sector cooperativista pasó de cubrir el 6% de la producción a generar el 58%, superando al sector privado que pasó de producir el 89,9% en 2020 a 36% en 2023. “Las cooperativas mineras son las principales productoras de minerales, con el 58% del valor de producción, mismas que en los últimos años fueron incrementando su producción de oro. El valor de producción del actor minero privado alcanzó al 36% del total, con la producción de minerales complejos. Por último, la producción de la minería estatal representa el 6%”, detalla el “Anuario Estadístico 2023” del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización. “Desde 2021 el

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Contaminación minera: Confirman presencia de 9 metales en el río San Juan del Oro

La contaminación con metales pesados en el río San Juan del Oro es una realidad latente a consecuencia de la actividad minera. Un estudio de laboratorio encargado por el Gobierno Municipal de Yunchará y la Gobernación de  Tarija confirma la presencia de residuos de al menos nueve metales, por encima de los límites permisibles. Desde la Brigada Parlamentaria cuestionan la pasividad de las autoridades municipales, departamentales y del Gobierno Nacional frente a esta problemática. De acuerdo a los resultados e informe de interpretación del tercer análisis de muestras de agua del río San Juan del Oro, que ha elevado la Gobernación de  Tarija para el Gobierno Municipal de Yunchará, detalla que las muestras analizadas en laboratorio se realizaron tomando en cuenta parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, como ser: DBOs, DQO, Fosfato total, Amoniaco, Nitrógeno total, Cromo hexavalente, Antimonio, Arsénico, Cadmio, Mercurio, Plomo y otros parámetros. De acuerdo a los resultados de laboratorio del análisis de la primeras muestras tomadas en época húmeda en fecha 11/01/2022, en la comunidad de Sausalito Pueblo Viejo (X=260848; Y=7594486) y San Pedro (X=262798; Y=7596138), estos resultados reflejan la presencia de varios metales pesados, mismos que se encuentran por encima de los límites permisibles establecidos en el Anexo A-1 del RMCH de la Ley N° 1333, siendo que algunos parámetros incluso son mayores a clase D. Dejadez Desde la Brigada Parlamentaria de  Tarija cuestionan la dejadez de las autoridades ante la contaminación minera En cuanto al análisis en laboratorio del segundo muestreo tomado época de finalización de lluvias, en fecha 18/05/2022, en la comunidad de Sausalito Pueblo Viejo (X=260846; Y=7594498) y San Pedro (X=261988 Y=7600164), resultados que reflejan menor presencia de metales pesados que la vez primera. Sin embargo, los mismos igual se encuentran por encima de los límites permisibles establecidos en el Anexo A-1 del RMCH de la Ley N° 1333. En el caso del análisis en laboratorio del tercer muestreo tomado en la culminación de la época de estiaje, en fecha 06/10/2022, en la comunidad de Sausalito Pueblo Viejo (X=260855; Y=7594498) y San Pedro (X=261953; Y=7600063), estos resultados reflejan que tan solo Cadmio (metal pesado), DBOs y DQO, se encuentran por encima de los límites permisibles de clase C y D, establecidos en el Anexo A-1 del RMCH de la Ley N° 1333, Cadmio clase B y el resto de los parámetros se encuentran dentro de los límites permisibles de aguas de clase A. Es decir que en esta época la presencia de metales pesados en el agua es mínima. En la parte conclusiva de este informe, refiere que el agua en el tramo que pasa por la comunidad San Pedro, en base a los resultados obtenidos, es de clase D, motivo por el cual según lo establecido en el RMCH, Anexo A-1, para ser utilizado para las actividades de riego, uso para consumo humano, uso animal, recreacional, debe ser sometido a diferentes procesos de tratamiento de adecuación. Asimismo, enfatiza que en el agua se tiene presencia de metales pesados (Cromo Hexavalente, Antimonio, Cobre, Arsénico, Estaño, Cadmio, Cianuro libre, Mercurio, Plomo), de los cuales dos (Cromo Hexavalente y Arsénico) están catalogados como cancerígenos. Las críticas La diputada por Comunidad Ciudadana (CC) y vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de  Tarija, Esther Sánchez, detalló que tanto el municipio de Yunchará como la Gobernación son conocedores de esta situación desde la gestión 2022 y principios del 2023. Sin embargo, observa que han sido “flojas” las actividades para abordar esta problemática. “Como Brigada estamos convocando para el 6 de agosto para que lleguen hasta  Tarija los ministros de Minería y Metalurgia, de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), además de convocar a la Gobernación, para que brinden informes de las acciones que han asumido al haber sido conocedores de estos estudios y de la minería ilegal que se viene dando en la zona alta de  Tarija. No hemos visto ninguna acción”, cuestionó. Sánchez manifestó que también se está solicitando informes sobre los casos de cáncer, por municipio, además de que se especifique la prevalencia de otras patologías, para lograr identificar si existe alguna relación con la contaminación minera. Adelantó que también se tiene previsto convocar al Ministerio de Salud. (El País – Tarija)

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BOLIVIA, EL PAÍS DE LA TIERRA ENVENENADA

Elva Arando tiene 47 años y creció frente a una montaña de 4,3 millones de toneladas de residuos mineros abandonados, también llamado pasivo ambiental. Es el depósito San Miguel de Cantumarca, en Potosí, uno de los 1.188 inventariados por el Estado en Bolivia. Aquí, en medio de la ciudad, el cierre perimetral de estos tóxicos consiste en unos postes de madera de metro y medio de altura, como si se tratase del lindero de una chacra. Pero en realidad el lugar contiene cargas sulfurosas y óxidos con contenidos de cuarzo, pirita, esfalerita, galena, calcopirita y también plata, plomo, estaño y zinc. Todos, nocivos para la salud y el medio ambiente. Mientras esta mujer camina, sus zapatos café pisan un material aceitoso marrón y amarillo que se ha acumulado al costado de la Ruta Nacional 5. Es el contaminante que dejó en 1985 la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por la explotación de estaño durante 45 años, que se escurre por la carretera que une la ciudad imperial con el majestuoso Salar de Uyuni. El dique San Miguel contiene cargas sulfurosas y óxidos con contenidos de cuarzo, pirita, esfalerita, galena, calcopirita y también plata, plomo, estaño y zinc. Elva dice que sus abuelos y la gente de esa época permitieron instalar ese depósito ante la necesidad de dos piletas públicas de agua, sin pensar que con los años este y otros pasivos mineros de la zona se convertirían en los verdugos de sus hijos y nietos. Entre ellos, ella, que ahora tiene plomo en su sangre en niveles que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que afecta al ser humano. Alrededor del millar de pasivos ambientales que envenenan la tierra en Bolivia viven 304 comunidades, detectadas mediante análisis de información geográfica para esta investigación de ACCESO y CONNECTAS, en alianza con El Deber, El País y Erbol. Los estudios sobre la afectación a los humanos en estos sitios también es una cuenta pendiente, porque el Estado tampoco invierte en ello. Pero en dos lugares donde sí lograron hacerse pruebas de laboratorio bajo esfuerzo de los vecinos y organizaciones no gubernamentales, el 45% de los estudiados, están afectados por metales pesados en su organismo. San Miguel no es el único problema de Cantumarca. A unos dos kilómetros hacia el oeste, Laguna Pampa I y Laguna Pampa II forman parte de otros 782 pasivos ambientales aún no inventariados, según cálculos del Servicio Geológico Minero (Sergeomin). Ambos son depósitos de residuos mineros en los que el Gobierno prorrogó su cierre y mitigación. Hay caseríos alrededor que no cambian su imagen apocalíptica: es un desierto de tierra plomiza con cúmulos de agua, verdosa o marrón, dispersa por todos lados; tuberías en desuso botadas a un costado; volquetas que entran y salen del lugar; y un viento de abril que levanta partículas de polvo contaminadas y las esparce por el vecindario. Diez minutos son suficientes para salir con los ojos rojos y un escozor en la garganta, como si se hubiese tragado gas pimienta que usa la policía en una represión. Aquí no se requiere contraseña para entrar al inframundo; se nace y se vive en él. En Bolivia, un país minero, se permite a los industriales exprimir la tierra y dejar una herencia tóxica. En los últimos 30 años, entre el Ejecutivo nacional, gobernaciones y alcaldías recibieron más de 5 mil millones de dólares por regalías e impuestos a la minería, mientras que los operadores produjeron minerales valuados en más de 52 mil millones de dólares. Además, esta actividad permaneció entre los tres primeros rubros de exportación con mayor valor económico. A cambio, el Estado mediante la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sólo mitigó un pasivo ambiental con recursos propios y 12 con inversión de la cooperación Danesa. Los trabajos se realizaron entre 2004 y 2014. Ese último año, con la nueva Ley de Minería también se dejó de legislar sobre quién se hace cargo de los contaminantes mineros originados antes del 1992. Luego, los ministerios de Minería y el de Medio Ambiente tampoco generaron una normativa específica para la restauración de pasivos ambientales. Ríos, lagos, lagunas y quebradas, junto a su biodiversidad, también son víctimas de la tierra envenenada que deja la minería. Cerca de 400 fuentes hídricas —detectadas para esta investigación— están dentro del área de influencia (1 kilómetro) de los pasivos ambientales. En 20 ríos está demostrada su afectación por estudios científicos, donde es imposible la vida de la flora y fauna. Son prácticamente ríos muertos. LA SALUD AFECTADA Tiene dos años de edad y por sus venas corren 14,7 miligramos de plomo por cada decilitro de sangre (ug/dl); es la paciente afectada más joven de Cantumarca. La mina le ha marcado para el resto de su vida. Lo más probable es que su cerebro se vea afectado y desarrolle una discapacidad intelectual, porque la OMS advierte que esos son los efectos que puede tener un infante si tiene más de 3,5 miligramos de este tóxico en su cuerpo. Aunque también aclara que no existe ningún nivel de plomo en el organismo que se considere exento de riesgo. Vicente Arando, un tipo de tez colorada y un bastón de cacique, sabe bien que en Cantumarca la desgracia está en los pasivos ambientales mineros, porque de 116 personas sometidas a pruebas de laboratorio en el año 2023, el 80% tenía niveles de plomo en su sangre (unos con mayor grado que otros). Vicente Arando, cacique de Cantumarca. De fondo, residuos mineros secos depositados en el dique Laguna Pampa I y II. Esos test no los fueron a realizar el Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud ni alguna institución de medio ambiente; los mismos pobladores recaudaron dinero y gestionaron ayuda del laboratorio privado Niño Jesús, porque el Estado siempre estuvo ausente. Las entidades públicas más bien les cuestionaron el por qué se hicieron estos estudios, recuerda Elva Arando aquel episodio ocurrido en Potosí; ella es agente comunal. Jael Aquilar, una bioquímica que antes había procesado muestras de sangre para

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Escasez de carburantes en las ciudades está relacionada con el desvío de combustible destinado a la explotación de oro

En los últimos años la explotación ilegal de oro se incrementó así como el desvío ilegal de combustible. Un reportaje de la Revista SOStenibles, que tuvo acceso a un informe interno dirigido al SERNAP, revela que solo en una semana se ingresó al Parque Nacional Madidi unos 53 mil litros de combustible a bordo de vehículos sin placas. Otro factor que incentiva el desvío de combustible para actividades mineras ilegales es el reinicio de operaciones: una vez concluida la época de lluvias, las dragas trabajan las 24 horas, por lo que la demanda de combustible también se incrementa. En los centros mineros del norte de La Paz, como Guanay, Tipuani, Mapiri, entre otros, el precio del litro de combustible puede llegar a costar hasta Bs 15. Según el investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta, existen más de 1400 cooperativas auríferas y así el control es prácticamente imposible. Ante esta problemática plantea la creación de una ley del oro que permita controlar y regular todas las actividades relacionadas a la explotación de este metal precioso. (RTP)

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Comunarios de Alcko Tambo bloquean hace 3 meses para expulsar a una minera por contaminación

Desde febrero de este año, los indígenas de la comunidad Alcko Tambo, del departamento de Potosí, llevan adelante un bloqueo exigiendo que la empresa minera La Estrella se retire de su territorio, debido a la contaminación que generó no sólo en sus suelos, sino también el ambiente y a las fuentes de agua. “Estamos afectados en nuestro cotidiano vivir, está afectando a nuestro medio ambiente, no tiene el mínimo cuidado (…). El dique de colas de esta empresa sólo son fosas, han cavado fosas que no tienen geomembrana ni nada”, denunció el curaca comunal de Alcko Tambo, Víctor Cardozo, al Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS. De acuerdo al reporte, pese a las condiciones climáticas los comunarios no han cesado en el bloqueo que se instaló en la vía de acceso al ingenio minero, en la misma comunidad Alcko Tambo, perteneciente al ayllu Jesús de Machaca, que está detrás del cerro Rico de Potosí. A la vez, la autoridad indígena afirmó que la empresa no cumplió con las actas y las resoluciones comunales que determinaron su expulsión, tampoco con los informes y resoluciones administrativas de la Alcaldía y de la Gobernación de Potosí que confirman la contaminación ambiental y la falta de licencias ambientales de los diques de cola (depósitos de deshechos) de la empresa. La disputa con La Estrella se remonta a 2021. A través de una nota dirigida a diferentes instituciones de Potosí, los comunarios alertaron que la vida útil del dique de colas de la empresa feneció y estaba al borde del colapso. Pese a ello, la empresa continuaba con sus operaciones y los desechos mineros eran depositados en “pequeñas fosas” y en un segundo e improvisado dique de colas que no cumplía con los parámetros técnicos para preservar el medioambiente. Ese año, la Jefatura de Medio Ambiente de la Alcaldía de Potosí emitió una denuncia a la Dirección de Madre Tierra de la Gobernación, que corrobora que la empresa minera La Estrella no contaba con licencia ambiental para cavar fosas o construir un nuevo dique de colas, por lo que incumplía normas ambientales vigentes. Al informe de la alcaldía de 2021, se suma otra emitida en agosto de 2022 por la Secretaría Departamental de Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, en el que se constata que los dos diques de cola de la empresa no tienen sistema de drenaje ni impermeabilización, además, una, la primera, “tiene fisuras” y la segunda una infraestructura “incompleta”. Estas irregularidades, según los comunarios, provocan la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad, dado que, al no tener los diques su geomembrana (láminas para evitar filtración de los residuos), los desechos ingresan a éstas. “Nos han contaminado y les han demandado a nuestras autoridades. (La empresa) nos persigue penalmente y por eso la comunidad ha decidido sacar a la empresa, tomarla pacíficamente y hacer el bloqueo, que ya está yendo a los tres meses”, contó el dirigente. La abogada de los comunarios, Angela Uzuna Bobarin, precisó que, a raíz del bloqueo y las acciones administrativas asumidas por los comunarios, la empresa minera ha denunciado a los dirigentes y también envió a los trabajadores mineros a enfrentarse con los comunarios que realizan este bloqueo. Eso ocurrió en febrero, cuando con palos y otros objetos, los mineros golpearon a los comunarios y le rompieron la nariz a un adolescente de 14 años. “La medida del bloqueo y toma pacífica se debe al desplazamiento del segundo dique de colas, que no tiene licencia medioambiental y debido a la lluvia y el trabajo de la empresa, iba a colapsar, entonces se ha asumido esta medida preventiva en el mes de febrero, y están ahí en bloqueo. Ya están tres meses en el punto de bloqueo, es tanto el compromiso que están mujeres, niños y adultos mayores”, explicó la jurista. Finalmente, Cardozo aseguró que no abandonarán el bloqueo al ingreso de la empresa minera hasta que ésta se comprometa a salir de la comunidad, pague por los daños ambientales generados y retire las denuncias presentadas en contra de los dirigentes. (Anf)

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19 contratos mineros que no tienen estudio ambiental están a punto de ser aprobados en la ALP, incumpliendo el Artículo 93 de la Ley Minera

FOTO: BOLIVIA ENERGÍA LIBRE Desde el pasado mes de abril, 19 contratos mineros están a punto de ser aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Estas concesiones mineras se ubican en el departamento de La Paz y ninguno de estos contratos presentan estudios de impacto ambiental, incumpliendo el Artículo 93 de la Ley Minera. Pero eso no es todo, las 19 concesiones mineras beneficiaran a cooperativas auríferas de La Paz, 13 en la provincia Inquisivi, 4 en Larecaja, una en la provincia Loayza y la otra en la provincia Murillo. Estos contratos, si son aprobados, se extenderán por 30 años y utilizarán mercurio para la explotación. Para el investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta, especialista en temas mineros, este incremento desmedido de la actividad minera en el país se debe a la falta de normativas y facilidades que tienen las cooperativas para la explotación de oro. Debido a la falta de información y al pésimo trabajo de la AJAM, es difícil precisar si dichas concesiones afectaran áreas protegidas, pero una cosa es segura, el impacto al medio ambiente será devastador. (RTP)

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