FOTO: INRA El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, indicó que como institución técnica se tiene una contradicción para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto a la titularidad de tierras a favor de la familia Marinkovic. “Cuando al INRA le exijan el cumplimiento, pues nosotros vamos a preguntar, pues esta misma sala en una sentencia de años anteriores dijo que en estos casos el INRA no puede titular más de 5.000 hectáreas y ahora se pretende, se pueda reconocer en este predio 21.0533 hectáreas, eso no puede ocurrir”, manifestó Núñez. Explicó que la primera sentencia S2ª 61/2022 emitida en noviembre de 2022 dejó sin efecto la Resolución Administrativa RA-SS 0143/2020 de 15 de septiembre de 2020, pronunciada dentro del proceso de Saneamiento Simple a pedido de parte, respecto al Polígono 175 correspondiente al predio Tierras Bajas del Norte en el municipio de San José de Chiquitos, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz. La demanda fue interpuesta por Juan José García Cruz, exviceministro de Tierras en el gobierno de Jeanine Áñez, contra el director del INRA, Eulogio Núñez, impugnando la Resolución Administrativa 0143/2020. Mientras que la segunda sentencia, la 1016/2023-S, emitida el 28 de diciembre de 2023 por la Sala Cuarta Especializada del TCP, otorga la tutela del predio Tierras Bajas del Norte a la familia Marinkovic con una superficie de 21.533 hectáreas. La resolución, firmada por los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado y René Iván Espada, dejó sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional 61/2022 de 11 de noviembre, que anulaba varios avances en el proceso de saneamiento. “Nos sorprendió esta sentencia que lo emitió esta sala cuarta del Tribunal Constitucional. Lo que corresponde al INRA en este predio en concreto, ya lleva 23 años intentando concluir el proceso de saneamiento, pero lamentablemente la chicana jurídica, paso que daba el INRA, siempre fue presentar amparos quejas y así fueron dilatando”, sostuvo. Recursos Durante todo el proceso, dijo Núñez, la empresa del predio presentó incidentes en todas las etapas, pese a que el Tribunal Agroambiental dio la razón al Estado de que no correspondía esa superficie a la familia Marinkovic. Indicó que ese predio tiene una condición de poseedor legal y en Bolivia se establece que el INRA no puede titular más allá de las 5.000 hectáreas por titular. El viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, indicó que la sentencia da razón a gente que ostenta la tierra para negociarla y traficarla para intereses personales, políticos de poder, por lo que se analiza el inició de un proceso penal contra los dos magistrados. La familia Marinkovic afirma que le corresponden los predios Empresa Agropecuaria Laguna Corazón, de 12.480 hectáreas, en la provincia Guarayos, y la Empresa Agropecuaria Tierras Bajas del Norte, de 21.000 hectáreas, en la provincia Chiquitos. Ambos suman más de 33.480 hectáreas. (LA RAZÓN)
