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magistrados autoprorrogados

Exigen investigación y sanciones contra magistrados por “autoprorroga inconstitucional”

Los asambleístas de Somos Pueblo, Israel Alanoca y Fernando Condori, presentaron ayer un memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el que demandan tres acciones inmediatas. El cese de los magistrados autoprorrogados, el inicio de una auditoría jurídica a todas sus sentencias, resoluciones y autos que emitieron, además de la apertura de una denuncia penal por los delitos de Prolongación y Usurpación de Funciones y Resoluciones Contrarias a la Constitución y la Ley. “Ya existe en el Tribunal Constitucional al menos cuatro magistrados electos y legítimos, el memorial está dirigido a los magistrados que tienen la legalidad y legitimidad del pueblo boliviano. (Pedimos) primero decretar el cese inmediato de los cinco magistrados autoprorrogados. No puede ser que los nuevos magistrados, que el pueblo boliviano ha elegido este 15 de diciembre, puedan convivir con estos sinvergüenzas autoprorrogados que siguen en el Tribunal. Por eso lo primero que estamos pidiendo, en el marco del código procesal, es que ellos puedan decretar el cese de funciones de los cinco autoprorrogados, segundo estamos pidiendo que de oficio pueda iniciar una demanda penal por los delitos de prolongación y usurpación de funciones”, manifestó Alanoca. En el documento, dirigido a los magistrados posesionados Boris Wilson Arias López, Ángel Edson Dávalos Rojas, Amalia Laura Villca y Paola Verónica Prudencio Candia, los legisladores departamentales señalaron que el mandato constitucional de los magistrados electos en 2015, cesó el 2 de enero de 2024. Sin embargo, mediante la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, ellos mismos dispusieron su continuidad, una “autoprorroga de facto”. “La Constitución Política del Estado, en su artículo 183, establece de manera clara y categórica que el mandato de las autoridades judiciales es de seis años improrrogables. Este plazo culminó el 2 de enero de 2024, sin que existiera norma válida que justificara su continuidad en el cargo, empero, los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Karem Lorena Gallardo Sejas e Isidora Jiménez Castro, excediendo sus competencias prolongaron de facto su mandato mediante la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 y la SCP N” 0770/2024, decisiones contrarias al texto constitucional que generaron una crisis de legitimidad y desvirtuaron el principio de independencia judicial”, se lee en el memorial. Alanoca y Condori argumentaron que dicha resolución vulnera los principios fundamentales de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece límites claros para los mandatos judiciales y prohíbe su extensión indefinida. Además, citaron estándares internacionales como la Opinión Consultiva OC-028/2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que enfatiza la necesidad de plazos definidos para garantizar la independencia e imparcialidad judicial. Alanoca sugirió que los nuevos magistrados del TCP propongan una ley al Legislativo nacional, que habilite al suplente más votado para tener quórum mientras se elige a los magistrados que hacen falta. “¿Vamos a tener una Sala Plena con personas que ya no tienen ni funciones ni mandato?”, cuestionó el legislador departamental y advirtió que uno de los riesgos es que los magistrados electos y legítimos deban someterse a una mayoría ilegal, que ha demostrado responder a “intereses políticos”. RTP

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Con una Justicia sin credibilidad y hundida en corrupción, el TCP lanza 2 fallos que sacuden la política nacional

En su mensaje a la nación, David Choquehuanca admitió que la justicia es “corrupta” y “mercantilizada”, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó ayer sobre la pérdida de legitimidad de la administración de este sistema En el peor momento del sistema judicial, dos fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) movieron el tablero político del país. El TCP anuló las elecciones de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, y del mismo TCP en Pando,  Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. El fallo, emitido el 4 de noviembre, se conoció recién el pasado jueves 7 de noviembre. El segundo ratificó un fallo de fines de 2023 con el que se descartó la reelección presidencial “continua” o “discontinua”. El dictamen se conoció tras el bloqueo de caminos de 24 días que promovió Evo Morales, el político que quiere volver al poder siendo líder del MAS, el partido gobernante. En medio de estas decisiones, el vicepresidente David Choquehuanca cuestionó el trabajo del sistema judicial. Durante el informe con el que comenzó el último año de su mandato, calificó a la Justicia de “mercantilista” y “corrupta”. “Seguimos ensayando un modelo de justicia, vía elecciones judiciales, que no funciona y está cansando más al pueblo. Todo el sistema judicial está mercantilizado y es corrupto, y lo que se está reformando no alcanza para remediarlo”, afirmó la autoridad. Desde 2009, Bolivia ha celebrado dos elecciones de magistrados —2011 y 2017— del Órgano Judicial, a partir de una preselección de candidatos que se realizó en el ámbito del debate político de la Asamblea. Esta reforma fue presentada entonces como parte de las transformaciones más radicales del Estado Plurinacional que defiende el vicepresidente. Esa fórmula electoral no funcionó en 2023 y provocó que los magistrados decidan prorrogarse de manera unilateral e indefinidamente en sus cargos más allá del mandato que les otorgó el voto. Esos comicios fueron fijados para diciembre de este año, pero el fallo del TCP emitido por esas mismas autoridades salientes, volvió a poner en vilo el proceso. Ante este escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a llevar adelante las elecciones de los magistrados del Órgano Judicial el 15 de diciembre, de acuerdo con el cronograma del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y alertó del deterioro de la Justicia. “La CIDH recuerda que la demora excesiva en la designación de personas operadoras de justicia de las más altas instancias puede dar lugar a cuestionamientos sobre la legitimidad de la administración de justicia y causar afectaciones al Estado de derecho como elemento indispensable de la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos”, señala ayer en comunicado emitido a través de su canal digital y redes sociales. El TSE no validó la decisión del Tribunal Constitucional y llamó para este lunes a una reunión con los representantes de los poderes públicos del Estado y a representantes de todos los partidos políticos para evitar el debilitamiento institucional del Estado y reafirmar el poder de este organismo, establecido en la CPE, de llevar adelante comicios electorales sin interferencias de ninguna índole. EL FACTOR EVO El evismo cuestionó la sentencia y acusó al Gobierno de estar detrás de la determinación. Además, observó que los mismos magistrados que “favorecieron” a Manfred Reyes Villa y Branko Marinkovic son los que están “restringiendo” la candidatura de su líder. El exministro Carlos Romero afirmó que los mismos vocales de la Sala Cuarta del TCP, Gonzalo Hurtado e Iván Espada, quienes devolvieron tierras a Marinkovic y anularon los juicios de Manfred Reyes Villa, ahora restringen la repostulación de Evo Morales para las elecciones generales de 2025. Romero dijo que la “reelección discontinua” solo existe en la interpretación de estos vocales y enfatizó que ni siquiera la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) abordó esta categoría. Dijo que la Corte-IDH únicamente vetó la reelección indefinida de un funcionario en ejercicio. El Auto Constitucional 0083/2024-ECA declara que el periodo de mandato de las autoridades electas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial serán “únicamente” por dos periodos, sean estos continuos o discontinuos, sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato. El diputado José Carlos Gutiérrez, de la alianza Creemos, aseguró que con el fallo del TCP se “acabó el caudillismo” y que Evo Morales “nunca más va a poder ser candidato a presidente”. El legislador dijo que la decisión que tomaron los magistrados es la “muerte política” de Morales. (El Deber)

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