Estados Unidos

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que las negociaciones para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo comenzarán el viernes en Suiza, tras la firma del memorando de entendimiento que reabrió el estratégico estrecho de Ormuz. Araqchí explicó que se puso fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero, aunque la entrada en vigor del acuerdo provisional de paz será el viernes. El jefe de la diplomacia iraní indicó que las conversaciones estarán centradas en el programa nuclear y se desarrollarán durante 60 días, con el objetivo de lograr el levantamiento de sanciones. El memorando, alcanzado el domingo tras tres meses de negociaciones, aborda el fin de la guerra, la situación en el estrecho de Ormuz, la liberación de fondos bloqueados y las compensaciones para la reconstrucción en Irán. Sin embargo, el vicepresidente estadounidense JD Vance aclaró que los fondos solo se liberarán si Teherán elimina sus reservas de uranio altamente enriquecido. Agencias

Los ataques militares de Estados Unidos contra dos embarcaciones presuntamente utilizadas por personas narcotraficantes, que según la administración Trump dejaron al menos 14 personas muertas, constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales, señaló hoy Human Rights Watch. Los ataques se producen en el marco de los esfuerzos de la Casa Blanca por ampliar sus atribuciones para atacar a los llamados “narcoterroristas”, lo que podría facilitar más violaciones de derechos humanos. “Las autoridades estadounidenses no pueden matar de forma sumaria a personas a las que acusan de traficar con drogas”, afirmó Sarah Yager, directora de la oficina de Washington de Human Rights Watch. “El problema del narcotráfico hacia Estados Unidos no constituye un conflicto armado, y las autoridades estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones de derechos humanos pretendiendo lo contrario”. El 2 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció que fuerzas militares estadounidenses habían atacado una lancha rápida procedente de Venezuela en aguas internacionales, matando a 11 personas que, según indicó, eran integrantes del Tren de Aragua, un grupo del crimen organizado venezolano designado por el Departamento de Estado de EE. UU. como organización terrorista extranjera. El secretario de Estado, Marco Rubio, describió la embarcación como operada por una “organización narcoterrorista” que transportaba drogas hacia Estados Unidos. Ese mismo día, Trump publicó en la red social Truth Social imágenes aéreas de la explosión de la lancha. A partir del video, aunque de baja resolución, Human Rights Watch pudo confirmar visualmente que había al menos seis personas a bordo en el momento del ataque. La ubicación exacta de la embarcación y la hora del ataque no han sido verificadas. Según The New York Times, un alto funcionario estadounidense señaló que el ataque fue perpetrado por una aeronave de operaciones especiales —ya sea un helicóptero de ataque o un dron MQ-9 Reaper—. El 15 de septiembre, Trump anunció que las fuerzas militares estadounidenses habían llevado a cabo un segundo ataque contra otra lancha procedente de Venezuela en aguas internacionales, matando a tres hombres. Las imágenes del ataque muestran la embarcación inmóvil con al menos dos personas a bordo antes de que fuera envuelta por una explosión. Human Rights Watch no pudo verificar dónde ni cuándo se produjo el ataque. En su publicación sobre este segundo ataque, Trump afirmó: “¡ESTÁS ADVERTIDO: SI ESTÁS TRANSPORTANDO DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, TE VAMOS A CAZAR!” El uso de fuerza letal por parte del ejército estadounidense contra presuntos narcotraficantes en estos dos ataques violó el derecho internacional de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha ratificado, protege el derecho a la vida. Según las normas del derecho internacional de los derechos humanos, quienes participan en tareas de seguridad, incluidas las fuerzas militares, deben actuar buscando siempre minimizar los daños y preservar la vida humana. Solo se puede recurrir al uso de la fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente. En ambos ataques, las autoridades estadounidenses no hicieron ningún esfuerzo por minimizar el daño ni han demostrado que las personas a bordo de las embarcaciones representaran un riesgo inminente para la vida. Tampoco se intentaron alternativas no letales, como la intercepción o el arresto. Por el contrario, los funcionarios del gobierno han descrito los ataques en términos que los vuelven ejecuciones selectivas ilegales. El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, junto con otras dos personas expertas en derechos humanos de la ONU, ha condenado en una declaración conjunta ambos ataques calificándolos de ejecuciones extrajudiciales. El derecho internacional humanitario, que regula la conducción de hostilidades en situaciones de conflicto armado, no se aplica en este contexto. Estados Unidos no está involucrado en un conflicto armado con Venezuela ni con los grupos delictivos implicados. Los gobiernos de otros países deberían condenar estos ataques, tanto en público como en privado, señaló Human Rights Watch. Estos ataques se han producido en el contexto del desmantelamiento, por parte de la administración Trump, de los mecanismos internos de supervisión legal dentro del ejército estadounidense. Las principales garantías para asegurar el cumplimiento del derecho internacional han sido debilitadas, afirmó Human Rights Watch. En febrero, la administración removió de sus funciones a altos oficiales del cuerpo jurídico militar —los denominados judge advocates, encargados de revisar la legalidad de las operaciones—en la toma de decisiones clave. Ese mismo mes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, firmó una directiva que redujo considerablemente la supervisión de los ataques aéreos y las operaciones especiales, otorgando a los comandantes mayor margen para autorizar el uso de la fuerza letal sin la revisión legal de varios niveles que antes era requerida. Esta erosión de las garantías legales incrementa el riesgo de ataques ilegales y socava la capacidad del ejército de cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. “El ejército de Estados Unidos debería cancelar de inmediato cualquier plan de futuros ataques ilegales y garantizar que todas sus operaciones militares cumplan con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, afirmó Yager. “El Congreso debe iniciar una investigación inmediata y transparente sobre el proceso de toma de decisiones detrás de estos ataques, incluida la justificación legal y la cadena de mando”. AGENCIAS