Olga Margarita Poma, jueza pública del Tribunal Departamental de La Paz, ordenó a la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional incorporar de inmediato en la lista de habilitados al postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes, exfiscal, exjuez y exvocal ordinario que planteó una Acción de Amparo en el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales. Esta determinación fue calificada por dos parlamentarios, uno del oficialista MAS y otra de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), como una “intromisión” en la competencia del Órgano Legislativo y una “usurpación de funciones”. Un abogado independiente consultado por CORREO DEL SUR y que prefirió mantener su nombre en reserva advirtió que la actuación de la juzgadora de La Paz podría incluso ser tipificada como prevaricato. EL CASO El postulante Blanco planteó una Acción de Amparo Constitucional en la que denunciaba la vulneración de sus derechos a la hora de ser inhabilitado del proceso de preselección. Acto seguido, la Jueza en cuestión dejó sin efecto la Resolución 41/2023-2024 de la Comisión Mixta que inhabilitó al postulante alegando que esa instancia legislativa no justificó las razones para excluirlo de la lista, no valoró la prueba que acompañó el accionante y tampoco estableció una responsabilidad en un proceso penal en el que Blanco salió eximido y la demanda en su contra fue rechazada. Asimismo, Poma, que hizo de tribunal de garantías, dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta en el Auto de Admisión de la Acción de Amparo del 12 de abril, que paralizaba momentáneamente el proceso de preselección. “Por tanto, la Suscrita Juez Público Civil y Comercial, Niñez, Adolescencia e Instrucción Penal 1º de Achocalla-Provincia Murillo del Departamento de La Paz, en mérito a las consideraciones expuestas (…) concede la tutela solicitada por el accionante Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes, dispone: Dejar sin efecto la Resolución Nº 41/2023-2024 (…) instruyéndose su habilitación ante la Comisión Mixta de Justicia Plural Ministerio Público y Defensa Legal del Estado”, señala parte de la resolución de la jueza de garantías. La juzgadora determinó que la Comisión Mixta hizo una “interpretación absurda y arbitraria de la prueba, así como una interpretación indebida y anómala de la norma ingresando en una violación al derecho al debido proceso, significando un agravio que debe ser reparado”. MESA VE COMPLOT El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, advirtió que “no parecen posibles las elecciones judiciales” al observar un “complot” entre los actuales magistrados y el gobierno de Luis Arce para impedir los comicios en base a la aceptación de todos los recursos que presenten sus candidatos y a la dilación de todo el proceso”, publicó en redes sociales. REACCIONES La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la interrupción del proceso de preselección judicial y anunció que “la institución agotará toda oportunidad de convocar a las instancias a garantizar la elección democrática de sus autoridades judiciales”. El diputado ‘evista’ Héctor Arce acusó al Gobierno de intentar “sabotear” el proceso de las elecciones judiciales. “No creo que se lleve elecciones judiciales este año. Buscarán cualquier chicanería para sabotear este proceso y los autoprorrogados se quedarán hasta 2026”. La abogada Kathia Saucedo prevé dos escenarios: que el tribunal deniegue la tutela y todo siga su curso, se declare procedente la acción y se levante la medida cautelar del proceso de preselección y ordene se revisen los documentos del postulante; y que no levante la medida cautelar y la mantenga en tanto el TCP, no se pronuncie. Consultado sobre la paralización de las judiciales, el abogado y exalcalde de La Paz Juan del Granado dijo que si bien esta elección no es el “gran mecanismo” para la selección de autoridades del Judicial y el TCP, representa una mejor alternativa a la prórroga de los actuales magistrados. TSJ: AMPAROS NO DEBEN HACER INVIABLE ELECCIÓN El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, indicó que las acciones de amparo constitucional que dejaron en suspenso la fase de preselección de postulantes a magistrados no deben hacer inviable la prosecución del proceso hasta concluir con la elección de las nuevas autoridades judiciales este año. “Aguardamos que estas acciones de amparo constitucional sean resueltas en los términos y plazos que establece la Constitución y el Código Procesal Constitucional (CPC), pero que de ninguna manera esto haga inviable la prosecución del proceso”, dijo al señalar que “consideramos que el proceso debe continuar en los plazos y términos que están establecidos, tenemos esa esperanza”. Según la autoridad del TSJ, las acciones de defensa interpuestas por los postulantes son resultado del ejercicio ciudadano de los derechos y garantías establecidos por la Constitución y las leyes. DIPUTADO NIEGA QUE EL PROCESO ESTÉ EN RIESGO El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), descartó este miércoles que el proceso de preselección de candidatos a magistrados se encuentre en riesgo y dijo que solo estará paralizado temporalmente, a la espera de la resolución de los recursos presentados por aspirantes excluidos. “La determinación del Tribunal de Garantías del departamento de Santa Cruz, con relación al amparo constitucional presentado por una postulante (Margarita Medrano Mayta), señala la suspensión de las evaluaciones orales hasta el momento en el que se resuelva esta demanda”, declaró este miércoles. Jáuregui afirmó que se “modificará el plazo de evaluación de los candidatos al Órgano Judicial, pero no se afecta a todo el proceso”. En caso de un fallo a favor de la postulante, la comisión evaluará nuevamente su situación e “inmediatamente el proceso prosigue. No está en riesgo el proceso, simplemente es una suspensión, es una paralización temporal hasta que se pueda determinar la situación jurídica de la señora impetrante”, remarcó. BLANCO EJERCIÓ COMO FISCAL, JUEZ Y AHORA ES VOCAL Ramiro Ariel Julio Blanco Fuentes fue fiscal de Materia, juez y vocal en los distritos judiciales de Oruro y La Paz y en 2011 fue demandado en una acción de libertad por haber dispuesto una detención preventiva a una persona dentro de un proceso penal
