Ecuador

Ecuador celebra este domingo una elección presidencial con Daniel Noboa y Luisa González compitiendo en un balotaje marcado por un empate técnico. La inseguridad ligada al narcotráfico, los temores a fraudes y la crisis económica enmarcan esta jornada electoral.  Una cerrada contienda presidencial culmina este domingo en Ecuador, cuando más de 13,7 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para decidir el rumbo político del país andino durante los próximos cuatro años. Por un lado, el continuismo representado por el actual presidente Daniel Noboa, quien sostiene que necesita más tiempo para combatir a las bandas del narcotráfico y reactivar la economía. Por el otro, el posible regreso del correísmo con Luisa González, cuya elección marcaría un retorno a las políticas socialistas que predominaron durante una década en el país. Según los últimos sondeos, ambos candidatos llegan al balotaje en un empate técnico. En la primera vuelta, celebrada el 9 de febrero de 2025, Noboa obtuvo apenas 16.746 votos más que González. El actual mandatario, que lleva poco más de 16 meses en el poder tras imponerse en las elecciones de 2023 para completar el mandato de su predecesor, alcanzó el 44,15% de los votos válidos, frente al 44% de su contendora. La tensión electoral se ve agudizada por el temor a posibles fraudes. Para evitar irregularidades, cada candidato ha desplegado más de 45.000 observadores en los centros de votación. Tanto Noboa como González —y también el expresidente Rafael Correa, su mentor político— han hecho llamados explícitos a proteger la integridad del proceso. El contexto en el que se desarrollan estos comicios es especialmente delicado. Ecuador atraviesa una crisis energética, una ola de violencia sin precedentes protagonizada por bandas criminales locales aliadas con cárteles mexicanos y la mafia albanesa, y una economía debilitada por los efectos de la pandemia y el creciente desempleo. (FRANCE 24)

La Fiscalía General de Ecuador confirmó que los cuatro cuerpos que se encontraron incinerados y con señales de tortura cerca a una base militar correspondían a los de cuatro niños que salieron a jugar fútbol el pasado 8 de diciembre y nunca volvieron a su casa. Poco antes, un juez había ordenado la captura de 16 miembros de las fuerzas militares del país por su posible rol en el asesinato. “Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada”, había publicado la fiscalía en su cuenta en la red social X. El caso ha generado indignación en Ecuador, con cientos de personas que han salido a la calle a pedir el regreso de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años. Luego del anuncio de la fiscalía, en las calles que rodeaban la institución se veían las caras de dolor y rabia por un crimen que cierra de manera violenta el que fue un difícil 2024 en cuestión de seguridad para el gobierno del presidente Daniel Noboa. El caso se convierte en uno de los momentos más difíciles para un presidente que ha basado su estrategia de lucha contra el crimen en la declaratoria del estado de excepción, el cual le otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad para afrontar a las bandas al margen de la ley. La indignación por el caso ha hecho que muchas personas salgan a protestar, exigiendo el regreso de los niños sanos y salvos. Es por eso que horas después de conocerse la identidad de los cuerpos y el escabroso final de los 4 niños, la Asamblea Nacional de Ecuador declaró 3 días de luto por la “desaparición forzada y asesinato” de los menores. “Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional y a la justicia ejercer todo el peso de la ley en este caso”, dijo la rama legislativa en un comunicado publicado en X. Hasta el momento no ha habido respuesta del gobierno de Noboa ni de las altas esferas militares del país. La desaparición de los 4 muchachos en cercanías a Guayaquil generó de manera inmediata una polarización entre la población, en parte impulsada por las distintas versiones de los hechos que comenzaron a circular al conocerse el caso. En una declaración inicial, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”. Pero el lunes, Loffredo cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos. Los militares “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, explicó. “Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido”, señaló el ministro en declaraciones a la radio City. Esta versión indignó a los familiares, y a miles de ecuatorianos que los apoyaban, e hizo que la gente se fuera a las calles con carteles exigiendo el regreso de los menores, algunos con el lema de “son futbolistas, no terroristas”. A la hora del anuncio de la fiscalía, muchos de esos manifestantes expresaron su dolor a las afueras del edificio. Con la detención de los 16 militares, se espera que comience un proceso de esclarecimiento de los hechos para entender qué fue lo que verdaderamente ocurrió esa tarde del 8 de diciembre. (BBC)

Ecuador declaró estado de excepción en Quito y seis de las 24 provincias del país ante el incremento de la violencia de grupos de narcotraficantes, según un decreto presidencial emitido este jueves. Debido a una “grave conmoción interna y conflicto armado interno”, la medida regirá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y en la amazónica Orellana, además de la capital Quito y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez (en Azuay). El decreto considera que en esas áreas se registra un “incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados”. La resolución incluye el toque de queda por siete horas a partir de las 10:00 p.m. hora local en poblaciones de Guayas, Los Ríos y Orellana, además de Ponce Enríquez. Ecuador y su “conflicto armado interno” En septiembre concluyó el estado de excepción que estuvo vigente por 90 días en seis provincias. En su guerra contra el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha declarado de manera continua esta medida para suspender derechos como la libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio Ante una violenta arremetida del narcotráfico en enero, el mandatario declaró al país en “conflicto armado interno”, lo que le permite desplegar de forma permanente a los militares en las calles para tratar de neutralizar a una veintena de agrupaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes. En los últimos años, las bandas ecuatorianas, con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, se disputan a sangre y fuego las rutas y el mercado de la droga. La tasa de homicidios se disparó entre 2018 y 2023 de 6 a 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo al gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han descendido 17 % en 2024 respecto al año anterior, pero los episodios de violencia criminal no han cesado, a la vez que también se siguen reportando secuestros y extorsiones. (DW)

FOTO: MUNDIAL MEDIOS El Gobierno de Ecuador anunció este miiércoles que reducirá a finales de junio los subsidios a las gasolinas de mayor consumo, pero no liberará por completo los precios, que seguirán teniendo un mecanismo de estabilización ante fluctuaciones abruptas de los precios del petróleo. La viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, indicó en rueda de prensa que los dos tipos de gasolinas de 85 octanos tendrán un alza de 26 centavos de dólar, con lo que el precio del galón (3,8 litros) pasará de 2,46 a 2,72 dólares. “La medida se prevé que entre (en vigencia) los últimos días del mes de junio”, dijo a su vez el titular de Transporte, Roberto Luque. Avilés precisó que el aumento estará acompañado de un mecanismo de compensación para sectores como el transporte y una banda que evitará que el precio suba más de un 5% y baje más de 10% al mes, según la cotización internacional del petróleo. Subsidios al diésel y gas doméstico se mantienen Los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron eliminar subsidios a los combustibles, lo que derivó en violentas protestas lideradas por la mayor organización indígena del país. La administración del mandatario Daniel Noboa, quien asumió en noviembre pasado para 18 meses al ser elegido en comicios anticipados, mantendrá los subsidios al diésel y gas de uso doméstico. En esta ocasión, Noboa ha optado por únicamente tocar los subsidios de las gasolinas, que el año pasado supusieron un gasto para el Estado de 644 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una cifra similar al costo del bono de desarrollo humano y el doble de lo que destina el Estado a combatir la desnutrición. Diversas organizaciones sociales se oponen al alza de combustibles y sostienen que la eliminación de los subsidios es una condición del Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace dos semanas aprobó un nuevo crédito por 4.000 millones de dólares para la nación, lo que niega el gobierno. (DW)