Ecuador

La Fiscalía General de Ecuador confirmó que los cuatro cuerpos que se encontraron incinerados y con señales de tortura cerca a una base militar correspondían a los de cuatro niños que salieron a jugar fútbol el pasado 8 de diciembre y nunca volvieron a su casa. Poco antes, un juez había ordenado la captura de 16 miembros de las fuerzas militares del país por su posible rol en el asesinato. “Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada”, había publicado la fiscalía en su cuenta en la red social X. El caso ha generado indignación en Ecuador, con cientos de personas que han salido a la calle a pedir el regreso de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años. Luego del anuncio de la fiscalía, en las calles que rodeaban la institución se veían las caras de dolor y rabia por un crimen que cierra de manera violenta el que fue un difícil 2024 en cuestión de seguridad para el gobierno del presidente Daniel Noboa. El caso se convierte en uno de los momentos más difíciles para un presidente que ha basado su estrategia de lucha contra el crimen en la declaratoria del estado de excepción, el cual le otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad para afrontar a las bandas al margen de la ley. La indignación por el caso ha hecho que muchas personas salgan a protestar, exigiendo el regreso de los niños sanos y salvos. Es por eso que horas después de conocerse la identidad de los cuerpos y el escabroso final de los 4 niños, la Asamblea Nacional de Ecuador declaró 3 días de luto por la “desaparición forzada y asesinato” de los menores. “Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional y a la justicia ejercer todo el peso de la ley en este caso”, dijo la rama legislativa en un comunicado publicado en X. Hasta el momento no ha habido respuesta del gobierno de Noboa ni de las altas esferas militares del país. La desaparición de los 4 muchachos en cercanías a Guayaquil generó de manera inmediata una polarización entre la población, en parte impulsada por las distintas versiones de los hechos que comenzaron a circular al conocerse el caso. En una declaración inicial, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”. Pero el lunes, Loffredo cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos. Los militares “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, explicó. “Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido”, señaló el ministro en declaraciones a la radio City. Esta versión indignó a los familiares, y a miles de ecuatorianos que los apoyaban, e hizo que la gente se fuera a las calles con carteles exigiendo el regreso de los menores, algunos con el lema de “son futbolistas, no terroristas”. A la hora del anuncio de la fiscalía, muchos de esos manifestantes expresaron su dolor a las afueras del edificio. Con la detención de los 16 militares, se espera que comience un proceso de esclarecimiento de los hechos para entender qué fue lo que verdaderamente ocurrió esa tarde del 8 de diciembre. (BBC)

Ecuador declaró estado de excepción en Quito y seis de las 24 provincias del país ante el incremento de la violencia de grupos de narcotraficantes, según un decreto presidencial emitido este jueves. Debido a una “grave conmoción interna y conflicto armado interno”, la medida regirá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y en la amazónica Orellana, además de la capital Quito y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez (en Azuay). El decreto considera que en esas áreas se registra un “incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados”. La resolución incluye el toque de queda por siete horas a partir de las 10:00 p.m. hora local en poblaciones de Guayas, Los Ríos y Orellana, además de Ponce Enríquez. Ecuador y su “conflicto armado interno” En septiembre concluyó el estado de excepción que estuvo vigente por 90 días en seis provincias. En su guerra contra el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha declarado de manera continua esta medida para suspender derechos como la libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio Ante una violenta arremetida del narcotráfico en enero, el mandatario declaró al país en “conflicto armado interno”, lo que le permite desplegar de forma permanente a los militares en las calles para tratar de neutralizar a una veintena de agrupaciones a las que tildó de terroristas y beligerantes. En los últimos años, las bandas ecuatorianas, con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, se disputan a sangre y fuego las rutas y el mercado de la droga. La tasa de homicidios se disparó entre 2018 y 2023 de 6 a 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo al gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han descendido 17 % en 2024 respecto al año anterior, pero los episodios de violencia criminal no han cesado, a la vez que también se siguen reportando secuestros y extorsiones. (DW)

FOTO: MUNDIAL MEDIOS El Gobierno de Ecuador anunció este miiércoles que reducirá a finales de junio los subsidios a las gasolinas de mayor consumo, pero no liberará por completo los precios, que seguirán teniendo un mecanismo de estabilización ante fluctuaciones abruptas de los precios del petróleo. La viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, indicó en rueda de prensa que los dos tipos de gasolinas de 85 octanos tendrán un alza de 26 centavos de dólar, con lo que el precio del galón (3,8 litros) pasará de 2,46 a 2,72 dólares. “La medida se prevé que entre (en vigencia) los últimos días del mes de junio”, dijo a su vez el titular de Transporte, Roberto Luque. Avilés precisó que el aumento estará acompañado de un mecanismo de compensación para sectores como el transporte y una banda que evitará que el precio suba más de un 5% y baje más de 10% al mes, según la cotización internacional del petróleo. Subsidios al diésel y gas doméstico se mantienen Los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron eliminar subsidios a los combustibles, lo que derivó en violentas protestas lideradas por la mayor organización indígena del país. La administración del mandatario Daniel Noboa, quien asumió en noviembre pasado para 18 meses al ser elegido en comicios anticipados, mantendrá los subsidios al diésel y gas de uso doméstico. En esta ocasión, Noboa ha optado por únicamente tocar los subsidios de las gasolinas, que el año pasado supusieron un gasto para el Estado de 644 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una cifra similar al costo del bono de desarrollo humano y el doble de lo que destina el Estado a combatir la desnutrición. Diversas organizaciones sociales se oponen al alza de combustibles y sostienen que la eliminación de los subsidios es una condición del Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace dos semanas aprobó un nuevo crédito por 4.000 millones de dólares para la nación, lo que niega el gobierno. (DW)

FOTO: EXPRESO Ecuador vive este jueves con cortes de electricidad de hasta 13 horas, una medida provocada por la reducción de la energía hidroeléctrica generada debido a la sequía y que llevó al Gobierno a pedir, sin mucho éxito, que se suspendieran las jornadas laborales. Los embalses registran niveles de almacenamiento alarmantes en vísperas de la celebración de un referéndum vinculante sobre las medidas que plantea el presidente Daniel Noboa para tratar de atajar la creciente violencia ligada al narcotráfico. El movimiento en las grandes estaciones de transporte urbano de Quito era el usual, a pesar del pedido del Gobierno. Los autobuses partían hacia varios puntos de la capital sorteando la falta de semáforos en algunos sectores, donde desde las 07H00 locales (12H00 GMT) se había suspendido el servicio eléctrico. Los cortes se iniciaron el domingo sin aviso, por períodos más cortos, pero se han ido alargando con el paso de los días. “Ayer me quitaron desde las ocho hasta las once (de la mañana) y es el tiempo que se necesita para trabajar. Hoy con ocho horas (de suspensión) va a ser peor, nos afecta un montón”, dijo a la agencia AFP Segundo Guacho. El hombre de 45 años es propietario de un negocio de alquiler de computadoras en el centro de Quito y sostiene que en tres días ha perdido cerca de 200 dólares de ingresos por la interrupción del servicio. El Ejecutivo suspendió estos jueves y viernes la jornada laboral en los sectores público y privado, así como las clases, tras anunciar que los embalses Mazar (el más importante) y Paute, ambos en el sur andino, están en “condiciones críticas” al registrar niveles de almacenamiento de 0% y 4%, respectivamente. El caudal en la mayor central hidroeléctrica, Coca Codo Sinclair (norte amazónico), con capacidad de generar 1.500 MW de potencia para cubrir 30% de la demanda nacional, es un 60% del promedio histórico. Denuncia del Gobierno El secretario de la Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Roberto Izurieta, aseguró este jueves que existen sospechas de que el embalse de Mazar, el de mayor capacidad del país, se vació presuntamente de manera deliberada para agudizar la crisis energética en los días previos al referéndum convocado por el Gobierno sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo. Izurieta comentó en una entrevista con el canal Teleamazonas que “se abrieron las compuertas” de la presa del embalse de Mazar y “dejaron correr el agua”, hasta dejarlo sin el nivel suficiente para que se pueda operar un complejo de tres centrales hidroeléctricas con una potencia en conjunto de más 1.700 megavatios, aproximadamente más de una cuarta parte de la demanda nacional de electricidad. El embalse se encuentra en el río Paute, dentro de la sureña provincia andina de Azuay, y puede almacenar hasta 410 millones de metros cúbicos de agua. Sin esa infraestructura operativa y con el suministro de electricidad procedente de Colombia también suspendido, Ecuador afronta este jueves apagones programados de hasta ocho horas de duración, por lo que el Gobierno ha suspendido la jornada laboral y las clases escolares tanto para este jueves y viernes. La situación no es nueva, pues a finales del año pasado ya tuvieron que aplicarse apagones para racionar la electricidad con una duración diaria de hasta cuatro horas, la mitad que en este nuevo episodio. Izurieta indicó que estas sospechas sobre el embalse de Mazar, situado en la sureña provincia andina de Azuay, alimentan la denuncia presentada el martes por el Ejecutivo ecuatoriano contra veintidós personas por presunto sabotaje del sector eléctrico. Entre los denunciados está la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, que el pasado viernes aseguraba que no habría apagones a corto plazo, algo que comenzó a darse sin previo aviso dos días después en varias zonas del país. “Existen denuncias sumamente graves de lo que pasó en los últimos días. La alerta fue dada solamente un día antes, cuando debería haberse dado al menos una semana antes”, señaló Izurieta. “Si a eso le sumamos todo lo que afectó al sector eléctrico, nos hacen pensar claramente que fueron parte de acciones coordinadas para producir que Ecuador esté viviendo lo que está viviendo una semana antes de la votación (del referéndum)”, agregó. El portavoz del Gobierno comentó que “en el área energética es donde han existido históricamente la mayor cantidad de denuncias de corrupción (en Ecuador)”. “Hemos tenido una política energética en los últimos veinte años que no se ha adaptado a las crisis climáticas y hemos dependido de una sola cuenca de agua que está afectada al menos una vez al año, y ahora vemos que hasta dos veces”, señaló. Izurieta aseguró que no están previstos apagones para el domingo, cuando se debe celebrar el referéndum impulsado por el Ejecutivo con once preguntas, entre las que destaca el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de declarar estados de excepción. Asimismo, otras cuestiones relevantes de este plebiscito se refieren a permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países, instituir juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y flexibilizar la contratación laboral con contratos por horas. Noboa declaró el martes la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, luego de intempestivos racionamientos que empezaron el domingo. Además denunció un “sabotaje” en el área eléctrica como una de las causas de los cortes, así como de los efectos del calentamiento global. Los ciudadanos se quejaban este jueves por la desorganización en los cortes, pues no se cumplen los horarios establecidos por las empresas eléctricas y ha habido suspensiones imprevistas. Segundo Guacho dice a la AFP que está preocupado y su plan, en caso de que la emergencia se extienda, es buscar un préstamo para comprar un generador eléctrico que le permita seguir con su negocio. Al problema hídrico en Ecuador se sumó que Colombia dejó de venderle energía como medida para lidiar con la grave sequía asociada al fenómeno El Niño, que tiene los embalses colombianos por debajo del 30% de

FOTO: ENERGÍA ESTRATÉGICA Ecuador ordenó este miércoles suspender dos días las labores públicas y privadas, ante la crisis energética causada por un déficit histórico en los embalses que abastecen las hidroeléctricas, lo que derivó en apagones de hasta seis horas. Un comunicado de la presidencia indicó que este jueves y viernes no se laborará en los sectores público y privado para dar mantenimiento a las plantas eléctricas, lo que implicará “racionamientos energéticos en horarios determinados inamovibles” que se comunicarán en las próximas horas. El reporte agregó que se denunció ante la Fiscalía a 22 personas por “paralización de servicio público”, entre las cuales se encuentran funcionarios de alto nivel —incluida la ex ministra de Energía Andrea Arrobo destituida la víspera—. El comunicado presidencial afirmó que tras una investigación preliminar en el Ministerio de Energía se determinó el ocultamiento de información sobre las condiciones críticas de los embalses de Mazar y Paute, cuyo nivel de almacenamiento es de 0% y 4%, respectivamente, lo que “sobrepasa récords históricos”. El presidente Daniel Noboa declaró la víspera la emergencia en el sector energético, destituyó a la ministra del ramo y anunció que el Estado cubrirá el 50% de las planillas de abril de los hogares ecuatorianos. Esto tras los súbitos apagones que iniciaron el domingo pero que fueron oficializados el martes. Noboa dispuso investigar un supuesto sabotaje en el sector sobre el que no presentó pruebas. Colombia dejó de exportar energía a Ecuadorcomo medida para lidiar con la grave sequía asociada al fenómeno El Niño que tiene los embalses de ese país por debajo del 30% de su capacidad. Frente a la crisis energética, Noboa indicó el martes que en abril se cobrará solo 50% de la factura de luz de los hogares. Para el ex ministro de Energía, Esteban Albornoz, la situación “extremadamente delicada” que atraviesa el sector energético “no se puede solucionar en el corto plazo”. Según comentó a la agencia AP, la única opción para afrontar la crisis es la generación térmica —mediante uso de combustible— y estimó que tardará entre “dos a ocho meses” en regularizarse la situación si se toman decisiones a tiempo. La falta de inversión y de aplicación de un plan para la incorporación de energía anual, así como la falta de mantenimiento en las centrales eléctricas serían los verdaderos motivos tras la emergencia, dijo el experto, quien cuestionó que se usen las condiciones climatológicas como excusa pues “desde el punto de vista técnico siempre debemos estar preparados para el peor escenario”. “La demanda en Ecuador crece alrededor de 4% a 5% y eso significa que tenemos que incrementar 250 megavatios de nueva generación cada año y hay un retraso importante”, señaló Albornoz. Los súbitos racionamientos llegaron tras el agotamiento del caudal de la reserva más importante del país en el embalse de Mazar, que alimenta a las dos más grandes centrales hidroeléctricas, Paute y Sopladora, que junto con la central Coca Codo producen cerca del 40% de la energía que requiere el país. Según la Corporación Nacional de Electricidad, el 78% de la energía proviene de fuentes hidroeléctricas y el resto de centrales térmicas y fuentes no convencionales como la eólica. El consultor energético José Luis Hidalgo coincidió en que una solución a los racionamientos no se verá en el corto plazo y podría extenderse hasta por un año, con períodos de mayor y menor restricción sujetos a que las lluvias puedan alimentar los embalses de las hidroeléctricas desde mayo. Para el consultor, el origen de la crisis está en la falta de recursos económicos por los subsidios que se da a sectores como el minero al que se provee energía a un costo tres veces menor del valor de producción y 11 veces menos de lo que pagan los usuarios residenciales. A fines del año pasado y hasta febrero Ecuador impuso racionamientos de energía diarios programados como respuesta al déficit de producción de electricidad de sus centrales hidroeléctricas. (INFOBAE)