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Comunarios de Calacoto exigen al Senado la aprobación de créditos de electrificación rural

Juan Choque Yujra, representante de la Marca Mallku Calacoto en La Paz, ha comunicado que los habitantes de la comunidad Marka Ulloma, del municipio de Calacoto, están solicitando urgentemente a la Cámara de Senadores que acelere la aprobación de créditos provenientes de organismos multilaterales. Estos créditos son necesarios para financiar un programa de electrificación rural que beneficiará directamente a la comunidad Marka Ulloma y sus 11 ayllus. En febrero, las autoridades originarias enviaron una nota al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pidiendo la aprobación del financiamiento destinado a la ejecución del Proyecto de Electrificación III Fase Calacoto. Es importante destacar que la comunidad Marka Ulloma se encuentra ubicada en una zona fronteriza con Chile, dentro de la provincia Pacajes del departamento de La Paz. Sin embargo, en el Senado, los créditos destinados al “Programa de Electrificación Rural III” y al “Proyecto Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia IDTR III” se encuentran actualmente estancados en su proceso de tratamiento. Estos créditos tienen un valor de hasta $us 200.000.000 y $us 125.000.000 respectivamente. WILMA CATARI

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Explotación minera afecta comunarios, denuncian desvio de agua

Comunarios de la provincia Larecaja del departamento de La Paz denuncian que las tierras colectivas están siendo explotadas por la Cooperativa Minera Yani. Pobladores de las comunidades de Tacachaca y Churicala del municipio de Tacacoma de la Provincia Larecaja del departamento de La Paz denuncian que las tierras colectivas están siendo explotadas por la Cooperativa Minera Yani R.L. que extrae oro. 180 comunarios de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos denuncian que con la presencia de esta cooperativa disminuyó la crianza de peces y la ganadería, existen cultivos afectados, porque están desviando afluentes para trabajo minero, indicó Roberto Pacocillo uno de los comunarios. Piden a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) intervenir, caso contrario no descartan asumir acciones comunitarias, por los perjuicios generados por al menos diez años. POR YENNY TICONA

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