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CIDH demanda informe sobre las consecuencias de los incendios en pueblos indígenas

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) espera que el Gobierno presente un informe real de la vulneración de derechos de los pueblos indígenas debido los incendios forestales ante el relator de la CIDH. El relator de la CIDH explicó que el objetivo principal para solicitar el informe es analizar las consecuencias de esta tragedia ambiental, evaluar la respuesta estatal y revisar las normativas vigentes para prevenir situaciones similares en el futuro. El CEJIS denunció en pasadas semanas que los incendios provocados en la Chiquitanía y la Amazonía se dieron como consecuencia de políticas de expansión de la frontera agrícola, que afectaron al menos a siete pueblos indígenas: chiquitanos, ayoreos, guarayos, cayubabas, baurees, sirionós y araonas. Según el informe entregado por CEJIS, estas comunidades han sufrido vulneraciones a sus derechos, y algunas se encuentran en una situación crítica debido a su población reducida o al aislamiento voluntario, como los ayoreos de Ñembi Guasu, una de las áreas más devastadas por el fuego. El representante de la CIDH subrayó la necesidad de que el Estado boliviano adopte medidas concretas para proteger los derechos de estas comunidades, garantizar la restauración de sus territorios y prevenir nuevas tragedias ambientales. JUAN CANCARI PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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CIDH pide que se priorice el diálogo en Bolivia ante los últimos conflictos sociales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales para la Libertad Expresión (RELE) y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) llaman a priorizar el diálogo en Bolivia ante los recientes conflictos sociales. Advierten que estos actos pueden tener un impacto sobre los derechos humanos y la gobernabilidad. “El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de protestas, y fortalecer los espacios democráticos para la resolución de las controversias a través del diálogo”, se menciona en una nota de prensa de la CIDH. El 14 de octubre, el evismo inició bloqueos en el país, concentrados en Cochabamba, en pedido de respuestas a su pliego petitorio, que se  relaciona con temas económicos y políticos. Los dirigentes evistas mencionaron que las movilizaciones se efectuaban también en rechazo a los procesos contra el expresidente Evo Morales por abuso sexual y trata y tráfico de niñas. En la nota de prensa de la CIDH se detalla que los bloqueos se intensificaron el 27 de octubre, tras una denuncia de ataque armado contra el vehículo que transportaba a Evo y que, ante la conflictividad social, el Tribunal Supremo Electoral postergó la elección de autoridades judiciales para el día 15 de diciembre. La Defensoría del Pueblo informó que hubo al menos 63 personas detenidas tras los desbloqueos y advirtió sobre afectación en las garantías judiciales. Asimismo, se indica que desde el inicio de las protestas, la RELE ha recibido denuncias de al menos 30 agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa que cubrían los hechos. En ese marco, en la nota se añade que el “Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y facilitar las manifestaciones públicas, lo que incluye agotar todas las medidas para la resolución pacífica de los conflictos, fomentar un diálogo amplio e inclusivo con todas las partes interesadas”. (URGENTE.BO)

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CIDH concluye que el Estado violó derechos de víctimas del caso Rósza y que se debe procesar a responsables

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en el operativo del hotel Las Américas en 2016 el Estado violó los derechos a la vida de las víctimas y exige procesar a los responsables. Además, el organismo independiente recomendó al Estado “reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial”. El 15 de abril de 2009, un comando policial irrumpió en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, en busca de Eduardo Rósza, señalado entonces como un terrorista que pretendía una acción armada en el país. El informe de la CIDH fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). (LA RAZÓN)

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CIDH confirma que la reelección indefinida no es un derecho humano ni está permitida en Bolivia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó su postura sobre la reelección indefinida al declarar como “inadmisibles” tres denuncias por supuesta violación de derechos humanos interpuestas contra el Estado boliviano. Las denuncias hacían referencia al desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y a la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0084/2017, la cual permitió la candidatura presidencial del expresidente Evo Morales en octubre de 2019, bajo la interpretación del Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). En su reciente fallo, la CIDH subraya que el Estado boliviano, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 10/10/2023-S4, revisó su posición sobre la reelección indefinida y acogió la Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este documento sostiene que la reelección indefinida “no es un derecho autónomo protegido por la CADH”, y que la limitación a la reelección es compatible con los principios establecidos por dicho instrumento internacional de derechos humanos. En su Informe de Inadmisibilidad N°121/24, emitido el 30 de agosto de 2024, la CIDH afirma que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anuló la sentencia SCP 0084/2017, objeto de las denuncias, y que, por lo tanto, “no se mantuvo en el tiempo, ni generó el daño concreto de permitir una reelección presidencial consecutiva”. De esta manera, la CIDH concluyó que el Estado boliviano desactivó las causas que motivaron las denuncias iniciales, presentadas por Franco Alejandro Albarracín Vallejos, la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Rubén Darío Cuéllar Sánchez, José Antonio Rivera Santivañez, Rosa Julieta Montaño Salvatierra, Rafael Humberto Subieta Tapia y Fernando Prado Salmón. La Procuraduría General del Estado (PGE) jugó un papel clave en la defensa del Estado, al acumular las tres denuncias y formular argumentos que llevaron a la resolución final favorable a Bolivia, reafirmando que la prohibición de la reelección indefinida es acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. (CORREO DEL SUR)

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Llega Comisión del CIDH para presentar informe seguimiento a recomendaciones del GIEI

Según el plan de trabajo, la Meseg tiene la finalidad de desplegar acciones de acompañamiento y seguimiento de las recomendaciones emitidas por el GIEI Bolivia, para reforzar estas acciones se realizaron distintas actividades dirigidas a apoyar y guiar la implementación de las sugerencias.

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CIDH exhorta a Bolivia a garantizar las elecciones judiciales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación “ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia.

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