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La reunión entre el Gobierno y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) giró sobre tres ejes. Biotecnología, seguridad jurídica (avasallamientos) y provisión de diésel. Para el tema de la biotecnología no hubo la tan ansiada firma -por parte del agro- en la que se apruebe el ingreso de nuevos eventos biotecnológicos, sino que por el contrario, se lo dilató por 10 más y condicionó a un estudio técnico que deberá ser dado a conocer el 27 de agosto en La Paz. María Nela Prada, ministra de la Presidencia, fue la encargada de dar el alcance de las conclusiones y de poner en contexto el desarrollo de la misma. “El presidente, Luis Arce, dio las palabras de bienvenida. Posteriormente José Luis Farah, presidente de la CAO, planteó tres temas fundamentales para tratar con el Gobierno nacional en esta reunión. Biotecnología, seguridad jurídica y combustibles”, indicó Prada. BIOTECNOLOGÍA Se detalló que la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) junto un representante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno fueron los encargados de explicar la necesidad del uso de biotecnología que permita usar semillas mejoradas, resistentes a la sequía y microorganismos nocivos. Prada sostuvo que se coincidió en “que debemos aumentar la producción y mejorar la productividad de la tierra para garantizar el abastecimiento de alimentos a las familias bolivianas y también potenciar las exportaciones agropecuarias que generan divisas para nuestro país. Se valoró por parte de los participantes el ingreso de Bolivia al Mercosur y se abordaron temas vinculados a los avances en la Comisión de Biotecnología Agropecuaria, así como la creación de la Red Internacional de Bioseguridad de Productos Derivados en la Biotecnología Moderna, en el marco del Mercosur” En este contexto, se definió avanzar en un trabajo conjunto referido a la biotecnología que aborde aspectos normativos y técnicos y que brinde un informe de los resultados alcanzados en un máximo de diez días. “La coordinación de esta instancia estará a cargo de la ministra de la Presidencia y del presidente de la CAO, fijándose una siguiente reunión para el 27 de agosto de 2024 en la ciudad de La Paz. SEGURIDAD JURÍDICA  En este punto se trató el problema los avasallamientos de tierras que según Prada, generan una gran inseguridad jurídica. “Luego de los correspondientes informes sobre las acciones que se han venido realizando contra los avasallamientos, el sector agropecuario señaló que lamentablemente no se llega a sentencias pese a los procesos iniciados y que muchas de las personas aprehendidas en flagrancia por la Policía boliviana por los delitos referidos son liberados por la justicia”, precisó la ministra. Ante este escenario se acordó la conformación de una comisión para proceder a realizar los desalojos correspondientes, la misma que fue aceptada y estará a la cabeza del Ministerio de Gobierno. También hubo acuerdo en que ambas partes se comprometen a trabajar en una solución estructural a los problemas de avasallamientos en la Reserva Forestal de Guarayos. En lo que respecta a la firma de títulos, el Gobierno Nacional informó que en la gestión actual se avanzó significativamente en la titulación y saneamiento de tierras a escala nacional, pasando del 86% al 93% y que en Santa Cruz se llegó al 95%. Luego de avanzar fundamentalmente en la titulación de la pequeña propiedad comunitaria. COMBUSTIBLE Representantes del sector agropecuario expusieron el drama por el que están atravesando, relacionado fundamentalmente al diésel y la necesidad de que se garantice su provisión para que no se vea afectada la producción. En este sentido, el Ejecutivo explicó el problema estructural vinculado a los combustibles, la falta de exploración en el pasado, el precio actual de los combustibles y el alto costo de la subvención. Asimismo, se expuso lo que se está haciendo para solucionar esos problemas en materia de exploración y explotación en lo que corresponde a sustitución de importaciones, producción de biodiésel, una planta en Santa Cruz y otra planta en El Alto, la planta de HBO, el fomento a la producción de biodiésel por parte del sector privado, para lo cual se aprobó el Decreto Supremo 5197 que establece un esquema de incentivos tributarios para la importación de bienes de capital con gravamen arancelario cero e IVA. Respecto a la importación directa de combustibles líquidos por parte del sector empresarial privado, el Gobierno ratificó que esta vía está permitida en la normativa actual y se acordó seguir avanzando en la simplificación de los trámites para importación directa orientada al consumo propio. Para ello, se determinó que representantes de la CAO y Confeagro, participen de la reunión que se acordó en el diálogo por la economía y la producción ayer en La Paz para 19 de agosto a la cabeza del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. (El Deber)