Justicia en disputa. El expresidente Evo Morales y la expresidenta Jeanine Áñez responden con visiones opuestas al pronunciamiento conjunto de la CIDH y ONU sobre riesgo de impunidad por Senkata y Sacaba, acaecidos en 2019.
«La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos», señala un comunicado oficial publicado en el portal de la CIDH.
Los organismos internacionales consideran que esta situación «compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas» y además «supone una revictimización de las personas afectadas».
Patricia Tappatá, integrante del GIEI, dijo el 17.08.2021 que “al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas”. Tappatá aseguró que el GIEI “no duda” en calificar esos hechos “como masacres”.
En tanto, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 identificó «un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso municiones letales».
Áñez sostuvo que la CIDH y ONU Derechos Humanos en América del Sur «no deben desentenderse» de la situación de los derechos de «todos los bolivianos» y que «no puede haber justicia sin debido proceso» en los casos por la crisis de 2019.
También sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos no deben «olvidar» que «precisamente el Gobierno es el que ha quebrantado las garantías del debido proceso» y le negó sus derechos desde que fue detenida y encarcelada en marzo de 2021, lo que para Áñez fue un «secuestro».
Además, recordó que el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, expresó en su momento «su preocupación» porque se le negó «el derecho a juicio de responsabilidades» pese a ser expresidenta, lo que, según dijo, fue «por instrucciones políticas» del exmandatario Evo Morales (2006-2019).
El expresidente Evo Morales agradeció este sábado a la CIDH de la OEA y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU por advertir sobre el riesgo de impunidad en los casos Senkata y Sacaba,
Morales calificó como un “grave retroceso en la búsqueda de justicia” la anulación de procesos judiciales contra los responsables, decisión atribuida al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y acatada por jueces “sin independencia”. Denunció que el gobierno de Luis Arce no cumplió las recomendaciones internacionales de “investigar, sancionar y reparar a las víctimas”, y acusó al exministro de Justicia, Iván Lima, de haber solicitado indulto para los autores de las masacres, lo que derivó en su liberación por un presunto pacto de impunidad con la derecha boliviana.
Al respecto, el vocero de las víctimas de Senkata, David Inca, consideró que el TSJ debe tomar en cuenta el pronunciamiento de la CIDH y ONU, de lo contrario la decisión del presidente de esa entidad, Romer Saucedo, sería “apócrifa”. Inca advirtió riesgo de impunidad de los casos de 2019, por lo que, considera una “espaldarazo” el comunicado conjunto.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, también respaldó el pronunciamiento de los dos organismos internacionales por advertir riesgo de impunidad en los casos Senkata y Sacaba tras decisiones judiciales.
El 25 y 29 de agosto, dos tribunales de sentencia determinaron anular los procesos en la vía ordinaria por «incompetencia de materia» y derivarlos a un juicio de responsabilidades para Áñez, resoluciones judiciales que también benefician a policías y militares que fueron procesados y encarcelados por los casos ‘Senkata’ y ‘Sacaba’.
Estas resoluciones judiciales benefician a policías y militares que fueron procesados y encarcelados por las muertes de civiles durante enfrentamientos que se registraron en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, y en el municipio de Sacaba, en la región central de Cochabamba, días después de la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia y su salida del país.
Morales denunció entonces un «golpe de Estado» en su contra luego de las protestas sociales que lo acusaron de cometer un fraude electoral en los fallidos comicios de 2019, posteriormente anulados.
Con datos de EFE y agencias
