La presencia de la DEA en América Latina ha sido presentada como parte de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el artículo publicado por DEA: Controversias y su Huella en Latinoamérica | AOPIP plantea una lectura más crítica: lejos de erradicar el problema, la agencia estadounidense habría contribuido a reconfigurar las fuerzas policiales locales bajo una lógica de subordinación, control y dependencia.
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Aquí su análisis sobre la DEA:
¿Qué es la DEA? Un Gigante en la Lucha Antidrogas
La Administración para el Control de Drogas (DEA) es la principal agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos dedicada a combatir el contrabando y el consumo de drogas ilícitas. Fundada en 1973 por el entonces presidente Richard Nixon, la DEA consolidó funciones federales que antes estaban dispersas en otras agencias, como el Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD) y el Federal Bureau of Narcotics (FBN). Su creación respondió a la creciente percepción de las drogas como una amenaza global que requería una unidad especializada y con un alcance internacional.
Con sede en Arlington, Virginia, frente al Pentágono, la DEA opera con una infraestructura formidable. Dispone de 227 oficinas de campo dentro de Estados Unidos y 86 oficinas en el extranjero, distribuidas en 62 países. Esta vasta red le permite llevar a cabo investigaciones antidroga tanto a nivel nacional como internacional, siendo la única agencia estadounidense con la responsabilidad exclusiva de las investigaciones en el exterior. Con un presupuesto que supera los 2.415 millones de dólares, la DEA cuenta con más de 10.800 empleados, de los cuales más de 5.500 son agentes especiales, formados en su propia academia en Quantico, Virginia, al igual que el FBI.
La misión principal de la DEA es clara: hacer cumplir las leyes y reglamentos de Estados Unidos en materia de sustancias controladas y llevar ante la justicia a las organizaciones criminales involucradas en el cultivo, fabricación o distribución de estas sustancias. Sus responsabilidades abarcan desde la investigación de infractores y la preparación de casos para el juicio, hasta la gestión de un programa nacional de inteligencia antidrogas, la incautación y el decomiso de bienes vinculados al narcotráfico, y la aplicación de la Ley de Sustancias Controladas. Además, la agencia colabora activamente con organismos internacionales como la ONU y la Interpol, buscando una estrategia global en la lucha contra las drogas.
Las Sombras de la DEA: Controversias y Cuestionamientos
A pesar de su crucial papel en la seguridad global, la DEA no ha estado exenta de controversias y críticas a lo largo de su historia. Varios casos han puesto en tela de juicio sus métodos y la ética de algunas de sus operaciones, generando debates sobre los límites de su poder y la efectividad de sus estrategias.
Una de las polémicas más notorias surgió en 1992, tras la fuga del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, de una cárcel colombiana. En aquel entonces, miembros de grupos paramilitares colombianos hicieron acusaciones que sacudieron los cimientos de la agencia: sostuvieron que la DEA, además de entrenar a la fuerza de élite del Bloque de Búsqueda para capturar a Escobar, también había entrenado a miembros de los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar). Este grupo, liderado por los hermanos Castaño y con vínculos con el cartel de Cali, era conocido por sus brutales tácticas y su participación en crímenes atroces. La supuesta colaboración de la DEA con un grupo paramilitar, incluso si su objetivo era desmantelar una organización criminal más grande, planteó serias dudas éticas y legales sobre las alianzas que la agencia estaba dispuestas a forjar en su implacable guerra contra las drogas. Estas acusaciones resaltaron la complejidad y, a menudo, la ambigüedad moral inherente a las operaciones antidrogas en contextos de alta violencia y corrupción.
Más allá de este caso específico, la DEA ha sido criticada por su papel en la militarización de la política antidrogas a nivel mundial. Algunos académicos y analistas sugieren que la agencia ha impulsado una política punitiva y orientada hacia la fuerza, lo que ha tenido profundas repercusiones en la soberanía y la seguridad interna de los países receptores de su asistencia, especialmente en América Latina. La presión por adoptar un modelo similar al estadounidense, a menudo ignorando las particularidades y contextos locales, ha generado tensiones y, en ocasiones, ha contribuido a la escalada de la violencia en las regiones afectadas.
La DEA y la Transformación Policial Antidrogas en América Latina
Un Campo en Evolución: Antes de la DEA
Antes de la irrupción de la DEA en la escena global, la lucha contra las drogas en América Latina presentaba un panorama muy diferente. Hacia la década de 1920, la mayoría de los países latinoamericanos ya contaban con legislaciones para castigar el tráfico de drogas, pero las estructuras encargadas de hacer cumplir estas leyes eran incipientes y carecían de especialización. Generalmente, se trataba de pequeñas oficinas ancladas a los departamentos de salubridad pública, con inspectores de narcóticos o policías sanitarios que compartían jurisdicción con otras áreas de salud.
La Convención de Ginebra de 1931 intentó unificar criterios, comprometiendo a los Estados firmantes a establecer oficinas autónomas dedicadas a la persecución de narcóticos. Sin embargo, en la práctica, esta directriz no se tradujo en una homogeneización inmediata. Las instituciones de salud pública mantuvieron su autoridad, y persistía un dilema fundamental: ¿debían las drogas ser tratadas como un problema psiquiátrico-toxicológico o como una cuestión de seguridad y criminalidad? Esta ambigüedad llevó a enfoques y organizaciones muy heterogéneas en la región. Las policías sanitarias, por ejemplo, solo podían detener, no procesar, lo que obligaba a la creación de unidades policiales alternas, subordinadas a las Policías Nacionales o Judiciales.
Fue a partir de mediados de la década de 1940 cuando comenzó un proceso de afianzamiento de la estructura policial en el área de drogas, impulsado en parte por la creciente presión del FBN (predecesor de la DEA) y la Oficina de Aduanas de Estados Unidos. Surgieron entonces organizaciones como el Buró de Narcóticos de Cuba (1944) o la Policía Federal de Narcóticos (PFN) en México (1943). Aunque estas unidades estaban lejos de ser réplicas exactas del FBN, su mera denominación marcó un cambio de enfoque, alejándose de la figura del “inspector sanitario”. En América del Sur, la Brigada de Represión del Tráfico de Estupefacientes y Juegos de Azar (BEJA) en Chile (1964) fue pionera, manteniendo una estrecha relación con las agencias estadounidenses desde sus inicios. En Centroamérica, la necesidad de un interlocutor para el FBN y BNDD llevó a la creación de secciones de control de drogas en Guatemala (1966) y Costa Rica (1968), aunque a menudo con recursos limitados y poca relevancia.
Este panorama de gradual, pero dispar, especialización coincidió con dos dinámicas cruciales en la década de 1970: el surgimiento de gobiernos de facto y la militarización de los cuerpos de seguridad interna en la región, y el aumento exponencial de la producción y el transporte de drogas ilegales en América Latina, que para 1973 se había convertido en la fuente de aproximadamente la mitad del opio y toda la cocaína que llegaba a Estados Unidos. En este complejo escenario, nació la DEA.
La DEA como Centro de Influencia
La fundación de la DEA en 1973 marcó un antes y un después en la lucha antidrogas en América Latina. La agencia se consolidó rápidamente como un actor central, con una influencia sin precedentes en la planificación de la política exterior de Estados Unidos en clave de narcóticos. Aunque el Cabinet Committee on International Narcotics Control (CCINC) del Departamento de Estado tenía la facultad para deliberar sobre estrategias, la información y los diagnósticos de los funcionarios de la DEA eran los insumos clave que definían la política para cada país.
El Congreso de Estados Unidos respaldó esta expansión con la aprobación, en 1974, del primer presupuesto exclusivo para un programa internacional antinarcóticos (INC), destinando 42.5 millones de dólares para la compra de equipos, como aviones y helicópteros, y para impulsar programas de sustitución de cultivos. Además, la DEA gozaba de una “caja chica” de más de 11 millones de dólares provenientes de un acuerdo con el Departamento de Estado, lo que le otorgaba autonomía para dirigir fondos a áreas prioritarias.
Pero más allá del presupuesto, la verdadera impronta de la DEA fue su expansión territorial. La presencia de la agencia en América Latina se disparó. De las dos oficinas regionales del BNDD en 1973 (Buenos Aires y Ciudad de México), la DEA no solo las reconvirtió en sus “filiales”, sino que fundó muchas más y aumentó significativamente su plantilla de agentes. Entre 1973 y 1978, el número de agentes especiales de la DEA en la región rondó los sesenta, sin contar los agentes que viajaban por temporadas para tareas específicas, como las decenas de ellos que operaron en México durante las campañas de erradicación a mediados de los setenta.
La agencia definió países prioritarios, no solo por su relevancia en la cadena del narcotráfico, sino también por consideraciones políticas. México, Bolivia, Colombia y Perú recibieron la mayor parte de su presupuesto y recursos humanos. La estrategia de la DEA en la región consistía en dos fases: primero, fortalecer las relaciones con actores clave, impulsar reformas legales, buscar la complicidad de policías locales y establecer marcos para la transferencia de recursos. Luego, se pasaba a la fase de desarrollo institucional, apoyando a los gobiernos en la creación de sistemas de coordinación y control de todas las organizaciones antidrogas. El modelo ideal de la DEA era una agencia especializada, autónoma y, preferiblemente, civil, aunque esta última característica era difícil de replicar dadas las estructuras militares de las policías latinoamericanas desde el siglo XIX.
Mecanismos de Homogeneización y Creación de Modelos Híbridos
La influencia de la DEA en la estructuración del campo policial antidrogas en América Latina se ejerció a través de lo que se conoce como mecanismos normativos y de emulación. Estos “mecanismos suaves” de cambio institucional no dependían de la coerción directa, sino de la socialización, la difusión de modelos y la percepción de lo que se consideraba avanzado o eficiente. La DEA fungió como un catalizador de tres procesos clave:
1. La Producción de Expertos y Especialistas
La DEA impulsó una vasta red de dispositivos de entrenamiento: seminarios, escuelas especializadas, material bibliográfico, cursos y talleres. Esto llevó a la creación de una nueva categoría de actores con un corpus de conocimiento específico y un capital simbólico considerable en el campo policial antidrogas. Si bien el entrenamiento en narcóticos en América Latina no comenzó con la DEA, la agencia marcó un cambio cualitativo.
Desde finales de la década de 1950, Estados Unidos ya había invertido en programas de entrenamiento y suministro de equipo policial. El FBN, por ejemplo, estableció su propia Escuela de Entrenamiento (FBNTS) en 1956, que ofrecía cursos sobre investigación de crimen organizado y tácticas de debate. En su primera década, la FBNTS instruyó a más de 2.000 policías estadounidenses y extranjeros. Para los latinoamericanos, se creó una escuela especial en 1965, la Latin American School, que en dos años graduó a casi cien estudiantes, enfocándose en métodos de interrogación, investigaciones encubiertas y obtención de evidencia. Estas estancias en Nueva York permitían a los estudiantes socializar y forjar relaciones duraderas con sus colegas estadounidenses. Además, el FBN colaboró con la International Police Academy (IPA) en la instrucción de más de mil policías latinoamericanos en técnicas de vigilancia, huellas digitales y recolección de información.
Con la DEA, los entrenamientos se desarrollaron, casi en su totalidad, fuera de Estados Unidos. En 1973, la DEA organizó cincuenta cursos especializados a nivel mundial, y para 1976, por cada policía entrenado en EE. UU., diez eran instruidos en sus propios países. La International Training Division (ITD) de la DEA creó un sofisticado sistema de entrenamiento, incluyendo “equipos móviles de entrenamiento” adaptados a las necesidades de cada nación. Para finales de 1978, estos equipos habían instruido a 8.275 policías en 65 países. Aunque hubo casos de desproporción (en Bolivia, de 250 policías instruidos, solo 130 se dedicaron a narcóticos; en Chile, 65 de 225; en Perú, 110 de 382), en otros, como México, la oferta cubría una gran parte de la plantilla (250 de 350 agentes de la Policía Judicial mexicana fueron entrenados por BNDD y DEA para 1974).
Entre 1972 y 1978, la DEA entrenó a 3.476 de los 5.070 policías latinoamericanos (excluyendo México y Centroamérica) que recibieron capacitación en narcóticos. Argentina, Colombia y Brasil fueron los países con mayor actividad de la DEA en este sentido, no por su relevancia estratégica en el tráfico, sino por la apertura de sus gobiernos al entrenamiento de sus fuerzas de seguridad.
A mediados de los 70, la DEA reconoció la necesidad de que las instituciones locales desarrollaran sus propios programas de entrenamiento. Así, en 1976, lanzó un programa para instructores latinoamericanos, la Advanced International School for Instructors (AIS-I), que buscaba formar “correas de transmisión” del conocimiento de la DEA. Esto condujo al surgimiento de institutos de capacitación en países como Perú y México. La amplia bibliografía y los manuales elaborados por la DEA, en inglés y español, también fueron fundamentales para la difusión de sus métodos y prácticas, influyendo en la currícula de las escuelas antidrogas latinoamericanas. La hipótesis es clara: la creación de este corpus de conocimientos y la formación de expertos llevaron a procesos de reorganización relativamente homogéneos en el campo antidrogas regional.
2. La Organización de Redes y Asociaciones Especializadas
La DEA no solo se enfocó en el entrenamiento individual, sino también en la creación de redes y asociaciones especializadas que aumentaron la “densidad de los contactos organizacionales” entre las nuevas unidades antidrogas. Este tejido de relaciones fue fundamental para la difusión del modelo de la DEA y para el desarrollo de un campo organizacional unificado.
Para mantener los vínculos forjados durante los programas de entrenamiento, la DEA promovió la International Alumni Association (IAA), una asociación de antiguos estudiantes de sus escuelas y las de sus predecesoras (FBN, BNDD). La IAA organizó conferencias internacionales con la asistencia de exalumnos de al menos diecinueve países, con el objetivo de continuar el intercambio de experiencias y sentar las bases para una “comunidad internacional de law enforcement”. Poco después, la IAA se transformó en la International Drug Enforcement Association (IDEA), descrita por el administrador de la DEA como una “hermandad de policías extranjeros”. IDEA publicó su propia revista, Communique, y se concibió como un catalizador para la difusión de nuevas técnicas de “law enforcement” a nivel mundial. Para finales de la década de 1970, IDEA era una institución consolidada, con 1.345 oficiales de 71 países, celebrando reuniones periódicas en cada región, a las que asistían jefes policiales latinoamericanos que, en su mayoría, habían pasado por alguna escuela de instrucción de la DEA.
Además, la DEA apoyó a otras asociaciones especializadas, como la International Association of Chiefs of Police (IACP), una de las organizaciones más antiguas en el campo del “law enforcement”. La IACP, en colaboración con la DEA, editaba manuales técnicos, organizaba congresos y facilitaba espacios informales de negociación que incrementaban el flujo de información y reforzaban la conciencia de los policías de narcóticos de ser parte de una “empresa colectiva”.
La agencia también organizó encuentros regionales para figuras clave de las policías latinoamericanas (agentes ministeriales, coordinadores de área, jefes de unidades). Aunque la organización oficial de estos eventos recaía en los gobiernos locales, la financiación provenía del programa antinarcóticos de Estados Unidos, y un representante regional de la DEA siempre asistía como observador, manteniendo un perfil bajo para preservar la apariencia de autonomía. Las “SAIC Conferences”, reuniones trimestrales de agentes de la DEA en América Latina, también servían para que los directores de la agencia en cada país interactuaran con sus contactos locales más relevantes.
En síntesis, estas redes y asociaciones no solo facilitaron el intercambio de información, sino que, de manera más importante, difundieron el programa y el modelo operativo de la DEA en todo el subcontinente, creando una conciencia común y una visión compartida de la lucha antidrogas.
3. Consolidación de una Élite Profesional
La estrategia de la DEA, heredada de sus predecesoras, fue apoyar la consolidación de una élite profesional que, con el tiempo, pudiera adquirir relevancia dentro de sus propias organizaciones policiales. El objetivo era “adoctrinar” a oficiales en “posiciones clave” para que adoptaran los enfoques estadounidenses en sus problemas locales.
Ya el FBN había logrado colocar a graduados de su escuela en puestos directivos, como el director de la policía turca en 1966. En 1972, el BNDD lanzó el Foreign Visitors Program, que facilitaba estancias cortas a más de 200 funcionarios extranjeros de alto nivel en Estados Unidos. La DEA, a través de su ITD, retomó y expandió esta iniciativa con el Executive Observation Program (EOP), que no solo organizaba viajes, sino que ofrecía “acompañamiento” y “seguimiento” a largo plazo, con beneficios tangibles como viajes a congresos, visitas a laboratorios y acceso a información restringida. Lo que oficialmente se describía como un “intercambio bidireccional de ideas” era, en realidad, una herramienta estratégica para formar un núcleo de expertos con fuertes lazos con la agencia.
Este programa no solo familiarizaba a los oficiales de alto rango con las operaciones de la DEA, sino que les permitía conocer proyectos auspiciados por la agencia en otros países, sirviendo como referencia. Por ejemplo, oficiales bolivianos y colombianos viajaron a México, bajo el EOP, para estudiar las campañas de erradicación en Sinaloa. Para fomentar estas relaciones, Estados Unidos comenzó a financiar “operaciones policiales a nivel regional” de hasta tres años de duración, cuyo éxito no se medía por arrestos, sino por la capacidad de la cooperación para volverse “institucionalizada y permanente”. Esto explica las similitudes operativas entre campañas de erradicación como Bucanero (Jamaica), Canador (México) y Fulminante (Colombia) en la segunda mitad de los 70.
Otra plataforma clave para la consolidación de esta élite fue la Advanced International Drug Enforcement Training School (AIDETS), con sede en Estados Unidos. Entre 1973 y 1978, esta escuela capacitó a más de 600 funcionarios de 45 países, con la visión de que se convirtieran en administradores y jefes policiales en sus países de origen. Muchos de ellos se transformaron en aliados imprescindibles, adoptando los procedimientos y estructuras de la DEA como normativamente legítimos. En América Latina, las expectativas se cumplieron en gran medida, con graduados de AIDETS asumiendo puestos clave en el campo policial antidrogas, que para finales de los 70, tenía a la DEA como su referente central.
La Reconfiguración de las Fuerzas Antidrogas Latinoamericanas (1970s)
La década de 1970 fue testigo de una notable reconfiguración de las organizaciones policiales antidrogas en América Latina, impulsada por los mecanismos de influencia de la DEA y la fuerte presencia militar en los Estados de la época. En un corto período, la diversidad de enfoques dio paso a estructuras más especializadas, aunque con características híbridas.
Hubo una inversión significativa de dinero y recursos humanos en el control antidrogas en todos los países, directamente ligada al financiamiento estadounidense. Donde hubo presupuesto para sueldos, armas y equipos de telecomunicaciones, se produjeron reconfiguraciones institucionales más profundas. En Colombia y Bolivia, por ejemplo, el personal se duplicó en solo dos años. Aunque no siempre contaban con edificios o casas de seguridad independientes, los agentes antidrogas solían gozar de salarios más altos que el resto de las fuerzas de seguridad, lo que mejoró su percepción y estatus, siendo investidos con adjetivos como “élite”, “móvil”, “eficiente” y “profesional”.
Las nuevas unidades antidrogas adoptaron una estructura similar, con cuatro divisiones principales: una para denuncias de consumo y menudeo, otra para el registro y control de precursores químicos, una tercera para investigar tráfico y cultivo de alto volumen, y una cuarta para el tráfico internacional en puntos clave como puertos y fronteras. Esta última solía contar con una “sección de inteligencia” que centralizaba la información y mantenía el contacto más estrecho con la DEA. Al igual que la DEA, estas unidades operaban con un doble sistema: territorial y especializado por tipo de droga, concentrando la atención en las sustancias prioritarias para Estados Unidos y adoptando una política represiva y poco tolerante con el consumidor. Incluso asimilaron cargos, ceremonias y nombramientos al modo de la DEA, a menudo sin que los actores locales comprendieran del todo las razones, reflejando la influencia de los “mitos de sus ambientes institucionales” sobre las demandas de sus actividades.
Los cambios más notables incluyen:
- Colombia: En 1972, la Policía Nacional creó una unidad antidrogas en la DIPEC (División de Información, Policía Judicial y Estadística Criminal). Para 1978, una segunda reorganización trasladó las tareas antinarcóticos a la oficina del procurador general, con casi ochenta agentes, permitiendo una extensión de la política antidrogas a todo el país.
- Panamá: A principios de 1973, se afianzó la unidad antinarcóticos del Departamento Nacional de Investigaciones, reemplazando a la sección antidrogas de la Guardia Nacional.
- Bolivia: En 1973, se creó la Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas (DNCSP), dependiente del Ministerio del Interior pero siempre bajo el mando de militares. Hacia mediados de la década, contaba con unos cincuenta elementos.
- Argentina: La Sección de Toxicomanías de la PFA (Policía Federal Argentina) se transformó en 1975 en la División de Drogas Peligrosas de la PFA, colaborando estrechamente con la DEA y la Gendarmería en casos de narcotráfico.
- Perú: En 1975, bajo mando militar, se constituyó la Dirección de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (DINTID) en la Policía de Investigaciones (PIP). Para 1978, tenía jurisdicción absoluta y 142 hombres en Lima.
- Chile: La BEJA se convirtió en 1975 en el Departamento de Narcóticos y Drogas Peligrosas, manteniendo su relación con la Policía de Investigaciones, ya incorporada al Departamento de Defensa, y compartiendo facultades con una unidad de Carabineros de Chile (OS-7).
- Guatemala: En 1978, la antigua Sección de Control de Drogas y Narcóticos del Departamento de Justicia se trasladó a la Dirección General de la Policía Nacional, con unos veinte elementos entrenados por la DEA.
- El Salvador: Una reorganización similar a la de Guatemala ocurrió en 1978, implantando una unidad antidrogas de quince elementos en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.
- Nicaragua: En 1976, los asuntos antidrogas pasaron a la Oficina Nacional de Narcóticos de la Policía Nacional, un cuerpo militarizado.
- Costa Rica: El cuerpo antinarcóticos se reorganizó en 1977 para formar parte del Organismo de Investigación Judicial, una suerte de Policía Judicial.
- Honduras: Hacia 1976, la principal oficina antidrogas estaba subordinada a la Dirección General de Investigación Nacional, un cuerpo militarizado. En 1978, se estableció un cuerpo independiente con apoyo económico de EE. UU.
A pesar de la búsqueda de autonomía y civilidad, en la mayoría de los casos, las unidades antinarcóticos continuaron funcionando bajo el control o el mando militar. En países con cultivos significativos de drogas, se planearon campañas de erradicación que implicaron la creación de estructuras alternas, como secciones de aviación y grupos de trabajo conjunto (JOINT TASK FORCES), que integraban a militares, policías locales y especializados.
¿Qué Habilidades y Requisitos Tienen los Agentes de la DEA?
El trabajo de un agente de la DEA es reconocido por su complejidad y los riesgos inherentes que conlleva, pero también por ser una carrera altamente gratificante para quienes buscan combatir el crimen organizado. Los agentes de la DEA son responsables de aplicar las leyes federales contra el tráfico de drogas ilegales y sustancias controladas en Estados Unidos y, crucialmente, en el extranjero.
Los requisitos de admisión al programa de entrenamiento para agentes de la DEA son numerosos y rigurosos. El proceso de solicitud es altamente competitivo y puede extenderse por un período de hasta un año, abarcando diversas fases de evaluación. Los aspirantes deben demostrar no solo aptitud física y mental, sino también una sólida formación académica, habilidades de investigación, capacidad para trabajar bajo presión y, a menudo, dominio de idiomas extranjeros dada la naturaleza internacional de las operaciones de la agencia. La preparación y el compromiso son fundamentales para superar las exigentes pruebas y unirse a las filas de esta agencia de élite.
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