Ante el incremento de hechos violentos vinculados al narcotráfico —ajustes de cuentas, secuestros y presencia de cárteles disputando el control territorial— se reabre el debate sobre la posible colaboración de la DEA en Bolivia.
El expresidente Evo Morales afirmó que la actual Constitución impide el ingreso de la agencia antidrogas estadounidense. Sin embargo, juristas constitucionalistas descartan esa interpretación. Según expertos, no se requiere una reforma constitucional, sino un decreto y acuerdos bilaterales que respeten la soberanía nacional y articulen cooperación con fuerzas como la DEA, la Policía Federal de Brasil u otras agencias regionales.
El analista político Marcelo Arequipa sostiene que el próximo gobierno debe enfrentar el narcotráfico como una política de Estado, más allá de ideologías. “Estamos a tiempo de tomar decisiones estructurales que trasciendan la defensa de la hoja de coca”, afirmó.
En contraste, el abogado Williams Bascope advierte que el narcotráfico ya habría perforado el Estado. “Se están normalizando los ajustes de cuentas. Luego vendrán los fiscales, jueces y los hijos de la población. Se necesita mano dura y un cambio efectivo”, alertó.
El debate se instala en un contexto de creciente preocupación ciudadana, mientras se define si Bolivia optará por una estrategia integral de cooperación internacional o mantendrá su política de lucha antidrogas sin participación externa.
ROSSÍO VÍA-RTP
