La minería ilegal de oro en la Amazonía depende del mercurio, que se usa para formar una amalgama y separar el oro de otros materiales. Este insumo químico llega de contrabando a Perú, Colombia y Bolivia desde minas en México controladas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según un nuevo estudio de la organización no gubernamental Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) al que Ojo Público tuvo acceso.
Solo desde Querétaro, un estado en el centro de México, salieron 200 toneladas de mercurio entre abril de 2019 y junio de 2025, lo que representa el mayor flujo de mercurio ilegal jamás reportado a nivel mundial. Con ese insumo se ha producido oro ilegal con un valor estimado de al menos USD 8 mil millones al precio actual.
En dicho estado, la segunda reserva de mercurio más grande del mundo, operaban al menos 19 minas activas en 2020. Desde allí, se estima una producción anual de hasta 100 toneladas de este metal.
Varias minas de mercurio en Querétaro están bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación, revela el citado informe. La producción en zonas como La Plazuela ha alcanzado niveles “casi industriales” bajo el dominio de esta organización criminal.
Las instalaciones mineras del cártel en Querétaro están fuertemente resguardadas: torres de vigilancia, sistemas de cámaras y guardias armados evidencian, según el informe, la importancia que tiene la extracción de mercurio en los ingresos del mencionado cártel.
La investigación identifica al ciudadano mexicano Juan José Zamorano Dávila como líder de una red de contrabando que lleva más de una década traficando mercurio desde México hacia Panamá, India, Bolivia, Colombia y Perú, y que ahora contempla expandirse a Ecuador.
Zamorano Dávila, quien ya había sido expuesto en investigaciones anteriores, opera mediante la compra de mercurio líquido a mineros, su ocultamiento en sacos de grava, y su envío fraudulento desde puertos mexicanos con documentación falsa.
Con el objetivo de evadir la prohibición de importar mercurio en Colombia y Perú, así como los controles a la exportación en México, las redes de contrabando utilizan sacos de grava impregnada con mercurio, en lugar de transportar directamente el metal líquido purificado, como era común en la última década en América Latina.
Se ocultan hasta cuatro toneladas de mercurio líquido en sacos llenos de grava. Estos son cargados en contenedores de 20 pies de largo (seis metros), que se completan con sacos idénticos que contienen solo grava regular, alcanzando un peso total de hasta 20 toneladas. Los envíos son declarados falsamente como “materiales de construcción” o “piedras decorativas”.
En el país de destino, los sacos sin mercurio son desechados, y los que contienen el metal tóxico son transportados por carretera a plantas de procesamiento clandestinas. Según la investigación, estas instalaciones operan en ciudades como Arequipa, en Perú, y Medellín, en Colombia.
“Hemos identificado una red de contrabando de mercurio vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, a una sola organización. Pero si observamos el alto nivel de producción de oro ilegal en el Perú, es probable que existan más redes operando de forma similar”, señala Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental.
El auge del precio del oro, que ha llegado a los USD 107 por gramo, ha disparado la expansión de la minería ilegal en la Amazonía y ha convertido al mercurio en un insumo codiciado.
La Agencia de Investigación Ambiental recogió testimonios desde la zona minera de Querétaro –en el centro de México– que advierten sobre una fiebre extractiva impulsada por precios récord: hasta 330 USD por un kilo de mercurio.
El precio del mercurio en minas de Colombia y Perú puede ser hasta cuatro veces mayor que en México, según datos recogidos entre febrero de 2023 y junio de 2025.
Casi la mitad del mercurio que ingresa a Perú termina en Madre de Dios, donde los mineros ilegales y artesanales utilizan entre 44 y 50 toneladas métricas de esta sustancia cada año. Un traficante de mercurio declaró que entrega unas 1,5 toneladas mensuales solo en Madre de Dios.
La magnitud del tráfico de mercurio quedó en evidencia recientemente, cuando el pasado 7 de junio, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), basándose en información proporcionada por el Agencia de Investigación Ambiental, inspeccionó en Perú un cargamento de casi cuatro toneladas de mercurio con destino a Bolivia.
El envío, transportado por la naviera Ocean Network Express en un buque de Hapag-Lloyd, constituye la mayor confiscación de este metal registrada en un país amazónico.
Los cargamentos de mercurio desde México fueron introducidos en contenedores etiquetados como “piedras decorativas” y “piedras machacadas” para uso en construcción. En total se identificaron 50 embarques desde México: 37 con destino Perú, 10 a Colombia y tres a Bolivia.
“El desmantelamiento de esta red desde México ayuda a entender por qué seguían siendo tan altos los niveles de producción de oro ilegal en el Perú”, señala Julia Urrunaga.
Un convenio con brechas
Adoptado en 2013 en la ciudad japonesa de Kumamoto, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio busca eliminar progresivamente el uso y comercio de esta sustancia altamente tóxica, en especial en actividades como la minería de oro. El tratado prohíbe la utilización de mercurio para la producción aurífera.
México firmó el acuerdo en 2013 y lo ratificó en 2015, igual que Perú, comprometiéndose ambos a restringir su uso y eliminar gradualmente las fuentes de suministro.
Cuando la Unión Europea y los Estados Unidos cerraron sus puertas a la exportación de mercurio —en 2011 y 2013, respectivamente—, el vacío en el mercado internacional fue rápidamente ocupado por otros actores.
México emergió como uno de los principales centros de producción y distribución del metal a nivel mundial. El país concentra 38 de las 54 fuentes antropogénicas de mercurio documentadas en todo el mundo.
Los hallazgos de la Agencia de Investigación Ambiental exponen deficiencias en la aplicación del Convenio de Minamata, especialmente en el caso mexicano. Aunque en los informes oficiales presentados ante el tratado México parece dar cuenta de una eliminación progresiva bajo control estatal, en la práctica la legislación nacional aún permite la explotación de mercurio hasta el año 2032 como “período de gracia”.
“Mientras las minas de mercurio sigan abiertas, en México o en cualquier otro lugar, los traficantes encontrarán el modo de operar. El problema debe abordarse desde la raíz”, señala Alexander von Bismarck, director ejecutivo de la Agencia de Investigación Ambiental.
Solo los traficantes identificados en el informe reciente habrían movilizado, en promedio, 30 toneladas anuales de mercurio primario desde México entre 2019 y 2024.
El estudio de la Agencia de Investigación Ambiental advierte que el mercurio no solo alimenta la minería ilegal de oro, sino también redes de narcotráfico y grupos armados. Por ello, demanda al gobierno mexicano que recupere el control de las zonas mineras en Querétaro y desarticule la red de contrabando revelada en su reporte.
OJO PÚBLICO
