Comunarios indígenas y campesinos de las poblaciones ribereñas del río Madre de Dios iniciaron el desalojo de las barcazas que realizan trabajos de minería en esas aguas porque concluyó el plazo dado por los amazónicos para que sean levantados definitivamente esos trabajos que provocan contaminación por mercurio y serios daños a la salud de quienes viven en el sector.
Los mismos afectados, en este caso los indígenas que viven en la zona del río Madre de Dios, mediante la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) a tiempo de declarase en estado de emergencia, dieron un ultimátum hasta el 30 de septiembre para que las operaciones mineras abandonen las riberas de los ríos Madre de Dios y Beni, (v. “Pueblos indígenas de Pando dan un ultimátum a la minería y crean comités de defensa”, 18/09/26, ANA).
La decisión correspondiente fue asumida durante una Asamblea Extraordinaria en la comunidad de Trinidadcito por lo que la mañana del lunes 5 los pueblos indígenas de esas áreas iniciaron el desalojo de las balsas con las que los mineros realizan trabajos extrayendo oro, siendo que de acuerdo a reportes procedentes del lugar se da cuenta que en la primera hora del operativo noventa y seis balsas fueron retiradas.
Ya estudios efectuados entre 2023 y 2025 evidenciaron la existencia de mercurio en los cuerpos de hombres, mujeres y niños de las comunidades ribereñas, lo cual supera los límites establecidos por la Organización Mundial de Salud (OMS) que es de una parte por millón (1 ppm), sin embargo, los referidos estudios marcan que los lugareños sufren una afectación en sus organismos de 1,90 a 5,10 partes por millón).
Todo ello surge a raíz de la falta de una resolución por parte de las autoridades gubernamentales a la acción ambiental preventiva presentada por el Territorio Indígena Multiétnico TIM II y las capitanías Tacana, Kabineña y Ese Ejja frente a la contaminación minera.
¿Acciones directas contra la minería?
Al respecto fue consultado el indígena uchupiamona Álex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap):
“Es un síntoma del cansancio y la desesperación de las comunidades indígenas ante el pedido clamoroso que se ha venido realizando ya hace bastante tiempo, las denuncias son bastante en tema de vulneración a los derechos de los pueblos indígenas, la no consulta previa, libre e informada para poder aprovechar los recursos que existen en los territorios indígenas, la penetración en áreas protegidas, la ocupación de cuerpos de agua como ríos, lagunas y humedales, creo que ya empieza a reflejarse en este tipo de acciones directas”.
En ese sentido, Villca estimó que todo se viene sucediendo de esa manera, en la que los pueblos indígenas, ante la inacción de las autoridades gubernamentales, se ven obligados a actuar directamente para retirar a la minería de sus territorios pues contamina las aguas y provoca afectaciones graves a la población por el consumo de alimentos polucionados con metales pesados como el mercurio que es utilizado en el procesamiento del oro.
“Lo hemos observado hace poco en La Asunta donde un cabildo de la población decide también intervenir las actividades que se venían desarrollando, actividades ya sean éstas lideradas por cooperativas mineras o empresas mineras unipersonales, no sabemos porque lo que conocemos es que gran parte de la actividad minera en nuestro país está liderada por operaciones ilegales, entonces creo que eso va ser de aquí en adelante un tema que va ir generalizándose”.
Durante el mes de agosto comunarios del municipio de La Asunta en la provincia Sud Yungas (aprox. 200 km de la ciudad de La Paz), después de duros enfrentamientos allí registrados y que derivaron en la quema de maquinaria pesada y la retención de quince equipos entre retroexcavadoras, tractores, el cabildo de ese municipio aprobó ocho puntos que apuntan a frenar toda actividad minera en el municipio y reparar los graves daños ambientales ocasionados en la región, (v. “La Asunta: Cabildo retiene maquinaria de minería ilegal, exige la expulsión de ciudadanos chinos y renuncias en la AJAM”, 24/08/26, ANA).
El sector de la cuenca del río Madre de Dios es territorio ancestral y hábitat de comunidades indígenas como los tacanas, pacahuaras, iñaparis y araonas, entre otros. Es preciso tener presente que en nuestro país la principal área protegida vinculada directamente con esa cuenca es la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, situada entre los municipios de Puerto Rico, El Sena, Filadelfia y otros), abarcando gran parte de la cuenca de los ríos Manuripi, Tahuamanu y, desde luego, el Madre de Dios.
Los ecosistemas de esa área protegida pertenecen al bosque húmedo tropical amazónico, caracterizado por la presencia dominante del árbol de la castaña y la siringa; por su parte, la biodiversidad se caracteriza por albergar especies como el jaguar, el puma, capibaras, diversas especies de primates, caimanes y cerca de mil especies de aves.
El río Madre de Dios en Bolivia enfrenta una fuerte presión por la minería ilegal de oro (operación de dragas y balsas), lo que ha motivado acciones de control y fallos judiciales por parte de organizaciones indígenas y el Tribunal Agroambiental para proteger sus aguas.
“Estamos hablando por lo menos de los últimos veinte años donde hemos visto que los gobiernos han hecho caso omiso a las funciones que tendrían ellos que desempeñar desde las distintas instancias del Estado, llámese Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), llámese Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), llámese Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y otras instituciones que prácticamente se han convertido en los grandes facilitadores para la penetración y el avasallamiento a territorios indígenas, áreas protegidas y nuestras principales cuencas hidrográficas”, puntualizó el vocero de Contiocap.