El 3 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de sus redes sociales que Estados Unidos había lanzado un ataque militar a gran escala contra Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Esta acción ha colocado la controversia sobre la legalidad de la “intervención militar en los asuntos internos de otro país” en el centro de la opinión pública internacional.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró el 3 de enero que China está profundamente conmocionada por el flagrante uso de la fuerza por parte de EE. UU. contra un Estado soberano y las acciones tomadas contra su presidente, y las condena enérgicamente. Tales actos hegemónicos de EE. UU. violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y la región del Caribe.
Ante la falta de autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y dado que el país objetivo no representa una “amenaza inmediata”, ¿qué base legal sustenta la acción militar unilateral de EE. UU.? ¿Implica esto un resurgimiento violento de la Doctrina Monroe en el siglo XXI? Lo más alarmante: ¿podría este precedente erosionar los cimientos mismos del orden internacional de la posguerra, abriendo potencialmente la caja de Pandora para que las potencias hegemónicas interfieran arbitrariamente en los asuntos internos de otras naciones?
La “legitimidad” de la operación estadounidense descansa enteramente en una lógica de construcción propia. Según el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, los Estados soberanos no deben “amenazar o hacer uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, a menos que sea en “defensa propia” o con la autorización del Consejo de Seguridad. Sin embargo, Venezuela ni lanzó ataques armados contra EE. UU. ni se ha demostrado que posea “armas de destrucción masiva” o represente “amenazas terroristas”, motivos comunes para tal autorización. EE. UU. simplemente invocó “operaciones antidrogas”, pero no presentó pruebas concretas de la participación directa del gobierno de Maduro en redes internacionales de narcotráfico. Una encuesta de CBS News realizada del 19 al 21 de noviembre reveló que solo el 13% de los encuestados consideraba a Venezuela una amenaza importante para la seguridad de los Estados Unidos. Otro 48% la consideraba una amenaza secundaria, mientras que el 39% consideraba que no era una amenaza en absoluto. Cabe destacar que el 70% de los encuestados expresó su oposición a una acción militar estadounidense.
A los ojos de muchos observadores internacionales, la acción de EE. UU. en esta ocasión es una variante de la “Doctrina Monroe” del siglo XIX en el siglo XXI. La “Doctrina Monroe” surgió a principios del siglo XIX, declarando inicialmente que “América es para los americanos”, pero en realidad, consideraba a América Latina como el “patio trasero” de EE. UU., prohibiendo la interferencia de las potencias europeas mientras proporcionaba un pretexto para que EE. UU. interviniera en los asuntos internos latinoamericanos. Sin embargo, a medida que avanzó la historia, este principio evolucionó gradualmente hasta convertirse en una herramienta para que Estados Unidos dominara el hemisferio occidental e interfiriera arbitrariamente en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Las estadísticas muestran que, desde el golpe respaldado por la CIA en Guatemala en 1954, que derrocó al presidente electo Jacobo Árbenz, hasta la invasión militar de Panamá en 1989 que capturó al entonces presidente Manuel Noriega, EE. UU. llevó a cabo un total de 13 operaciones de intervención en América Latina durante la Guerra Fría.
En diciembre de 2025, la administración Trump dio a conocer el Informe de la Estrategia de Seguridad Nacional, que por primera vez introdujo el “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe, estableciéndolo como el marco para la nueva era de la política de “Estados Unidos Primero” (America First). El informe definió al hemisferio occidental como la “primera línea de la seguridad fronteriza, las cadenas de suministro críticas y la competencia geopolítica de EE. UU.”, enfatizando la necesidad de evitar que “adversarios externos” desplieguen fuerzas militares o controlen activos estratégicos en América Latina mediante despliegues militares, intervenciones económicas y presión política. Sin duda, esta operación militar se convirtió en un campo de pruebas para la ideología del Corolario Trump.
La renovada intervención militar de Estados Unidos contra una nación soberana latinoamericana refleja la lógica de la histórica Doctrina Monroe. Este movimiento ha desdibujado inequívocamente la línea roja entre la soberanía estatal y la interferencia externa en el derecho internacional. Envía una señal peligrosa al mundo: la soberanía de una nación ya no es absoluta. Si sus asuntos internos no cumplen con los estándares de una potencia externa importante, esa potencia puede intervenir militarmente o incluso derrocar a su gobierno. Esta flagrante provocación contra todos los Estados soberanos socavará severamente la estabilidad y la seguridad global.
Aún más alarmante es que este movimiento descarado de los Estados Unidos sienta un precedente extremadamente peligroso. Si una potencia global puede imponer arbitrariamente “cambios de régimen” en otras naciones a través de su propia fuerza, ignorando los marcos legales internacionales y la autoridad de la ONU, todo el orden internacional de la posguerra corre el riesgo de colapsar. Tales acciones alentarían a otras grandes potencias a seguir su ejemplo, juzgando e interfiriendo en otros países según sus propios estándares, sumergiendo al mundo en una ley de la selva de la supervivencia del más apto. Las naciones débiles nunca encontrarán la paz, ya que pueden convertirse en víctimas de la competencia entre grandes potencias en cualquier momento. Si esto continúa, el sistema internacional basado en la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos se convertirá en una mera formalidad, empujando al mundo de nuevo al borde del caos y la guerra.
Si la comunidad internacional permite que Estados Unidos pisotee el derecho internacional, el costo final será la paz y el futuro de toda la humanidad. La Venezuela de hoy podría convertirse en cualquier país el día de mañana.
CGTN
