Un dron sobrevoló la finca “Karina” y reveló lo que desde tierra era imposible de dimensionar: una playa sobre el río Bermejo colmada de vehículos y gomones que cruzaban desde Bolivia cargados de mercadería. La imagen aérea, reseñada en un reporte de La Nación de Argentina, fue decisiva para desmantelar una estructura de contrabando que operaba a escasos dos kilómetros del paso fronterizo formal de Aguas Blancas.
El predio funcionaba como un puerto clandestino, epicentro de un flujo comercial ilegal estimado en 3,13 millones de dólares anuales. Según el medio argentino, la investigación comenzó el 26 de mayo y derivó en la imputación de 11 personas —una de ellas, agente de la policía provincial— por asociación ilícita y contrabando agravado, a cargo del fiscal federal de Tartagal, Marcos Romero. La jueza de Garantías, Ivana Hernández, dictó prisión preventiva para todos los acusados y ordenó la clausura del predio, bajo custodia permanente de Gendarmería Nacional.
La pesquisa reveló un sistema de cobros meticulosamente organizado: 2 dólares por vehículo en la entrada, 1 dólar por cada bulto de mercadería en la playa del río, y un canon diario de 21 dólares para cada uno de los seis puestos de comida instalados en el lugar. Con un promedio de 300 vehículos diarios, cada uno transportando diez bultos, la recaudación superaba los 12.000 dólares por día, excepto los domingos, cuando la finca permanecía cerrada.
El operativo, ejecutado el 4 de agosto, movilizó a 170 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Salta, Aduana y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Entre los principales responsables figura Alfredo Salazar, residente en Bolivia, señalado como coordinador del envío de mercadería ilegal desde ese país. Su captura aún está pendiente.
Para la Justicia argentina, el caso no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una estructura transnacional de contrabando, sostenida por complicidades locales y que alimenta un comercio informal tolerado en la frontera. La investigación sigue en curso y se anticipan nuevas imputaciones.
El Deber
