
Durante este 2025, África vive una nueva ola de protestas lideradas por jóvenes que denuncian fraude electoral, reelecciones indefinidas y gobiernos que se aferran al poder por décadas. Las movilizaciones se han intensificado en países como Tanzania, Madagascar, Camerún, Uganda, Kenia y Marruecos, y exponen una crisis de legitimidad democrática en el continente.
En octubre de 2025, miles de personas salieron a las calles en Dar es Salaam, Arusha y Mbeya, tras unas elecciones presidenciales marcadas por la exclusión de líderes opositores y denuncias de manipulación. La reelección de la presidenta Samia Suluhu Hassan fue cuestionada por observadores internacionales. La represión dejó al menos cinco muertos y decenas de heridos, según reportes de organizaciones de derechos humanos.
“No es solo por las elecciones, es por todo lo que nos niegan: salud, educación, futuro”, dijo Amina, estudiante de 22 años en Dar es Salaam.
En Antananarivo, capital de Madagascar, las protestas juveniles contra la corrupción y la falta de alternancia democrática derivaron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. En lo que va del año, se han registrado 22 muertes en contextos de represión estatal.
En Camerún, el presidente Paul Biya continúa en el poder desde 1982. Las protestas en Yaoundé y Douala se reactivaron tras las elecciones de este año, marcadas por baja participación y denuncias de fraude.
En Uganda, el presidente Yoweri Museveni, con más de 35 años en el poder, enfrenta movilizaciones juveniles que exigen reformas constitucionales y límites a la reelección. La represión y censura siguen siendo constantes.
La generación Z africana, nacida después del año 2000, está liderando estas protestas. Conectados por redes sociales, exigen alternancia democrática, empleo, servicios básicos y respeto a los derechos humanos. En países como Kenia y Marruecos, las movilizaciones se articulan también con demandas de justicia social y gobernanza transparente.
Analistas comparan esta ola con una posible “primavera africana”, donde la juventud desafía estructuras de poder arraigadas. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado patrones de represión y exigido garantías para la protesta pacífica.
AGENCIAS