Evo Morales vuelve a ocupar un lugar central en la crisis política y social que atraviesa Bolivia; a la movilización de sus seguidores iniciada por su inhabilitación como candidato presidencial, que deja al país en una virtual debacle financiera; se suman las acusaciones del gobierno, de la oposición y de otros sectores de la sociedad civil como el más probable autor intelectual de los hechos de violencia, que provocaron la muerte de al menos seis personas en enfrentamientos en el norte de Potosí y Cochabamba. Las percepciones sobre Morales son muy disímiles; existe un sector en las área periurbanas y rurales, con algunos atisbos también en clases medias de tendencia progresista, que ven en el expresidente a un líder innato que recoge el sentimiento y las necesidades de los sectores más empobrecidos del país, además de atribuirle la década de bonanza en el país que permitió la disminución ostensible de los bolsones de pobreza. Aunque, en la última época, ese respaldo decreció por el apego desmedido del exmandatario al poder, que provocó una ruptura del Movimiento al Socialismo (MAS) en tres corrientes. Sin embargo, existe otro grupo de la población, sobre todo urbano, que responsabiliza al exmandatario por haber dilapidado la mejor época que tuvo Bolivia para salir del círculo de pobreza, diversificar su matriz económica y potenciar su aparato productivo, que permitan a la nación tener la estabilidad económica, ingresar en la ruta del desarrollo sostenible y mejorar los indicadores de Desarrollo Humano; en cambio -dicen los detractores- se incrementó al aparato burocrático estatal, se adormeció a la sociedad con la política de bonos y se destruyó la institucionalidad democrática. En ese sentido, una de las críticas recurrentes que se le hace a Evo Morales es el haber cooptado a los otros órganos del Estado, que le permitieron gobernar sin oposición política ni social, implementar políticas públicas que beneficiaron solamente a sus acólitos, reproducir las actitudes despóticas de sus aliados del denominado Socialismo del Siglo XXI y conformar un escenario de corrupción, impunidad y atentatorio a los derechos humanos; acusaciones que quedaron en ello, porque al tener el supuesto control de todo el aparato estatal, no prosperaron. La identificación de Evo Morales como promotor de la violencia reflotó debido a los bloqueos protagonizados por los afines al líder cocalero, que inisten en su repostulación pese a que pesa sobre esa intención una prohibición constitucional expresa, los cuales derivaron la pasada semana en una escalada de violencia. En Llallagua, norte de Potosí, el ataque de los bloqueadores a las fuerzas del orden y la población del centro minero dejaron como saldo tres policías muertos en una emboscada registrada la madrugada del 11 de junio; posteriormente, un estudiante de 17 años falleció producto de los golpes recibidos en las agresiones. A esto se suma el fallecimiento de otro policía y un civil durante los intentos de desbloqueo en la carretera Cochabamba – Oruro. El Gobierno ha denunciado públicamente la ‘brutalidad’ con la que actuaron las huestes del exmandatario en las rutas y ha instruido a la Fiscalía la identificación de los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Si bien no hay una imputación formal en su contra, líderes políticos del oficialismo y la oposición apuntan a Evo Morales como el instigador político de los bloqueos y de la escalada de la violencia, dadas las consignas lanzadas en sus redes sociales y las declaraciones públicas en las que llama a la resistencia a los desbloqueos y a la masificación del conflicto que denominó como ‘la batalla final’ para lograr su cometido de ser nuevamente candidato presidencial en las elecciones nacionales de agosto venidero. A lo largo de su administración del Estado, Morales ha sido señalado por diversos sectores y organismos por haber incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos. El primero de ellos es el de La Calancha, Sucre, ocurrido entre el 23 y 25 de noviembre de 2007, durante las protestas originadas por el descontento popular contra la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y el traslado de la sede de Gobierno. La represión policial dejó 3 muertos y unos 300 heridos, evidentemente, hubo acusaciones del uso desproporcionado de la fuerza, pero los policías investigados no fueron sentenciados, porque alegaron que cumplieron con la cadena de mando. Morales no fue imputado. Posteriormente, Bolivia experimentó uno de los episodios más conflictivos de su historia reciente, cuando se produjo la masacre de Porvenir, acaecida el 11 de septiembre de 2008, que dejó al menos 13 muertos en enfrentamientos entre campesinos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y funcionarios de la entonces prefectura opositora de Pando. Aunque la investigación responsabilizó directamente al exprefecto Leopoldo Fernández, sectores críticos apuntaron a una estrategia de confrontación impulsada desde el Ejecutivo. La advertencia del entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien a modo de sentencia se dirigió a Fernández y le dijo: “Prefecto Fernández, que en paz descanse y conviva con los gusanos”, antecedió a los luctuosos acontecimientos acaecidos en esa población pandina. Quintana, hombre de profunda cercanía a Morales hasta la fecha, no fue investigado y menos procesado por los hechos conocidos como el ‘Plan Quintana’, el cual habría tenido el aval del exmandatario. El caso del Hotel Las Américas, hecho que aconteció la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un grupo élite de la Policía ingresó a ese hospedaje para detener a un supuesto comando conformado por bolivianos y extranjeros que planificaban atentar contra la seguridad del país, como una campaña promovida de la denominada ‘Media Luna’ para la escisión del país. En el operativo, que no contó con la participación del Ministerio Público, murieron tres extranjeros y se detuvo a dos personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó el año pasado que en el operativo del hotel Las Américas el Estado violó los derechos a la vida de las víctimas y exigió procesar a los responsables. Además, el organismo independiente recomendó al Estado reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción
