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Internacional

El presidente Petro anuncia que Colombia rompe relaciones con Israel

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles 1 de mayo que su país romperá relaciones diplomáticas con Israel. “Aquí, delante de ustedes, el presidente de la república informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel”. El anuncio de Petro se produjo ante miles de simpatizantes en Bogotá, la capital colombiana, durante los actos de conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Petro ya había criticado duramente las acciones de Israel en Gaza en su guerra contra el grupo militante islamista Hamás. La ruptura de relaciones del gobierno colombiano, el primer izquierdista en la historia del país, supone un giro de 180 grados a las políticas de anteriores administraciones quienes habían afianzado a Colombia como el principal aliado de Israel en la región. Esta noticia está en desarrollo. Más detalles en breve. (BBC)

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Argentina: Milei consigue su primer triunfo en el Congreso con una versión recortada de su ley de desguace del Estado

El presidente argentino, Javier Milei, logró este martes su primera victoria legislativa tras más de cuatro meses de Gobierno. La Cámara de Diputados aprobó por 142 votos a favor, 106 en contra y cinco abstenciones un nuevo proyecto de ley de desguace del Estado. Se trata de una versión recortada y mucho menos ambiciosa de aquella que fracasó en febrero por los votos en contra de, incluso, los diputados aliados. La votación es un éxito parcial, porque la iniciativa debe sortear un último obstáculo para convertirse en ley: el Senado. El peronismo, primera minoría en la Cámara alta, anticipa allí una fuerte oposición, mientras que organizaciones sociales, de izquierda y sindicatos protestarán en las calles. El debate en la Cámara de Diputados comenzó el lunes a mediodía y se extendió en una maratónica sesión de más de 26 horas ininterrumpidas. Primero se aprobó el texto en general, pero después se votaron en particular algunos de los 232 artículos del bautizado como proyecto de Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, con resultados más ajustados pero también afirmativos. La aprobación del proyecto muestra el cambio de estrategia del Gobierno ultraderechista respecto a febrero, cuando la Cámara de Diputados frenó una primera versión de la ley, aún más extensa. Milei mantiene hoy su retórica anticasta, con agresiones verbales constantes hacia los políticos, pero aceptó negociar muchos artículos con gobernadores provinciales y referentes de la oposición dialoguista para asegurarse la votación afirmativa del proyecto de ley. Milei ha conseguido el respaldo de los diputados pese a estar en clara minoría: el oficialista La Libertad Avanza (LLA) tiene solo 38 de las 257 bancas de la Cámara baja. “Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas”, manifestó el presidente a través de las redes sociales. Milei confía en que el texto será aprobado también por el Senado y auguró “una nueva era de prosperidad” para el país latinoamericano. Superpresidente Los diputados acordaron dar poderes extraordinarios por un año a Milei para que gobierne por decreto en materia administrativa, económica, financiera y energética. También podrá privatizar algunas empresas estatales —entre las que están Aerolíneas Argentinas y Ferrocarriles Argentinos— y disolver casi todos los organismos públicos, a excepción de 14. Entre los que quedaron a merced del cierre está el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el que se conservan los perfiles genéticos de muchos familiares de desaparecidos en la dictadura —y de los bebés que dieron a luz en cautiverio— que son buscados por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. “Menos Estado es más libertad”, dijo el jefe de bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, durante el debate. “Vamos a construir un Estado más ágil y eficiente. Se van a eliminar trabas burocráticas que asfixian a la economía”, agregó. El Pro, el partido encabezado por el expresidente Mauricio Macri, se ha convertido en el principal aliado legislativo del Gobierno. Sus 37 diputados votaron a favor por considerar que le da al Gobierno las herramientas que solicita para el cambio votado por los argentinos en noviembre. También dieron su apoyo muchos de los legisladores de la Unión Cívica Radical y de Hacemos Coalición Federal. La oposición estuvo liderada por la coalición peronista de Unión por la Patria (UxP), que cuenta con 99 diputados. La legisladora Natalia Zaracho denunció que las nuevas normativas sólo benefician a los más poderosos: “No es para la libertad de los argentinos, sino que es para la libertad del 1% más rico y las multinacionales. Por eso yo la llamaría Ley de Bases para el saqueo de nuestro país y la pérdida de todos nuestros derechos”. “No podemos poner la ciencia de la Argentina, los intereses del país, en una timba a ver qué sale”, señaló el jefe de bloque de UxP, Leopoldo Moreau, al criticar la delegación de facultades legislativas a Milei. Beneficios a grandes empresas El Gobierno apuesta al crecimiento económico de Argentina a través del aumento de exportaciones energéticas, mineras y agropecuarias. Para atraer inversiones, el proyecto contempla un generoso Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que ofrece numerosos beneficios aduaneros y fiscales por 30 años a las empresas con proyectos de más de 200 millones de dólares. También les da vía libre para la importación de bienes de capital e insumos. “Este régimen no da obligación alguna a las empresas y va a generar perjuicios para la industria local”, criticó el peronista Itai Hagman. A su juicio, debería exigirse que las empresas contribuyan al desarrollo local y garantizar la transferencia tecnológica. Argentina forma parte del Triángulo del litio, un mineral clave para la fabricación de automóviles eléctricos que ya ha empezado a ser extraído en las salinas del noroeste del país y para el que se esperan más inversiones. Sin embargo, la joya más preciada es Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de la Patagonia argentina que en 2023 batió récords de producción. Ese interés ayuda a entender los 60 artículos del proyecto dedicados a modificar las leyes vigentes en materia energética. El texto elimina el autoabastecimiento energético como un objetivo prioritario del Estado argentino y habilita la libre exportación de hidrocarburos. Prohíbe además la regulación del precio de los combustibles locales, incluso en situaciones de emergencia. En caso de desacuerdo entre las empresas que entren al RIGI y el Estado, la denuncia deberá hacerse frente al CIADI y no en tribunales locales. Para la oposición, la normativa supone la renuncia del Estado argentino a la soberanía sobre sus recursos naturales. “Es la entrega nacional a las petroleras”, advirtió el diputado de izquierda Christian Castillo. Reforma laboral Milei va camino de aprobar una reforma laboral que antes intentaron sin éxito Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. Es menor a la que quería el Gobierno —de los 60 artículos iniciales quedaron 18— pero incluye la extensión del período de prueba hasta los seis meses y abre la puerta a una reducción de las indemnizaciones por despido en plena crisis económica. La actividad cayó un 3,2% interanual en febrero lastrada por

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Netanyahu promete invadir Rafah “con o sin acuerdo”, mientras siguen las conversaciones con Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se comprometió el martes a lanzar una incursión sobre Rafah, la ciudad del sur de Gaza en la que cientos de miles de palestinos se refugian de una guerra que dura ya siete meses. Netanyahu apuntó que Israel entrará en Rafah para destruir a los batallones de Hamás presentes allí “con o sin acuerdo”. Israel y Hamás están negociando un acuerdo de alto el fuego para la liberación de los rehenes y llevar cierto alivio a los palestinos en el sitiado enclave. “La idea de que pararemos la guerra antes de conseguir todos sus objetivos está fuera de lugar. Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás allí — con o sin acuerdo — para lograr la victoria total”, dijo Netanyahu durante una reunión con familiares de los cautivos retenidos por insurgentes en Gaza, de acuerdo con un comunicado de su oficina. Palestinos lloran a familiares muertos en bombardeos israelíes, en el hospital al-Najjar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 29 de abril de 2024. El líder israelí se comprometió a lograr la “victoria total” en la guerra y ha enfrentado a la presión de sus socios de gobierno nacionalistas para lanzar una ofensiva sobre Rafah, que según Israel es el último gran bastión del grupo insurgente palestino. La comunidad internacional, incluyendo el principal aliado de Israel, Estados Unidos, ha dado la voz de alarma sobre el destino de los civiles si el ejército invade la zona. Netanyahu ha rechazado repetidamente frenar la guerra a cambio del regreso de los rehenes y dice que la operación en Rafah es crucial para destruir a los insurgentes tras su incursión del 7 de octubre en el sur de Israel. Su gobierno podría verse amenazado si accede a un pacto porque los miembros más conservadores del ejecutivo han exigido un ataque contra la ciudad. Antes en el día, la televisora estatal egipcia por satélite Al-Qahera News reportó que responsables de Hamás abandonaron El Cairo tras mantener conversaciones con funcionarios egipcios sobre una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza. La cadena, que tiene una estrecha vinculación con las agencias de seguridad egipcias, dijo que la delegación de Hamás regresará a la capital de Egipto con una respuesta por escrito a la propuesta de alto el fuego, pero no ofreció fechas. El lunes, la delegación encabezada por Khalil al-Hayya, un alto cargo del grupo insurgente palestinos, mantuvo conversaciones con funcionarios egipcios centradas en la propuesta elaborada por el país para establecer un alto el fuego en la Franja de Gaza. Junto a Qatar y Estados Unidos, Egipto actúa como mediador entre Israel y Hamás para lograr una tregua tras casi siete meses de guerra. En las últimas semanas, El Cairo ha intensificado sus esfuerzos de mediación en un intento de evitar una ofensiva israelí sobre Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, en la frontera con Egipto, donde se refugia más de la mitad de la población del sitiado enclave. Los términos de la propuesta no se han hecho públicos. Pero los medios israelíes dijeron que Israel ha suavizado su postura y ahora pide la liberación de 33 rehenes — desde los 40 iniciales — a cambio de la de unos 900 palestinos presos en sus cárceles. Se cree que Hamás tiene alrededor de 100 israelíes cautivos en Gaza y los restos mortales de la menos 30 más. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza dijo el martes en su reporte diario que los hospitales del territorio recibieron 47 cadáveres en las últimas 24 horas, además de 61 heridos. La guerra en Gaza comenzó tras el asalto sin precedentes del 7 de octubre sobre el sur de Israel en el que los insurgentes mataron a alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y capturaron a unas 250 más como rehenes. La posterior campaña aérea y terrestre israelí en la Franja se ha cobrado la vida de al menos 34.536 palestinos, en su mayoría mujeres y menores, según el Ministerio de Salud gazatí, cuyo conteo no diferencia entre víctimas civiles y combatientes. Al menos 77.704 personas más han resultado heridas, añadió. El ejército israelí afirma que sus tropas han matado a unos 13.000 insurgentes desde octubre, pero no ha ofrecido evidencias que respalden su afirmación. (AP)

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Israel teme que la Corte Penal Internacional emita órdenes de captura contra varios de sus altos cargos

Funcionarios israelíes están cada vez más preocupados por las prospectivas de que la Corte Penal Internacional —un tribunal creado hace dos décadas y con sede en La Haya— pueda estar en proceso de preparación de órdenes de arresto contra representantes del Gobierno israelí o de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Los reportes se divulgaron luego de que el Ministerio de Exteriores de Israel revelara el domingo en la noche que había informado a las misiones israelíes en el extranjero de “rumores” de que el tribunal podría ordenar la detención de altos cargos políticos y militares israelíes. El Ministerio no indicó la fuente de los rumores. Dos funcionarios —de cinco entrevistados por The New York Times— declararon que están convencidos de que, tras seis meses de iniciada la guerra, la CPI evalúa la presentación de acusaciones o cargos y la emisión de órdenes de arresto contra oficiales presuntamente responsables por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza, durante la campaña de Israel contra el grupo islamista Hamás en el enclave. Los reportes sobre las preocupaciones de los funcionarios israelíes han sido también confirmadas por AP. La prensa israelí ha ido un paso más allá. Según el diario israelí Haaretz, entre los funcionarios que estarían en la mira de la CPI estarían el primer ministro, Benjamin Netanyahu; el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Ejército, Herzl Halevi. Según el medio israelí, que cita fuentes anónimas del Gobierno, las órdenes podrían ser entregadas esta misma semana. Israel no forma parte de los 124 países signatarios del Estatuto de Roma que han reconocido la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Tampoco Estados Unidos, su principal aliado y proveedor de seguridad y armas, Rusia o China. “Hemos sido muy claros sobre la investigación de la CPI. No la apoyamos. No creemos que tengan jurisdicción”, declaró Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca. El fiscal general de la CPI, Karim Khan, que documenta además una decena de investigaciones en África, Europa, Asia y en Latinoamérica —como la de crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela— afirmó en octubre que la Corte sí tiene jurisdicción para investigar crímenes en la Franja de Gaza. Khan visitó Ramala e Israel en diciembre y se reunió con funcionarios palestinos y familiares de israelíes muertos o tomados como rehenes por militantes de Hamás en el atentado del 7 de octubre que desencadenó la guerra entre Israel y Hamás y añadió que “el derecho internacional humanitario debe seguir aplicándose”. La CPI interrogó a personal de hospitales Al-Shifa y Nasser Fiscales de la Corte Penal Internacional han entrevistado al personal de los dos mayores hospitales de Gaza, según reveló Reuters este lunes citando a dos fuentes, en lo que es la primera confirmación de que los investigadores indagaron con médicos sobre posibles crímenes en la Franja de Gaza. Las fuentes, que pidieron no ser identificadas, dijeron a Reuters que los investigadores de la CPI habían tomado declaración a personal que había trabajado en el principal hospital de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, el hospital Al Shifa, y en el principal hospital de Khan Younis, en el sur, el hospital Nasser. Las fuentes se negaron a dar más detalles, alegando preocupación por la seguridad de los posibles testigos. Una de las fuentes dijo que los sucesos en torno a los hospitales podrían formar parte de la pesquisa de la CPI, que investiga y juzga causas penales contra individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión. Israel rechazó el viernes que estuviese implicado en cualquier conducta impropia respecto el hallazgo de fosas comunes encontradas en los dos complejos hospitalarios de la Franja de Gaza. Aunque ha reconocido que desenterró cuerpos en búsqueda de posibles cadáveres de rehenes, sostuvo que las FDI no entierran cuerpos en fosas comunes. “Las calumnias de Hamás no conocen límites. Es triste ver como muchas organizaciones de noticias siguen siendo tan rápidas para copiar y pegar las mentiras de Hamás para hacer clickbait. Las FDI seguirán atacando a Hamás evitando víctimas civiles con una precisión que probablemente nunca se haya visto en la historia de la guerra”, indicó Avi Hyman, portavoz del gobierno israelí. El Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha pedido a Israel investigaciones más exhaustivas sobre las recientes denuncias del hallazgo de al menos dos fosas comunes con más de 300 de cadáveres en el complejo del hospital Al-Shifa y en el hospital Nasser luego de la retirada de tropas israelíes, dijo este lunes 29 de abril que tras una investigación completa, ha encontrado que cinco comandos o grupos militares israelíes cometieron actos que violaron derechos humanos. Según Vedan Patel, portavoz del Departamento de Estado, ninguno de estos actos —refiriéndose solo a los que evaluó— ocurrió después del 7 de octubre, cuando Hamás lanzó su ataque masivo contra Israel en el que asesinó a 1.140 personas y secuestró a otras 253, según autoridades israelíes. El episodio marcó también el inicio de la guerra y la campaña militar israelí contra Hamás, en la que ha bombardeado prácticamente todo el enclave, causando la muerte a más de 34.400 personas, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el grupo islamista. “Tras un minucioso proceso, encontramos cinco unidades israelíes responsables de incidentes individuales de graves violaciones de los derechos humanos. Todos ellos fueron incidentes muy anteriores al 7 de octubre y ninguno tuvo lugar en Gaza. Cuatro de estas unidades han remediado efectivamente estas violaciones, que es lo que esperamos que hagan nuestros socios… Es coherente con lo que esperamos de todos los países con los que mantenemos una relación de seguridad”, indicó en una conferencia de prensa. “Pero en esta investigación, nuestra posición es clara. Seguimos creyendo que la CPI no tiene jurisdicción sobre la situación palestina”, agregó Patel. La Corte Penal Internacional se creó hace más de dos décadas para hacer frente a la impunidad de los

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G7 determina cerrar plantas de carbón hasta 2035

Los ministros de las naciones del Grupo de los Siete (G7) acordaron cerrar todas sus plantas de carbón a más tardar en 2035, informó este lunes un ministro del Reino Unido, en un avance en la política climática que podría influir en otros países para que hagan lo mismo. Poner una fecha de finalización al carbón, el combustible fósil más contaminante para el clima, ha sido muy controvertido en las conversaciones internacionales sobre el clima. Japón, que obtuvo el 32% de su electricidad del carbón en 2023, según el grupo de expertos sobre el clima Ember, ha bloqueado el progreso sobre el tema en reuniones pasadas del G7, informó anteriormente CNN. “Tenemos un acuerdo para eliminar gradualmente el carbón en la primera mitad de la década de 2030”, dijo a Class CNBC en Turín, Italia, Andrew Bowie, ministro del Reino Unido del Departamento de Seguridad Energética y Net Zero. “Este es, por cierto, un acuerdo histórico, algo que no pudimos lograr en la COP28 en Dubai el año pasado”. “Por lo tanto, que las naciones del G7 se reúnan en la mesa para enviar esa señal al mundo (de que nosotros, las economías avanzadas del mundo, estamos comprometidos a eliminar gradualmente el carbón para principios de la década de 2030) es bastante increíble”. Cuando se le pidió que confirmara el desarrollo, el Ministerio de Energía del Reino Unido y Net Zero señalaron a CNN la entrevista. El Departamento de Estado de Estados Unidos se negó a comentar sobre el acuerdo del G7. La semana pasada, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. anunció nuevas reglas que requerirán que las plantas de energía alimentadas con carbón capturen casi toda su contaminación climática o cierren para 2039. “Apenas unos días después de que la EPA publicara las nuevas normas propuestas que esencialmente conducirán a un cronograma de eliminación acelerada para la mayoría de las plantas de carbón, este compromiso del G7 es una confirmación más por parte de Estados Unidos de que el carbón está a punto de desaparecer más temprano que tarde”, dijo Katrine. Petersen, asesor principal de políticas del grupo de expertos sobre el clima E3G. El compromiso es “un gran paso adelante, en particular para Japón, como el único país del G7 que queda sin un compromiso de alejarse del carbón”, dijo Petersen. Muchas de las otras naciones del G7 ya cuentan con planes nacionales para eliminar gradualmente el combustible fósil. Alrededor del 16% de la electricidad del G7 proviene del carbón, informa Ember. “Este es otro clavo en el ataúd del carbón”, dijo Dave Jones, director del programa Global Insights de Ember. “El camino para eliminar gradualmente la energía a base de carbón ha sido largo: han pasado más de siete años desde que el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá se comprometieron a eliminar gradualmente la energía a base de carbón, por lo que es bueno ver que Estados Unidos y especialmente Japón sean por fin más explícitos al respecto. sus intenciones”. Advirtió, sin embargo, que si bien la energía a base de carbón ha ido cayendo, el consumo de gas continúa. “El carbón puede ser el más sucio, pero en última instancia es necesario eliminar todos los combustibles fósiles”, afirmó. Los combustibles fósiles son la principal causa de la crisis climática. Casi todos los países del mundo acordaron el año pasado abandonar los combustibles fósiles en las conversaciones sobre el clima COP28 en Dubai, pero no fijar una fecha final para el carbón se consideró una deficiencia de esas negociaciones. Los ministros de Energía, Medio Ambiente y Clima se reunirán en Turín para mantener conversaciones que se espera finalicen el martes. El G7, formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, con la Unión Europea como miembro con estatus especial, suele liderar la política climática global. Las decisiones del grupo a menudo se filtran o influyen en el G20 en su conjunto, que incluye a otros grandes emisores, como China e India, así como a importantes productores de combustibles fósiles, como Arabia Saudita y Rusia. (CNN)

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Sánchez anuncia que no dimite como presidente

“He decidido seguir y seguir con más fuerza si cabe”, dijo a las puertas del Palacio de la Moncloa en una comparecencia institucional el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien agradeció las muestras de solidaridad recibidas. Previamente, había comunicado su decisión al rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. “Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no cesará, llevamos diez años sufriéndola, es grave, pero no es lo más importante”, dijo Sánchez. “Podemos con ella”, añadió. Pero dijo que el problema era la instauración de las acusaciones personales y la crispación frente al debate puramente político y pidió abrir “una reflexión colectiva” al respecto. Y llamó a no consentir “que los bulos deliberados dirijan el debate político”. Sánchez ha hecho hincapié en que su decisión “no supone un punto y seguido”. “Es un punto y aparte, se lo garantizo”, ha recalcado antes de mostrar su compromiso de trabajar “sin descanso, con firmeza”, por la regeneración pendiente y el avance y la consolidación de derechos y libertades. “Sólo hay una manera de revertir esta situación”, dijo, en referencia a la degeneración del debate político, “que la mayoría social como ha hecho estos cinco días se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común”. De este modo, se podría poner “freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo, porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos, se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser”.  El jefe del Ejecutivo se dio el miércoles pasado un periodo de reflexión ante la campaña de “acoso y derribo” que considera que están protagonizando contra él la oposición de conservadores (Partido Popular) y de la extrema derecha (Vox) y medios y organizaciones de la derecha y la ultraderecha y que, según asegura, utilizan también para ello los ataques a su esposa, Begoña Gómez. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ella por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias que se fundamenta en una serie de noticias de prensa, denuncia que la fiscalía ha pedido archivar. (EFE, AFP, RTVE)

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Biden: “Estaría feliz de poder debatir con Trump”

FOTO: CNN El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo durante una entrevista este viernes que estaba dispuesto a debatir públicamente con su predecesor y oponente republicano Donald Trump, a quien se enfrentará en las elecciones de noviembre. Cuando el presentador Howard Stern le preguntó si participaría en un debate público con Trump, el demócrata de 81 años y aspirante a un segundo mandato contestó: “Lo haré, en algún lugar. No sé cuándo. Estaría feliz de poder hacerlo”. El equipo de Biden lleva meses sin pronunciarse sobre su disposición a seguir la tradición de un debate televisado entre candidatos, normalmente moderado por un periodista conocido. Durante los últimos meses Trump no quiso participar en los debates de las primarias republicanas pero eso no le impidió arrasar votación tras votación. Y sus rivales se fueron retirando de la contienda. Pero Trump parece entusiasmado con la idea de debatir con el hombre que lo derrotó en las elecciones de 2020. “En cualquier momento, donde sea, en cualquier lugar”, afirmó este viernes en su red Truth Social. “Propongo el lunes por la noche, el martes por la noche o el miércoles por la noche, durante mi mitin en Michigan”, añadió. En el mismo mensaje sugirió celebrar el debate “esta noche, en el tribunal”. “¡Me quedaré esperando!”. El republicano está siendo juzgado en Nueva York por falsificación de registros comerciales para ocultar un pago a una actriz porno con el fin de comprar su silencio por una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016. Biden, quien ha calificado a Trump de amenaza para la democracia, declaró a los periodistas el mes pasado que un posible debate con el magnate inmobiliario “depende de su comportamiento”. La Comisión no partidista de Debates Presidenciales (CPD) ya ha fijado tres fechas y lugares para que Trump y Biden se enfrenten cara a cara para los comicios de 2024, en universidades estadounidenses en septiembre y octubre. Pero Trump criticó a la CPD por considerarla sesgada a favor del demócrata por haber previsto trasladar en 2020 un tercer y último debate a un formato por videoconferencia debido a la pandemia de Covid 19. El entonces presidente Trump acudió al segundo debate de 2020 contra Biden solo tres días antes de dar positivo por covid. Biden dijo entonces que no participaría en otro debate en persona con él mientras el republicano todavía estuviera enfermo. (EL ECONOMISTA)

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Estos son los 5 países de América Latina que más exportan a China

El comercio entre China y los países de América Latina rompió un récord histórico en el año 2023. El intercambio de mercancías entre la región y el gigante asiático superó los US$480.000 millones, de acuerdo con cálculos elaborados por BBC Mundo a partir de las cifras de la Administración de Aduanas de la República Popular China (AGA, por sus siglas en inglés). La balanza comercial estuvo relativamente equilibrada con un leve superávit favorable a América Latina por US$2.000 millones. El nuevo récord en el comercio de bienes con China constituye un paso más en una tendencia ascendente que se ha registrado a lo largo del presente siglo. Así, el aumento ha sido exponencial en este casi cuarto de siglo. “En el período 2000-2022, el comercio de bienes entre la región y China se multiplicó por 35, mientras que el comercio total de la región con el mundo solo se multiplicó por 4”, señala la Cepal en su informe Perspectivas del Comercio Internacional 2023. Gracias a este incremento, China se ha convertido en el segundo socio comercial del conjunto de ALC, superando a la Unión Europea, y en el principal socio de Sudamérica. Esta intensificación de los lazos comerciales con Pekín ha sido desigual, lo que ha derivado en que mientras algunos países de la región gozan de un superávit comercial, otros registran un déficit. Pero, ¿cuáles son los países de América Latina que más exportan hacia China y qué le venden? Vender materias primas, comprar manufacturas Según la Cepal, el grueso de las exportaciones de América Latina hacia China se concentran en seis productos (soja, minerales de cobre y de hierro, petróleo, cátodos de cobre y carne bovina) que juntos suman 72% del total. Las importaciones de la región desde China, por otra parte, consisten fundamentalmente en productos manufacturados, lo que “ha ampliado el acceso para los hogares y empresas, pero también ha desplazado a la producción regional”, apunta la Cepal. Estos son los cinco países de América Latina que más exportan al gigante asiático, de acuerdo con cifras de la Administración de Aduanas de China correspondientes al año 2023. Brasil Brasil es, con diferencia, el principal socio comercial de China en América Latina. En 2023, el intercambio bilateral sumó US$181.000 millones, de los cuales US$122.000 millones correspondieron a exportaciones del país sudamericano que obtuvo un superávit comercial de US$63.000 millones. Estos resultados no solamente convierten a Brasil en el país latinoamericano que más exporta a China, sino que es “uno de los pocos países del mundo que tiene un superávit comercial con China”, según apuntó en abril de 2023 la consultora internacional Dezan Shira & Associates en su publicación China Briefing. Y, es posible que ese vínculo siga creciendo, a juzgar por los 15 acuerdos comerciales bilaterales valorados en unos US$10.000 millones, que fueron suscritos por ambos países durante la visita oficial del presidente de Brasil, Lula da Silva, en abril de 2023. ¿Qué le vende Brasil a China? Entre los principales productos que exporta hacia China se encuentran la soja (35,4%), hierro (20,2%), petróleo (18,6%), carne de vacuno congelada (8,82%) y pasta de celulosa (3,36%), de acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés). Chile Chile es el segundo país de América Latina que más exporta a China y también es el segundo en la lista de los que tienen un mayor superávit comercial. En 2023, las exportaciones chilenas a China superaron los US43.000 millones, mientras que su superávit con China se ubicó en US$23.000 millones, de acuerdo con datos de la Administración de Aduanas de la República Popular China. El gigante asiático es el principal socio comercial de Chile. El cobre (en bruto y refinado) es con diferencia el principal producto que exporta Chile hacia China, según datos del OEC. Otro producto destacado son las frutas sin hueso, de las cuales Chile es el principal exportador del mundo y China, la mayor importadora. En 2022, el valor de las frutas de este tipo que Chile envió a China alcanzó los US$2.450 millones, supliendo más de dos tercios de las importaciones chinas que se ubicaron en US$3.580 millones. También son notables las cifras de exportaciones chilenas de sustancias químicas inorgánicas, compuestos de metales preciosos e isótopos. En 2005, Chile fue el primer país de América Latina en firmar un acuerdo de libre comercio con China y, según el investigador Evan Ellis, debe gran parte de sus buenos resultados allí a su estrategia de mercadeo. “El éxito de Chile se debe en parte a la promoción de su “marca nacional” en la República Popular China. Chile ha comercializado con éxito sus uvas, cerezas y arándanos en China como “bienes de lujo”, asociados con festividades navideñas y entrega de regalos, lo que le ha permitido venderlos a un precio superior, incluida su importación y envío por medios costosos, como aviones y contenedores refrigerados”, señaló Ellis en un artículo publicado en diciembre de 2023. Perú Con exportaciones que en 2023 superaron los US$25.000 millones, Perú se ubica en el tercer puesto en la lista de países latinoamericanos que más venden a China y entre los que alcanzan un mayor superávit comercial (más de US$13.000 millones, según datos de la AGA). A partir de 2009, cuando ambos países suscribieron un acuerdo de libre comercio, la potencia asiática se convirtió en el principal socio comercial de Perú. Entre 2010 y 2023, las exportaciones de Perú hacia China se cuadruplicaron y, de acuerdo con un análisis reciente de la Fundación Andrés Bello – Centro de Investigación Chino Latinoamericano. Los principales productos que exporta Perú hacia China son minerales, así como alimentos para animales. Aunque Perú le vende a China gran diversidad de minerales, incluyendo hierro, zinc y metales preciosos, el grueso de estas exportaciones lo constituye el cobre que en 2019 representó más de 60% del total. México Entre los cinco países de América Latina que más exportan hacia China, México es la gran excepción pues su balanza comercial con el gigante asiático es desfavorable. En 2023,

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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tratará la impugnación al partido de Edmundo González Urrutia

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) sesionará este martes y se espera que trate la impugnación al partido de Edmundo González Urrutia, el candidato elegido por la mayoría unitaria para enfrentar al dictador Nicolás Maduro en las elecciones del próximo 28 de julio. La denuncia la interpuso el candidato Luis Ratti. Urrutia fue el elegido luego de que el régimen no permitiera la postulación de Corina Yoris, la persona que había sido designada por María Corina Machado luego de que se ratificara la inhabilitación de esta última, vencedora en las primarias de la oposición. El TSJ tiene, entre sus expedientes, una demanda contra la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el partido que propuso al candidato Urrutia. De prosperar esta denuncia, el régimen argumentaría que el problema no es el diplomático, sino el partido que lo vistió de presidenciable. Esta nueva maniobra llega luego de que el lunes la Justicia chavista interviniera el partido de Henrique Capriles y se lo entregara a un diputado leal a Maduro. Ayer, el TSJ designó al chavista José Brito como presidente ad hoc del partido opositor Primero Justicia y lo autorizó a usar su tarjeta para postular candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La Sala Constitucional del TSJ decretó una medida cautelar que decide el “nombramiento de una Junta Directiva Ad Hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario de la Organización con fines políticos Movimiento Primero Justicia, presidida por el ciudadano (diputado) José Dionisio Brito y que estará además conformada por un Coordinador Nacional Adjunto, un Secretario General, un Secretario General Adjunto y un Secretario de Organización, que cumplan las funciones directivas y de representación de la referida organización. Así como la designación de autoridades regionales, municipales y locales”. Esta Junta Directiva Ad Hoc “podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de dicho partido político”, además de “organizar la consulta interna para la necesaria actualización y modificación de los Estatutos de la Organización a los fines de su adecuación”, dice el fallo. Siguiendo a Monitoreamos, en su decisión, el TSJ ordenó al Consejo Nacional Electoral “de manera provisoria, abstenerse de aceptar cualquier postulación para procesos electorales que no sea acordada conforme a los procedimientos de rigor, por la Junta Directiva Ad Hoc”. Además, facultó a la mencionada Junta Directiva Ad Hoc a “ejecutar los actos de simple administración y mantenimiento de las instalaciones, hasta que se decida el fondo de la presente causa; en consecuencia, se ordena la prohibición de enajenar y gravar sobre los bienes de la organización”. Según publicó el medio citado, el pasado 15 de marzo José Brito acudió al TSJ para solicitar que se defina quién puede utilizar la tarjeta de Primero Justicia para postular candidaturas ante el CNE. Brito afirmó que la situación jurídica de PJ está “en un limbo” desde septiembre de 2020, cuando la Sala Constitucional del TSJ suspendió la medida cautelar que lo había impuesto como coordinador nacional del partido. Brito fue expulsado de Primero Justicia en 2020, luego de que el portal Armando.Info revelara que hizo gestiones en favor de las tramas de corrupción del empresario colombiano Álex Saab. Está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por cooperar con el régimen de Maduro en el socavamiento del estado de Derecho. El régimen impide sumar apoyos a González Urrutia El partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT) denunció este domingo que no ha podido hacer la sustitución de la candidatura del gobernador del estado Zulia (oeste), Manuel Rosales, por la de Edmundo González Urrutia, ratificado como candidato presidencial por la principal coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD). “Desde el día de ayer, estamos intentando por el sistema automatizado de postulaciones hacer la adhesión de UNT a la (tarjeta) Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que encabeza el candidato, Edmundo González Urrutia, luego de la consignación de la renuncia de nuestro candidato”, explicó el representante de la formación Angelo Palmeri en un video publicado en X. Asimismo, dijo que han insistido varias veces, al tiempo que mostró en el video que cuando intentan ingresar al sistema de postulaciones del Consejo Nacional Electoral son redirigidos a la página principal del organismo. “Seguimos insistiendo entonces en hacer el trámite y exigimos nuestro derecho, como organización política, a adherirnos a la MUD y al candidato Edmundo González Urrutia”, agregó. Rosales consignó el sábado su renuncia como candidato para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio ante el CNE, para ahora -dijo- apoyar a González Urrutia y alinearse con la mayor alianza antichavista, de la que forma parte su partido. “En nuestro compromiso con la ruta electoral para cambiar a Venezuela consignamos ante el Consejo Nacional Electoral la renuncia de Manuel Rosales Guerrero como aspirante a la elección presidencial de este 28 de julio”, señaló UNT en su cuenta de X. Asimismo, sostuvo que ahora avanzarán hacia el segundo paso en las gestiones para dar su apoyo a la candidatura de González Urrutia. (INFOBAE)

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Estados Unidos presenta un informe “contundente” acerca de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

FOTO: EFE La situación de los derechos humanos en Venezuela no ha experimentado cambios significativos, permaneciendo críticos los informes sobre violaciones, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro. Organizaciones no gubernamentales (ONGs) como Provea y el Centro Gumilla, documentaron centenares de asesinatos en operativos de seguridad, con un alto porcentaje de las víctimas siendo jóvenes varones de áreas pobres, según el informe anual del Departamento de Estado norteamericano. Además, el Monitor de Uso de Fuerza Letal registró 432 muertes involucrando a las fuerzas de seguridad solo hasta agosto, con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) liderando en número de casos. Las acciones de grupos armados no estatales y bandas criminales también contribuyen al caos, involucrados en violencia, tráfico humano y explotación de comunidades indígenas, como es el caso de los Yanomami. Acusaciones de reclutamiento forzado de niños por estos grupos armados ilícitos fueron señaladas, presentando incluso una determinación por parte del Secretario de Estado que Venezuela respaldó tales prácticas durante el período de abril de 2022 a marzo de 2023, según el informe al que accedió Infobae. El Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, denunciaron cientos de casos de tortura no reportados por temor a represalias. Las víctimas a menudo eran sometidas a tratos crueles como asfixia, descargas eléctricas y fracturas de huesos, lo que destaca la impunidad con la que actúan las fuerzas de Maduro. “La Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Antony Blinken. “Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva. Las ONG nacionales de derechos humanos Foro Penal y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sostuvieron que cientos de casos de tortura no se denunciaron porque las víctimas temían represalias”. El texto prosigue: “En ocasiones, los jueces ordenaban la detención preventiva en instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incluso cuando los detenidos alegaban ante el tribunal que habían sido torturados o mostraban signos compatibles con la tortura”. “Los medios de comunicación y las ONG informaron de que las fuerzas del orden y los militares afines a Maduro golpeaban y humillaban con regularidad a los sospechosos durante las detenciones. También se denunciaron casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos. Personas alineadas con Maduro sometieron a detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos y ahorcamiento por las extremidades. También se sometió a los detenidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; se les obligó a pasar horas de rodillas y se les esposó durante largos periodos de tiempo. Algunos detenidos y sus familiares denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Los detenidos denunciaron que las fuerzas de seguridad afines a Maduro los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se cometían abusos. Los tratos crueles implicaban con frecuencia negar a los presos atención médica y mantenerlos durante largos periodos en régimen de aislamiento. Las ONG informaron de que algunos detenidos habían sido víctimas de violencia sexual y de género por parte de las unidades de seguridad”, señala el texto. Desapariciones En cuanto a las desapariciones, fueron varias las organizaciones que denunciaron esta actividad paraestatal para silenciar o perseguir opositores. “La ONG nacional de derechos humanos FundaRedes documentó 63 desapariciones o secuestros entre enero y marzo en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, y 27 desapariciones o secuestros en estos y otros seis estados entre abril y junio. La mayoría de las víctimas eran hombres. En muchos casos, FundaRedes informó que los autores eran organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión. En 2022, FundaRedes registró 80 desapariciones de mujeres en la frontera con Colombia. FundaRedes señaló que es probable que no se denuncien todas las desapariciones por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones controladas por Maduro. Según las investigaciones de FundaRedes, los agentes de seguridad fueron cómplices de grupos armados irregulares y bandas criminales en la comisión de abusos contra los derechos humanos, incluidas las desapariciones”. El informe continúa: “En agosto, el Comité Nacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela protestó por la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición en el mar de 150 migrantes desde 2015. Los representantes de Maduro siguieron negándose a que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitara el país para llevar a cabo investigaciones. En 2022, el Grupo de Trabajo informó de 29 casos pendientes de desapariciones forzadas o involuntarias”. Libertad de expresión El informe del Departamento de Estado también muestra el deterioro que presentó el régimen en materia de libertad de expresión: “La ley castigaba con penas de seis a 30 meses de prisión sin fianza las injurias al presidente, y con penas menores las injurias a funcionarios de menor rango”. “La Ley Constitucional contra el Odio para la Convivencia Política y la Tolerancia (ley contra el odio) estipulaba penas de prisión de hasta 20 años. Aunque el propósito declarado de la ley era ‘promover la paz y la tolerancia’, las ONG observaron que la ley, vagamente redactada, se utilizaba para silenciar a activistas de la libertad de expresión y a periodistas. La ley también se utilizó para limitar sus derechos tras su puesta en libertad, prohibiendo los viajes internacionales y exigiendo comparecencias periódicas ante los tribunales. El ACNUDH documentó nueve casos de personas, entre ellas defensores de los derechos humanos y periodistas, acusadas o procesadas en virtud de la ley. Según la ONG de derechos humanos Espacio Público, en los últimos cinco años, 83 personas fueron acusadas injustamente en virtud de esta legislación, entre ellas funcionarios públicos, periodistas y miembros de ONG”, señala la investigación respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela en 2023. En el ámbito laboral, se destacan violaciones significativas a la libertad de

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