Este fin de semana se conoció la Sentencia Constitucional 1016/2023-24, emitida el 28 de diciembre pasado, misma que concede 33 mil hectáreas de tierra en la “Laguna Corazón” en la reserva forestal Guarayos, es decir, una extensión de tierra similar a las ciudades de La Paz, El Alto, Viacha y Mecapaca juntas en favor de la Familia Marinkovic
Estas tierras están en litigio desde 1998, este es el argumento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para fallar en favor de los Marinkovic. La actual constitución, aprobada en 2009, establece que nadie puede poseer tierras arriba de las 5 mil hectáreas. Según el abogado constitucionalista Israel Quino, mientras no sea cosa juzgada, este argumento del TCP no tiene base legal. Advirtió de un nefasto precedente sobre la entrega de tierras fiscales a manos de privados
Para la exmagistrada del Tribunal Agroambiental (TA) Elva Terceros, esta determinación es muy peligrosa. El Tribunal Agroambiental emite una sentencia en 2022 que despoja de derecho propietario a la familia Marinkovic tras el proceso iniciado por el Viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, para revertir las mismas en favor del estado. Los Marinkovic presentaron un amparo constitucional ante la Sala cuarta de Santa cruz, que ratifica la resolución del TA. Entonces es enviada a Sucre para su revisión y la Sala Constitucional Cuarta, donde los magistrados Iván Espada y Miguel Hurtado tiran abajo toda la argumentación del TA y ratificación de la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz y emiten la sentencia cuestionada. La exmagistrada afirma que el TCP no respeta las competencias de los demás tribunales, emitiendo sentencias que contradicen sus resoluciones. “Para qué tenemos otros tribunales si el TCP va a hacer lo que quiere”, sentenció.
Terceros recordó que se le pidió al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que se corrija el saneamiento de estas tierras, que son fiscales. En 2019, durante la gestión de Jeanine Áñez y Branco Marinkovic como Ministro de Economía, mediante un informe de saneamiento del INRA se pasó a titulación de estas 33 mil hectáreas, informe que, según la exmagistrada, tiene vicios de fondo y no forma y que dan cuenta de irregularidades en su adjudicación.
El constitucionalista asegura que esta determinación debe ser investigada por la Fiscalía General, debe averiguar todos los detalles que llevaron a que se emita dicha sentencia. La misma debería ser de oficio y no a la espera de una denuncia, debido que se genera una afectación grave al estado.
A pocos días de finalizar su mandato constitucional, los mencionados magistrados cerraron este caso, resolviendo la propiedad de la Empresa Agropecuaria “Laguna Corazón” sobre el denominado Tierras Bajas del Norte, ubicado en el municipio de San José de Chiquitos, en Santa Cruz.
(RTP)
