El Departamento de Estados de los Estados Unidos publicó este lunes un comunicado en el que se informa de la restricción de visados a ciudadanos sudamericanos implicados en presuntos casos de corrupción. En el caso de Bolivia hay más de diez amonestados, entre ellos el actual fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el exministro de Justicia Iván Lima.
«Bajo la administración Trump, los funcionarios corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos. Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico, compromisos asumidos en la Cumbre Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre», se lee en la misiva.
La institución definió, por lo mismo, impedir el paso de ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú implicados en supuestos actos «terroristas y delincuentes que atentan contra la seguridad, el estado de derecho y la democracia».
«Esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros – y sus familiares directos – que atenten contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región. Atentar contra un Gobierno democrático constituye una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas y no será tolerado», asegura.
Es así que se habría revocado las visas a Martín Daniel Irusta, Albania Chane Caballero, Alberto Zeballos, Rosario Ximena Flores, Iván Lima, Álvaro Nava Morales, Israel Campero, Alberto Soto de la Vía, Iván Campero, Rodrigo Vedia Espinoza, Frans Cabrera y José Luis Iriarte Cussi.
Resalta, sin embargo, la negativa a la entrada a su país de Roger Mariaca. «El Departamento de Estado también ha designado públicamente al Fiscal General de Bolivia por su participación en hechos de corrupción graves. Esta medida hace que Mariaca y sus familiares directos no puedan ingresar a los Estados Unidos», asevera la institución extranjera, que además increpa: «Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general durante la presidencia del izquierdista Luis Arce y exfiscal general de Santa Cruz, abusó de cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participantes del programa Escudo, busca fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es claro: los funcionarios corruptos – y los criminales a quienes protegen – no son bienvenidos en Estados Unidos.