Martín Poma Quispe, chofer de minibús de 58 años, rozó levemente el farol de un auto en Mallasilla, La Paz. El daño no superaba los 500 bolivianos. Aun así, lo encerraron en la EPI de Calacoto. Cuando sus hijos llegaron con el dinero, la contraparte y su abogado exigieron también los celulares como “garantía”. Ante la negativa, la suboficial de turno y los custodios lo mantuvieron retenido.
Luis Fernando Benítez, albañil de 30 años y padre de dos hijos, volvía de un paseo familiar en Bermejo, Tarija, en el auto de su padre. Una patrulla lo detuvo por una denuncia de su expareja por asistencia familiar impaga. Lo metieron a la carceleta del Comando Policial bajo incomunicación hasta que pagara.
Ambos cayeron en la misma zona gris: detención por hechos menores o deudas civiles, sin control independiente y con un desenlace mortal.
Al cuarto día, por supuesto mal comportamiento, a Benítez lo enmanillaron al arco de metal de la cancha, al sol, hasta pasado el mediodía. Pidió agua; se la negaron. Intentó arrastrar el arco a la sombra y le rociaron gas en la cara. Otro efectivo lo golpeó con el tolete hasta romperlo. Esa noche lo llevaron al fondo de la cancha, apagaron las luces y lo golpearon en grupo mientras pedía ayuda. Murió.
En Calacoto, Gabriela Poma encontró a su padre desesperado. Mientras gestionaba su salida, la policía la llamó: el chofer “se puso mal”. Lo hallaron en la celda, sobre un sillón, sin signos vitales. La versión oficial fue suicidio con su corbata. La autopsia mostró costillas fracturadas en vida, hematomas en los pies y células ajenas bajo las uñas. El surco en el cuello correspondía a un material delgado. La corbata intacta estaba en la guantera del minibús.
Cuando los detenidos colapsaron, la Policía “actuó”. En Calacoto, el capitán Molina se negó a usar la patrulla que estaba en la puerta y obligó a las hijas —una embarazada— a cargar el cuerpo hasta el hospital. En Bermejo, trasladaron a Benítez a la una de la madrugada al Hospital Virgen de Chaguaya y ocultaron el hecho a la familia hasta las ocho de la mañana. El primer certificado forense le dio 15 días de impedimento a un paciente con muerte cerebral. El director de la carceleta atribuyó las lesiones primero a epilepsia y luego a autolesión por drogas. La autopsia constató tres costillas rotas, golpes por todo el cuerpo, el corazón desplazado y hemorragias cerebrales.
58 muertos en recintos policiales
Entre 2016 y 2024, el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, con datos policiales, registró 58 fallecidos en recintos policiales. La mayoría tenía entre 17 y 30 años. Esta investigación documentó 34 casos entre 2010 y 2026. En la mayoría hay indicios de violencia, abuso o vulneración de derechos.
La Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, atendió entre 2021 y 2025 doce casos críticos en celdas policiales: nueve muertes y tres de tortura. Identificó atención médica tardía, uso excesivo de la fuerza, posibles ejecuciones presentadas como suicidios y ausencia de protocolos específicos para prevenir muertes bajo custodia.
El patrón es estructural: detenciones arbitrarias, tortura en calabozos, precariedad extrema, distorsión pericial, autoinvestigación policial y bloqueo judicial.
Los “suicidios” y la manipulación forense
Yolanda Herrera, de la APDHB, sostiene que calificar de suicidio una muerte bajo custodia sirve para cerrar expedientes, pero no exime al Estado de su deber de protección. Esa etiqueta suele encubrir palizas de custodios o violencia de organizaciones criminales dentro de las cárceles. El Protocolo de Minnesota establece que toda muerte bajo custodia se presume potencialmente ilícita.
Hay casos difíciles de sostener. En 2014, Arturo Cuba apareció colgado con las manos atadas hacia atrás en un baño de la FELCC de La Paz. La Policía dijo que se ahorcó con los cordones de sus zapatos. En 2023, en Chonchocoro, Víctor Montevilla y César Aduviri aparecieron colgados con manos y pies atados. La fiscalía exploró un homicidio-suicidio y rechazó el caso por falta de autor identificado.
Andrés Gautier, del ITEI, afirma que en varios casos documentados la mecánica del supuesto ahorcamiento era físicamente improbable. Calificarlos de suicidio, dice, responde a una voluntad de encubrimiento.
El IDIF depende del Ministerio Público, no del Ministerio de Salud. Ernesto Málaga señala que el error empieza en el levantamiento del cadáver, hecho por policías sin médico legista. Se pierden indicios, se contaminan los cuerpos y no se aplican de forma rigurosa los protocolos de Minnesota y Estambul. El propio IDIF responde que aplica estándares internacionales “cuando las características del caso lo requieren” y que goza de autonomía funcional.
La autoinvestigación y el silencio oficial
La ley encarga a la misma Policía investigar a sus miembros. Un oficial de menor rango rara vez imputará a su comandante. “Prima una doctrina que protege la imagen institucional por encima de la vida”, dice el defensor David Inca.
ANF pidió descargos al viceministro Hernán Paredes y al ministro Marco Antonio Oviedo. El Comando General respondió que la información “no corresponde” por ser reservada. El ministro no contestó.
En el caso Poma, la inspección ocular se suspendió seis veces y la fiscalía sacó del proceso al capitán Molina y a la suboficial Tancara. En el de Benítez, omitieron un CD con 300 fotos de la autopsia y rechazaron una metapericia. El tribunal bajó el tipo penal de asesinato a vejaciones y torturas. El director de la carceleta fue absuelto.
Las familias denuncian amedrentamiento: intentos de incriminar a la hija de Poma y amenazas de procesos por “documentación falsa” a los Benítez.
El colapso penitenciario
Si las comisarías son la puerta de entrada, las cárceles son el colapso. San Sebastián Hombres, diseñado para 300, alberga 1.178 internos. El 53,91 % de los 32.677 privados de libertad está en prisión preventiva. Hay un médico por cada 510 reclusos.
Entre 2019 y 2024 las muertes en centros penitenciarios se acercan a 600. En 2024, de 139 fallecidos, 96 estaban en detención preventiva. Las muertes violentas pasaron de 15 en 2025 a 17 solo entre enero y julio de 2026.
Herrera describe un sistema de “alquileres” de celdas y “seguros de vida”. Quien no paga queda expuesto a desnutrición y agresión. Ramiro Orías resume el trato estatal y social: el detenido es “desechable”.
Lo que piden las familias y los organismos
El proyecto de Ley Integral contra la Tortura —que haría obligatorios los protocolos de Minnesota y Estambul e independizaría las investigaciones— sigue congelado. El diputado Marcelo Solís, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pidió su reposición y un registro público unificado de fallecidos bajo custodia.
La Defensoría propone incorporar las celdas policiales al régimen penitenciario, una nueva Ley de Faltas, evaluación médica obligatoria y acceso irrestricto del Mecanismo Nacional de Prevención.
Mientras tanto, las familias de Poma y Benítez siguen sin una explicación que coincida con las marcas en los cuerpos. “El ser humano tiene derecho a saber qué pasó”, dice Gautier. Negar esa verdad no cierra el duelo: lo cronifica.
Esta investigación fue financiada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Publicada en alianza con Erbol, Acceso Investigativo, Brújula Digital y La Palabra del Beni.