Natalia Aparicio advierte que reformar la Constitución exige consensos amplios, estabilidad económica y transparencia, evitando que el proceso se convierta en plebiscito presidencial o nueva fuente de polarización.
ANNETT SOLIZ RIVERO
La reforma de la Constitución Política del Estado vuelve al centro del debate boliviano en un momento particularmente delicado. En el análisis desarrollado junto a Natalia Aparicio, politóloga invitada al programa *Fuego Cruzado* de RTP, se advierte que modificar la Carta Magna no puede reducirse a una pregunta de “sí o no”, porque detrás existen asuntos estructurales que podrían redefinir el funcionamiento del Estado. Aparicio sostiene que el proceso debe abordarse con especial cuidado, considerando que la Constitución de 2009 representó una conquista para sectores históricamente excluidos y contiene importantes avances en derechos humanos y protección ambiental. Sin embargo, también recuerda que su aprobación estuvo marcada por fuertes tensiones políticas y sociales, como los hechos de La Calancha. Esa memoria todavía forma parte de la sociedad boliviana y podría reaparecer si el proceso se desarrolla sin consensos. La discusión constitucional, por tanto, no es únicamente jurídica. También involucra identidades, intereses, heridas históricas y una disputa por el modelo de país que Bolivia quiere construir.
Uno de los principales riesgos identificados por Natalia Aparicio, es que la reforma constitucional termine convertida en un plebiscito sobre la gestión de Rodrigo Paz. Con niveles de aprobación cuestionados en las mediciones mencionadas durante el programa, llevar una propuesta de semejante magnitud directamente a las urnas podría hacer que el debate sobre la Constitución quede subordinado a la popularidad presidencial. A esto se suma la competencia por protagonismo entre los distintos liderazgos políticos.
Tuto Quiroga y otros actores podrían intentar capitalizar electoralmente una eventual reforma, mientras sectores de oposición buscarían influir en el contenido y conducción del proceso. El problema aparece cuando una transformación institucional se convierte en una disputa por quién obtiene mayor rédito político. Aparicio considera fundamental alcanzar acuerdos amplios, pero el escenario actual muestra una oposición fragmentada y una clase política con dificultades históricas para construir consensos. Pretender modificar numerosos artículos sin establecer previamente un pacto político podría profundizar la polarización en lugar de resolver los problemas estructurales que enfrenta el país.
El debate constitucional tampoco puede separarse de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia. Durante la entrevista, Aparicio planteó que cualquier reforma de esta magnitud necesita condiciones mínimas de estabilidad, particularmente una solución a los problemas de combustibles, dólares y tipo de cambio. Mientras persistan las filas por carburantes, los elevados precios en algunas regiones y la incertidumbre cambiaria, será difícil construir el consenso social necesario para discutir cambios estructurales.
En este contexto, una reforma podría convertirse incluso en un nuevo foco de conflicto si la población percibe que el Gobierno prioriza modificaciones institucionales mientras las necesidades económicas inmediatas permanecen sin respuesta. El análisis también cuestiona la falta de socialización de acuerdos relacionados con el financiamiento externo y advierte sobre los riesgos de aprobar decisiones económicas sin suficiente información pública. La experiencia de los 53 días de bloqueo demuestra que una medida percibida como poco consensuada puede desencadenar una reacción social de gran magnitud. La lección es clara: antes de reformar las reglas del Estado, el Gobierno necesita recuperar confianza y estabilidad.
Otro elemento decisivo es la posibilidad de que la reforma constitucional abra una nueva “guerra digital”. Natalia Aparicio advirtió que un eventual referéndum podría reproducir las disputas de narrativas políticas observadas durante los 53 días de bloqueo y otros episodios recientes. Las redes sociales podrían convertirse nuevamente en escenarios de confrontación, donde distintos sectores intenten instalar sus interpretaciones, activar temores y profundizar los clivajes entre Oriente y Occidente, entre oficialismo y oposición o entre diferentes corrientes políticas. En ese escenario, la Constitución podría terminar siendo utilizada como instrumento de polarización antes que como mecanismo de acuerdo nacional.
El desafío, entonces, no consiste solamente en determinar qué artículos deben modificarse, sino en establecer quién conduce el proceso, bajo qué consensos y con qué garantías de participación. Bolivia enfrenta una coyuntura en la que cualquier reforma estructural puede tener consecuencias políticas profundas. Abrir nuevamente el debate constitucional exige prudencia, transparencia y acuerdos; de lo contrario, el intento de cerrar viejas heridas podría terminar abriendo otras nuevas.
Vea la entrevista completa en: https://youtu.be/1clcguAN670?si=XizhKhR72Qjml1-s