La crisis de abastecimiento de combustibles está llevando a los municipios y sectores productivos a un punto límite. El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Neptaly Mendoza, afirmó este lunes que “se está agotando la paciencia” y que el diálogo comienza a quedarse sin margen ante la persistencia de la escasez de diésel.
Mendoza hizo las declaraciones antes de participar en la reunión convocada por el Comité pro Santa Cruz, a la que fueron invitadas autoridades de YPFB para explicar la situación del abastecimiento y plantear posibles soluciones.
“Nos preocupa, como les preocupa a todos los sectores, esta problemática de los combustibles que hasta ahora no se soluciona”, señaló el representante municipal.
El presidente de Amdecruz sostuvo que la situación es particularmente complicada en las zonas rurales, donde la falta de combustible afecta el normal desarrollo de las actividades productivas. “Mientras en el campo no hay los combustibles para poder desarrollar las actividades normalmente, creo que estas reuniones están llegando ya a un límite”, afirmó.
Piden abrogar el Decreto 5676
Mendoza también informó que el municipalismo nacional asumió una posición común respecto al Decreto Supremo 5676 y planteó al Gobierno su abrogación, al considerar que la medida no cumplió con el objetivo de resolver el problema de abastecimiento.
“Cuando una norma no cumple el objetivo que uno busca, tanto a beneficio del Estado como de la ciudadanía, pues una norma que no funcionó tiene que ser revisada”, sostuvo.
Según Mendoza, pese a la aplicación del decreto, continúa la escasez de combustibles y persisten denuncias de especulación y corrupción en la cadena de distribución.
“Se tienen que tomar medidas”, afirmó, al señalar que esa situación incluso es reportada desde el propio entorno de YPFB.
El dirigente municipal evitó anticipar qué medidas podrían asumir las instituciones cruceñas y señaló que esa decisión corresponde al Comité pro Santa Cruz y a las organizaciones que participan de la reunión.
Tarija rechaza pagar Bs 18 por el diésel
En la misma línea de cuestionamiento al nuevo esquema de precios, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, afirmó que el Gobierno municipal no comprará diésel a Bs 18 por litro para sus vehículos y maquinaria.
Torres explicó que instruyó a las diferentes unidades de la Alcaldía a no recurrir al combustible con precio referencial de Bs 18 y, cuando sea necesario, hacer fila para acceder al precio regulado de Bs 9,80.
El alcalde calculó que el municipio consume alrededor de 50.000 litros de diésel al mes. Con ese volumen, estimó que el gasto anual a Bs 9,80 bordea los Bs 7 millones.
Si el combustible tuviera un costo de Bs 18 por litro, el gasto se elevaría en aproximadamente otros Bs 7 millones, hasta alcanzar unos Bs 14 millones anuales solamente por ese concepto.
“Esto es mucho dinero”, sostuvo Torres.
El alcalde indicó que la discusión sobre el esquema de precios continúa entre distintos sectores y mencionó que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y otras instituciones han planteado alternativas.
FAM volverá a reunirse en Santa Cruz
Torres también informó que la FAM tiene prevista una nueva reunión para el 23 de septiembre en Santa Cruz, después de que las mesas técnicas concluyan su trabajo hasta el 15 de septiembre.
Entre las prioridades del municipalismo, mencionó además la necesidad de compensar la reducción de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que, según explicó, representa una disminución acumulada de ingresos para los gobiernos municipales.
Sobre la eventual legalización de los vehículos indocumentados o “chutos”, Torres evitó asumir una posición definitiva y señaló que esperará el diagnóstico anunciado por el Gobierno mediante un censo. “Sin un diagnóstico yo no estoy en la capacidad de opinar”, afirmó.
El alcalde sostuvo que, una vez conocidos los resultados, la FAM podrá evaluar una posición conjunta, aunque remarcó que una eventual legalización de estos vehículos es una decisión que corresponde al Gobierno nacional.
EL DEBER