El procurador general del Estado de Bolivia, Hugo César León, afirmó que el operativo policial de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz, conocido como el «caso terrorismo», no fue tal, sino una «ejecución sumaria» de tres europeos y señaló que las familias de las víctimas reclaman al Estado elevadas compensaciones económicas.
«Este tema no fue terrorismo. Fue una ejecución sumaria y obviamente una persecución indebida que se hizo de mucha gente con encarcelamiento y torturas de por medio», afirmó León en declaraciones a medios en la ciudad de Sucre.
En el operativo, ocurrido el 16 de abril de 2009, murieron el croata-boliviano Eduardo Rózsa-Flores, el húngaro-rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. También fueron detenidos el húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic.
El procurador señaló que la institución que dirige participará en el proceso para defender los intereses del Estado, debido a que las familias de las personas de nacionalidad europea afectadas por el operativo están reclamando «montos económicos realmente
elevados».
León sostuvo además que, al tratarse de posibles delitos de lesa humanidad, el paso del tiempo no impide que los hechos sean investigados para determinar responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes.
«Fundamentalmente, determinar qué personas son las que tienen culpa y cuál es la sanción que se les debe dar para posteriormente
repetir sobre ellos las implicancias económicas que tenga este proceso*, agregó.
El grupo de extranjeros fue acusado por el Gobierno de Evo Morales de integrar una supuesta célula terrorista que pretendía la secesión de Santa Cruz de Bolivia y planificar un supuesto atentado contra el entonces mandatario. La denuncia también involucró a líderes políticos y empresariales del departamento de Santa Cruz, algunos de los cuales fueron perseguidos judicialmente.
En 2020, el proceso fue cerrado con la absolución de los acusados que aún estaban sometidos a juicio, después de que el Gobierno
transitorio de Jeanine Áñez y la Fiscalía retiraran sus acusaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe sobre el caso, estableció la responsabilidad internacional del Estado boliviano por la vulneración de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y garantías judiciales de las víctimas, y recomendó, entre otras medidas, reparar a los afectados e investigar los hechos para determinar responsabilidades.
ANF