El avance de la minería en el norte del departamento de La Paz ha encendido nuevamente las alarmas. El vertido indiscriminado de sustancias tóxicas y la alteración de suelos no solo destruyen la biodiversidad amazónica, sino que amenazan directamente la salud, la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable de decenas de comunidades indígenas y campesinas.
La modificación de los cauces naturales ya está provocando inundaciones en municipios como Guanay y Tipuani, mientras que la actividad extractiva se acerca peligrosamente a embalses vitales para la sede de Gobierno, como Incachaca y Hampaturi.
Resistencia local y el impacto del mercurio
Ante el riesgo inminente, municipios como Coroico, Yanacachi, Palos Blancos y Alto Beni han tomado la iniciativa declarando sus territorios libres de minería. Estas regiones exigen a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) el respeto vinculante a sus decisiones autónomas antes de la concesión de nuevos derechos.
Por otro lado, el uso desmedido de mercurio —que vulnera compromisos internacionales como el Convenio de Minamata— afecta gravemente a pueblos indígenas como los Ese Ejja y Tacana.
La reconversión tecnológica: Si bien la transición hacia tecnologías limpias (como las mesas gravimétricas) es urgente, especialistas del sector señalan que el costo financiero de esta reconversión técnica debe ser asumido por las propias cooperativas y no por el Estado, considerando los elevados ingresos privados que genera la actividad.
Retroceso normativo y la expansión de la frontera extractiva
La gestión ambiental en el país enfrenta un severo debilitamiento institucional. Vacíos en la actual Ley Minera permiten la operación sin licencias ambientales ni fiscalización efectiva.
Esta fragilidad se agrava tras el anuncio oficial de la liberación de 1,5 millones de cuadrículas (equivalentes a 33 mil nuevas áreas para operación minera), lo que representa una expansión masiva de la frontera extractiva en un momento de alta vulnerabilidad ecológica.
Distorsión económica y desafíos políticos
El modelo actual del sector presenta serias contradicciones:
Soberanía y tributación: El esquema cooperativista opera en diversos casos como fachada para alianzas con capitales transnacionales, explotando recursos a gran escala sin generar aportes tributarios significativos ni fortalecer las reservas del Banco Central.
Institucionalidad: Decisiones recientes e hitos como la ruptura de la Cumbre Minera evidencian un escenario donde las presiones sectoriales suelen priorizarse por encima del marco constitucional y el interés colectivo.
Hacia una reingeniería del sector
Superar esta crisis no implica paralizar el desarrollo económico, sino encarar una profunda reflexión sobre el modelo extractivo. El desafío urgente demanda una reingeniería normativa y técnica que garantice una fiscalización real, imponiendo una minería responsable donde la ambición por el oro no comprometa el agua y la tierra que sustentan la vida.
RAMIRO CHARCAS
PERIODISTA DEL SISTEMA POPULAR
