
El juicio contra Juan José Zúñiga por el presunto intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024 ingresó en una fase decisiva, marcada por las declaraciones de los acusados, la ratificación de la acusación fiscal y la apelación del Ministerio Público contra la cesación de la detención preventiva del excomandante.
Durante la segunda jornada, cinco de los 22 procesados prestaron declaración ante el Tribunal, insistiendo en que la movilización militar habría sido parte de un ejercicio ordenado por el presidente Luis Arce. Esta versión, sostenida por las defensas, busca instalar la idea de que la acción militar no fue autónoma, sino inducida desde el poder político.
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El propio Zúñiga, excomandante de las Fuerzas Armadas, aseguró haber recibido tres llamadas telefónicas del mandatario antes de la movilización. Su defensa considera que el contenido del celular del general es una prueba clave para esclarecer si existió coordinación o instrucción directa desde el Ejecutivo.
La Fiscalía Departamental de La Paz ratificó la acusación formal, subrayando que, aunque no haya víctimas directas, la ocupación militar de la plaza Murillo constituye un hecho antijurídico que vulnera el orden constitucional. En paralelo, el Ministerio Público presentó una apelación contra la decisión judicial que concedió la cesación de la detención preventiva a Zúñiga, buscando revertirla.
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El caso se ha convertido en un punto de tensión política: por un lado, el Gobierno intenta reafirmar la narrativa de un golpe militar frustrado; por otro, las defensas plantean que se trató de un ejercicio militar manipulado para justificar medidas de control político.
Mientras tanto, la esposa de Zúñiga aseguró que el excomandante permanecerá en Bolivia y cumplirá con las disposiciones judiciales, en un proceso que podría redefinir la relación entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno.
MARISOL MURILLO-RTP