La Vicepresidencia de Bolivia, encabezada por el vicepresidente Edmand Lara, expresó su rechazo ante las denuncias de presuntos cobros irregulares, coimas, venta de cargos y otros posibles hechos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios de la Aduana Nacional en los departamentos de Tarija, Oruro y Santa Cruz.
A través de un comunicado, la institución calificó estos hechos como una “grave vulneración a los principios de legalidad, transparencia y probidad” que deben regir la función pública, además de advertir que afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
Las denuncias, conocidas durante el mes de junio, incluyen la difusión de audios que presuntamente evidencian pagos irregulares para facilitar el ingreso de mercancía de contrabando en Tarija, así como investigaciones que alcanzan a personal de la regional Oruro y señalamientos sobre una posible venta de cargos jerárquicos vinculada a designaciones de exfuncionarios provenientes de Santa Cruz.
En ese contexto, la Vicepresidencia remarcó la necesidad de una “investigación inmediata, objetiva y exhaustiva” que permita verificar la autenticidad de las pruebas y establecer responsabilidades, garantizando el debido proceso y la aplicación de la ley sin excepciones.
Asimismo, tomó conocimiento de que la Aduana Nacional inició procesos internos, incluyendo la separación de algunos funcionarios y una reestructuración institucional; sin embargo, consideró que la magnitud de las denuncias exige resultados concretos y verificables.
“La ciudadanía espera que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que cualquier persona que haya utilizado un cargo público para obtener beneficios indebidos o favorecer actividades ilícitas responda ante la justicia”, señala el pronunciamiento.
Finalmente, la Vicepresidencia exhortó al Ministerio Público, a las instancias de control y a las autoridades competentes a actuar con independencia, firmeza y celeridad para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, recordando que la corrupción no reconoce fronteras departamentales y no puede tener cabida en ninguna institución del Estado.
(CORREO DEL SUR)
