El médico Jhiery Fernández, protagonista de uno de los casos más emblemáticos de injusticia en Bolivia, denunció un nuevo episodio de encubrimiento judicial luego de que jueces decidieran apartar al exfiscal Edwin Blanco del proceso iniciado en su contra por las irregularidades cometidas en el denominado caso bebé Alexander. Según Fernández, esta decisión confirma la persistencia de un sistema que protege a quienes vulneraron derechos fundamentales desde el poder.
“Los pasillos judiciales son pasillos del infierno. Ahí no se busca justicia, se ejecutan decisiones políticas”, afirmó al recordar que Blanco, entonces fiscal departamental de La Paz, “orquestó y armó” el proceso penal que lo llevó a pasar casi cuatro años en prisión por un delito que no cometió.
Fernández cuestionó que, pese a las denuncias presentadas ante el Ministerio de Justicia, el sistema terminó “premiando” a Blanco, quien en 2021 fue designado juez de Sentencia. “Mis denuncias evitaron que sea Fiscal General, pero el sistema le devolvió el favor dándole un juzgado”, señaló en el programa Sin Concesiones de radio Fides.
Críticas al Ministerio de Justicia
El galeno calificó al anterior Ministerio de Justicia como un “brazo operativo de opresión”, que no buscaba esclarecer la verdad sino presionar y hostigar a jueces para que actúen conforme a los intereses políticos de turno.
“No era un ministerio para garantizar derechos, era un mecanismo de control”, denunció.
Falta de reparación
Aunque recuperó su libertad en 2018 tras revelarse un audio en el que la jueza Patricia Pacajes admitía que lo condenó sin pruebas, Fernández lamentó que hasta hoy no ha recibido resarcimiento económico ni reparación integral por los años que pasó encarcelado injustamente.
“Mi vida fue destruida y el Estado no ha hecho absolutamente nada para reparar ese daño”, expresó.
Acciones internacionales
Ante la exclusión de Blanco del proceso y los recientes reveses judiciales, Fernández anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos y la violencia institucional ejercida en su contra. Subrayó que su lucha busca visibilizar la situación de miles de personas que permanecen en detención preventiva sin sentencia, en condiciones precarias y sin acceso real a la justicia.
Antecedentes
El caso se remonta a noviembre de 2014, cuando murió el bebé Alexander en una casa de acogida de La Paz. Pese a la falta de pruebas científicas, el Ministerio Público, encabezado por Edwin Blanco y la fiscal Susana Boyán, acusó a Fernández de violación seguida de muerte. En 2018 fue condenado a 20 años de prisión, hasta que un audio filtrado reveló que la jueza reconocía su inocencia, lo que derivó en su liberación.
Posteriormente, se iniciaron procesos contra Blanco y Boyán por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Sin embargo, las audiencias fueron postergadas reiteradamente y ahora, con la exclusión de Blanco, resurgen las denuncias de impunidad y encubrimiento en uno de los casos más graves de la justicia boliviana.
ANF
