El secretario general de la Confederación Nacional del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala, denunció una “discriminación total” contra el sector de jubilados por la forma en que el Gobierno aplica el incremento de la Renta Dignidad, que alcanza hasta Bs 500 solo para determinados beneficiarios. Aseguró que la medida fue definida mediante decreto, lo que —a su criterio— la vuelve inconstitucional al no haber sido consensuada con los sectores involucrados.
Ayala cuestionó las diferencias en los montos del beneficio, señalando que los jubilados continúan recibiendo Bs 300, mientras que personas que no realizaron aportes al sistema perciben Bs 350, situación que calificó como injusta. En ese marco, anunció que el sector exigirá la autonomía de la Gestora Pública y afirmó que defenderán los fondos de los afiliados, advirtiendo que no permitirán descuentos “ni un centavo” de esos recursos.
El dirigente recordó que alrededor de 1,7 millones de personas reciben la Renta Dignidad y lamentó que el Gobierno no haya convocado al diálogo previo a la aplicación de las nuevas disposiciones. Asimismo, advirtió que el Ejecutivo pretende aplicar un nuevo descuento del 1,68% a los saldos acumulados en la Gestora Pública, recursos que —remarcó— pertenecen exclusivamente a los afiliados.
Indicó que actualmente existen cerca de Bs 400 millones provenientes del aporte del 0,5% que realizan los trabajadores activos, y anunció el envío de notas formales al Ministerio de Economía y a la Central Obrera Boliviana (COB) para expresar el rechazo del sector y exigir explicaciones.
