
El senador Félix Ajpi anunció que presentará una demanda internacional contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que, tras cinco años, no se ha logrado justicia para las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba.
Cuestionó el accionar del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, a quien señaló como posible responsable de prevaricato, debido a decisiones que —según el senador— favorecieron a actores vinculados a los hechos de 2019. Dijo también que la mencionada autoridad fue declarado como Hijo Predilecto en un acto que participó el Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, sindicado en el caso Golpe I.
El 18 de agosto de 2025, Romer Saucedo emitió un instructivo que ordenó a los tribunales departamentales revisar de inmediato las medidas de detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari. Argumentó que existía un uso abusivo de la detención preventiva, y que debía garantizarse el debido proceso y la celeridad judicial.
Luego del instructivo Nº 18/2025, se dispuso detención domiciliaria para Fernando Camacho en el caso Golpe I, “Decretazo” y Paro de 36 días. El exlíder cívico de Potosí, Marcos Pumari también salió de la cárcel y es acusado de incitar a la quema del TED durante 2019. En el caso de Jeanine Áñez se determinó juicio de responsabilidades por Senkata y Sacaba. Aún guarda detención preventiva porque tiene una sentencia por el caso Golpe II.
Las víctimas de Senkata y Sacaba denunciaron que el instructivo responde a un “cálculo político” y que se favoreció solo a tres figuras ignorando a miles de detenidos preventivos en el país. Al respecto, tras airada protesta de detenidos en La Paz y Santa Cruz, la justicia ordenó revisar los casos de detenidos preventivos, que según la Defensoría del Pueblo, ascienden a 18 mil personas.
“El TSJ ha atentado contra las víctimas, dejando en impunidad las muertes, la masacre que ya ha sido confirmada por la CIDH. El juez ha firmado ese fallo con sangre, con la sangre de nuestros hijos.Él, su firma, y su conciencia, están manchadas para siempre”, expresó la representante de las víctimas, Gloria Quisbert.
Por su parte, el activista por los derechos humanos y también representante de las víctimas, David Inca, afirmó que la audiencia fue un ejemplo de revictimización.
“Los victimarios argumentaron ser víctimas y a las víctimas se las dejó en indefensión. La impunidad ganó con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia”, lamentó al anunciar que solo les queda acudir a la CIDH.
RTP y Opinión