Los sectores sociales “evistas” no descartaron asumir medidas de presión si se concreta la liberación de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari por los diferentes procesos que enfrentaban ante la justicia.
“El Gobierno de Lucho Arce, Tuto Quiroga y el TSJ que no jueguen con el pueblo boliviano ni las organizaciones sociales, no queremos convulsionar el país. Si así lo amerita y si así tiene que ser, vamos a levantarnos nosotros porque nuestros compañeros no pueden quedar en la impunidad”, aseguró Efraín Seña, dirigente de la Federación Carrasco Tropical.
Dario Manrique, otro dirigente “evista”, también expresó su rechazo a la posible liberación de las figuras políticas y consideró que deben cumplir 30 años de cárcel por los procesos que tienen pendientes en la justicia ordinaria.
“Sin los liberan, el trópico de Cochabamba y las organizaciones sociales, Pacto de Unidad nos vamos a levantar”, advirtió.
Desde la localidad de Huayllani, donde ocurrió uno de los hechos luctuosos, el dirigente intercultural, David Veizaga, fustigó la decisión de la justicia de pretender que salgan de la cárcel y demandó que no deba permitir esta situación.
Áñez enfrenta procesos por los hechos luctuosos de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, donde murieron más de 20 personas y otras decenas quedaron heridas por impactos de armas de fuego en noviembre de 2019.
En el caso de Camacho y Pumari, ambos se encuentran procesados por los hechos de violencia que derivaron en la dimisión de Morales a la presidencia en 2019.
La revisión de las detenciones preventivas de las tres personas surge en respuesta al instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Desde este lunes, se vienen desarrollando audiencias donde se evalúa la situación de los tres detenidos preventivos. Debido a esta situación, los sectores sociales afines a Evo Morales se declararon en estado de emergencia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), conformado por la CIDH, presentó en 2021 un informe contundente sobre los hechos ocurridos en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) en noviembre de 2019. Calificó ambos hechos como masacres, con uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas
Señaló que al menos 38 personas murieron en distintos puntos del país durante la crisis, y centenares resultaron heridas, tanto física como psicológicamente
Indicó que las víctimas fueron desprotegidas y que no se previnieron los actos de violencia, dejando a la población en situación de vulnerabilidad.
Observó serias deficiencias en la independencia judicial y recomendó reformas profundas en el sistema de justicia boliviano.
Exigió verdad, justicia y reparación para las víctimas, además de atención médica y psicológica inmediata
Erbol y La Época
