Dentro de la demanda ambiental por el tráfico ilegal y protección del jaguar y su hábitat, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental emitió este miércoles una resolución en la que dispone “medidas cautelares urgentes” para la elaboración de acciones conjuntas de los órganos del Estado para garantizar la protección oportuna de los jaguares en Bolivia. Luego de una sesión de más de tres horas en las que intervinieron los demandantes, los niveles del Gobierno y defensores del medioambiente, el Tribunal Agroambiental emitió una resolución firmada por cuatro de los cinco magistrados: El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Christian Mendez, señaló que en la resolución se hace conocer recomendaciones, exhortaciones y órdenes para que se cumplan en los diferentes niveles del Estado. “Se recomienda, se exhorta y se ordena en algunos casos la realización de determinadas acciones, y el incumplimiento a una resolución judicial conlleva cierto tipo de sanciones, sin embargo, se les ha aclarado que una vez notificados con la resolución hasta el 30 de abril, las partes tienen la posibilidad de pedir la complementación, aclaración y la modificación que en derecho corresponda con la debida justificación y motivación”, manifestó Mendez. Señaló que entre las medidas cautelares están, que se ordena a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Tribunal Supremo de Justicia y otras autoridades competentes, en un plazo de 10 días, disponer medidas de prevención contra ataques, amenazas o intimidaciones para los defensores ambientales, y la elaboración de planes de protección a la especie en peligro de extinción en el libro rojo de especies el peligro de extinción. También se dispuso la realización de acciones preventivas en cuanto a lugares donde se han identificado lugares de este tráfico como son los aeropuertos, las fronteras por parte de las instancias que correspondan. La autoridad indicó que la resolución de este tribunal también exhortó a la Asamblea Legislativa la elaboración de una norma que garantice un presupuesto adecuado para salvaguardar las áreas protegidas y el trabajo que realizan los guardaparques. La audiencia se cerró con la lectura de la resolución a las 15:00. (CORREO DEL SUR)
