La Universidad de Harvard ha demandado al Gobierno de Donald Trump este lunes por la retirada temporal de más de 2.200 millones de dólares (unos 1.930 millones de euros) en fondos federales para la prestigiosa institución estadounidense, el paso más destacado en una serie de medidas de presión ordenadas por la Administración republicana contra el centro educativo puntero para obligarle a reducir lo que considera activismo en el campus. “A lo largo de la última semana, el Gobierno federal ha tomado una serie de acciones a raíz de que Harvard rechazara cumplir con sus exigencias ilegales”, ha declarado el rector de la universidad, Alan Garber, en un comunicado. “Hace unos momentos hemos presentado una demanda para bloquear la retirada de fondos, porque es ilegal y excede las competencias del Gobierno”. La demanda de Harvard, presentada en Boston, menciona específicamente, entre otros, al Departamento de Educación, el Departamento de Sanidad, el Departamento de Justicia, el de Energía y la Administración de Servicios Generales. La Administración Trump había enviado a comienzos de este mes una carta a la Universidad con sede en Cambridge (Estado de Massachussetts), y una de las mejores del mundo, para exigirle que reformara radicalmente su política de admisión de alumnos y su gestión educativa. El Gobierno del antiguo magnate inmobiliario considera con horror que Harvard y otras universidades de elite son un nido de progresía que fomenta el activismo de profesores y alumnos, especialmente el activismo antiisraelí, y que pone demasiado énfasis en aceptar a alumnos de minorías. En particular esto último es algo que revuelve las tripas de esta Casa Blanca. La Administración republicana tiene entre sus prioridades absolutas el eliminar los programas de igualdad y diversidad, con el argumento de que fomentan la discriminación (contra la mayoría blanca y cristiana) y promueven a personas no cualificadas. Entre otras cosas, la carta enviada por representantes de la Administración reclamaba que el rectorado retirase el reconocimiento oficial a una serie de clubes y asociaciones de alumnos, y que llevara a cabo auditorías sobre las opiniones de sus profesores y estudiantes para garantizar que entre ellos hay amplia variedad de opiniones. Si fuera necesario, para fomentar esa diversidad de ideas, debería contratar a profesores y alumnos de ideologías menos presentes en Harvard. También exigía dureza contra el activismo, y que vetara la admisión de estudiantes internacionales “hostiles a los valores estadounidenses”. El ataque contra Harvard no era el primero contra una universidad estadounidense: el Departamento de Educación ha abierto investigaciones con el pretexto del antisemitismo contra más de 60 facultades y universidades; al menos 1.024 estudiantes de 1to facultades han visto revocados o finalizados sus visados desde finales de marzo. Pero este zarpazo de la Administración contra Harvard sí es el primero en el que la institución atacada se ha revuelto muy enérgicamente -se lo puede permitir: es la más rica y la más antigua del país- contra las pretensiones de la Casa Blanca. Otras, como la neoyorquina Columbia, optaron por sacar la bandera blanca ante las presiones y aceptar las demandas de la Administración, o por ponerse de perfil para evitar ser el próximo objetivo. Tras el plante de Harvard, otras universidades, como Yale o Princeton, lo han apoyado. Hace una semana, Garber declaró que la Universidad no aceptaría las exigencias del Gobierno, que considera que violan la libertad de expresión, protegida por la primera enmienda de la Constitución, y que destruirían el espíritu inquisitivo e independiente que Harvard considera su marca de la casa. Solo horas después, la Administración estadounidense congelaba los fondos federales asignados al centro de estudios superiores. Y al día siguiente, el propio Trump arremetió contra la universidad en su red social, Truth, para plantear la posibilidad de retirar el estatus de Harvard como entidad exenta del pago de impuestos “si sigue alentando locuras políticas, ideológicas e inspiradas por el terrorismo”. “El Gobierno no ha encontrado, ni puede encontrar, ninguna conexión racional entre las preocupaciones sobre el antisemitismo y las investigaciones médicas, científicas, tecnológicas y demás que ha congelado y que buscan salvar vidas estadounidenses, alentar el éxito estadounidense, proteger la seguridad estadounidense y mantener la posición de Estados Unidos como líder global en la innovación”, declara Harvard en su demanda judicial. “Tampoco ha admitido las graves consecuencias que la congelación indefinida de miles de millones de dólares en fondos federales para la investigación acarreará sobre los programas de investigación de Harvard, los beneficiarios de esas investigaciones, y el interés nacional en extender el progreso y la innovación estadounidenses”. La Universidad plantea su pulso contra el Gobierno como una lucha para defenderse no solo a sí misma y los fondos federales que recibe, sino la autonomía misma del sistema universitario estadounidense, orgullo de cada centro y que durante décadas han protegido sentencia tras sentencia del Tribunal Supremo. “Hoy estamos defendiendo los valores que han hecho de la educación superior estadounidense un faro para todo el mundo”, ha apuntado Garber en una declaración a la comunidad de Harvard. “Defendemos la verdad de que las universidades y facultades en todo el país puedan cumplir sus obligaciones legales y su papel fundamental en la sociedad lo mejor posible sin la intrusión inadecuada del Gobierno”, agrega. “Así es como logramos la excelencia académica, protegemos la libertad de expresión y la exploración de ideas y llevamos a cabo investigaciones pioneras”. (EL PAÍS)
