Un fondo de compensación, atención médica y un alto a las concesiones mineras, son parte de las ocho demandas de tres comunidades y pueblos de Potosí, Oruro y La Paz, que se encuentran afectados por la minería. Este viernes denunciaron en una audiencia pública de la Asamblea Legislativa, que estudios en sangre y cabello muestran que están contaminados por plomo, arsénico y mercurio. Los afectados señalaron que en los últimos años, la actividad minera en diversas regiones de Bolivia ha alcanzado niveles desmedidos, priorizando intereses económicos sobre la vida, la salud de las poblaciones y los territorios indígenas. Afirman que son testigos y víctimas directas de las graves consecuencias de este modelo extractivista, en muchos casos, ante una pasividad y silencios omisivos de los diferentes órganos del Estado. Ante la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, de la Cámara de Diputados, relataron como en el Ayllu San Agustín de Puñaca, la contaminación del agua y suelo con metales pesados ha sido confirmada por estudios científicos. Asimismo, presentaron el caso de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), en el que el mercurio proveniente de la minería aurífera ilegal afecta al 75% de las personas evaluadas y en las que se encontró mercurio en proporciones alarmantes. Los comunarios de Cantumarca, señalaron que el aire contaminado ha elevado los niveles de plomo en la sangre de niños y adultos mayores. Ante esta situación, en su pronunciamiento y petitorio, estas comunidades y pueblos exigen a las autoridades al menos ocho puntos para la atención de sus habitantes y sus territorios: a. Cumplimiento inmediato e irrestricto de las Sentencias, resoluciones Constitucionales N° 1471/2022-S-3 de Puñaca, Sentencia Constitucional N° 05/2023 del Río Beni y Madre de Dios, Sentencia Constitucional N° de Cantumarca y supervisión efectiva de su ejecución, instando a las autoridades competentes a su pronta y efectiva implementación b. Creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral, financiado por las empresas responsables, para reparar los daños sufridos. c. Instamos al Órgano Legislativo y a la Comisión de Pueblos Indígenas a dar Seguimiento y Cumplimiento de las Sentencias Constitucionales y establecer mecanismos efectivos para garantizar la ejecución de estos, para lo cual deberá de contar con la participación de las organizaciones indígenas así como fiscalizar al Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelva en plazos establecidos las acciones de protección al medio al medio ambiente, salud y los territorios indígenas. d. Conformación de una comisión mixta de seguimiento con participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales (a ser posible) para garantizar y dar seguimiento a todas las acciones de cumplimiento. e. Se garanticen la implementación de mecanismos preventivos y medidas de protección inmediatas y efectivas para salvaguardar nuestra integridad física, psicológica y moral, frente a cualquier amenaza, hostigamiento, coacción o acto que ponga en riesgo nuestra seguridad personal, para garantizar un entorno seguro y libre de cualquier forma de intimidación. f. Exigimos que no se otorgue ningún derecho minero en las cuencas y riberas de los ríos Beni y sus afluentes, ni en nuestros parques nacionales, ni territorios indígenas de T.I.O.C. y por tanto, que se controlen y mitiguen los pasivos ambientales existentes y se rehabiliten las aguas contaminadas. g. Exigimos la ampliación de estudios técnicos sobre contaminación del agua, lechos fluviales y análisis de sangre y orina a los comunarios, con la participación de expertos independientes y las comunidades y que los resultados sean públicos y transparentes. h. Que el Ministerio de Salud implemente un plan de salud integral para diagnosticar, tratar y hacer seguimiento a las personas afectadas por exposición al metilmercurio, priorizando a las comunidades Esse Ejja, Tsimane y Mosetenes.
