Los asambleístas departamentales Andrea Echeverría e Israel Alanoca cuestionaron la falta de transparencia por parte de la Dirección de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres de la Gobernación de La Paz respecto a la asignación de más de cinco millones de bolivianos a 26 municipios sin ofrecer detalles sobre el destino de estos recursos. “Queremos que el ente fiscalizador de los municipios, que son los concejos, el control social, tengan los montos para que sepan cuánto es que en este caso el departamental, a la cabeza del señor Santos Quispe, ha erogado. (…) Están hablando de cinco millones de bolivianos con los que habrían ayudado y aportado en los diferentes municipios”, subrayó la jefa de bancada de Somos Pueblo, Andrea Echeverría. La asambleísta detalló que los más de cinco millones de bolivianos se distribuyeron de la siguiente forma: Bs 206.835 para Collana, Bs 83.000 para Patacamaya, Bs 110.000 par Umala, Bs 88.760 para Charazani, Bs 193.602 para Curva, Bs 237.280 para Puerto Acosta, Bs 148.200 para San Andrés de Machaca, Bs 269.336 para Inquisivi, Bs 58.381 para Quime, Bs 546.385 para Guanay, Bs 329.204 para Tipuani, Bs 174.390 para Cairoma, Bs 160.350 para Luribay, Bs 147.355 para Malla, Bs 379.210 para Yaco, Bs 164.370 para Pucarani, Bs 155.040 para Puerto Pérez, Bs 116.640 para Aucapata, Bs 44.306 para Ayata, Bs 133.860 para Chuma, Bs 132.580 para La Paz, Bs 371.758 para Coroico, Bs 471.807 par Achacachi, Bs 104.401 para Waldo Ballivián, Bs 242.776 para Chulumani y Bs 291.256 para Irupana. La legisladora enfatizó que resulta llamativo que la mayoría de los municipios beneficiados con la asignación de recursos no sean del Norte paceño, una región que reporta graves daños a causa de las inundaciones. Por su parte, Alanoca mencionó que, en el caso de Luribay, uno de los municipios más afectados en el norte paceño, la Gobernación habría entregado 200 vales para 9.000 litros de diésel, pero no se ha esclarecido cómo ni cuándo se ejecutó esta entrega. El monto asignado para este municipio fue de Bs 160.350. “Aquí tenemos 9.000 litros de diésel que había recibido el alcalde Mario Cáceres en estos últimos meses, pero en el acta de entrega dicen que a la culminación del trabajo se deben requerir las partes diarias de maquinaria, tienen que requerir la fecha de trabajo y el reporte de horas y las comunidades que se han ayudado; sin embargo, tampoco tenemos esta información”, manifestó. En el caso de Quime, cuyo monto asignado fue de Bs 58.381 se habrían entregado 20 vales por 2.000 litros de diésel, además de 30 rollos de politubo, tres tanques de almacenamiento de 1.600 litros, cuatro de 1.200 litros y tres de 900 litros, también 70 palas, 70 picotas y 30 carretillas. “Lo que más nos preocupa es que las personas con las que estamos en los viajes de inspección, nos dicen que no hubo tal ayuda. Supuestamente son más de cinco millones de bolivianos los ejecutados en el año 2024. Sin embargo, a la fecha no tenemos ni siquiera el respaldo de la gente que nos diga si realmente ha llegado esa ayuda”, remarcó Alanoca. Los legisladores subrayaron que si bien el Decreto Departamental N° 164 de marzo de 2024 permite la contratación por excepción de bienes y servicios en favor de los municipios declarados en desastre, esto no exime a la Dirección de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en la asignación de recursos públicos. No obstante, ante las preguntas sobre el número de procesos de contratación autorizados desde la emisión del decreto, así como sobre la solicitud de órdenes de compra, facturas de las empresas contratadas e informes técnicos que justifiquen las contrataciones, la Dirección de Gestión de Riesgos se limitó a responder que “dicha documentación se encuentra bajo ‘resguardo’ de la Dirección Administrativa” de la Gobernación, sin proporcionar más detalles. “No transparenta la información el señor José Luis Cahuapaza, quien es el director de Gestión de Riesgos de la Gobernación. No tenemos ninguna información de qué facturas han tenido ellos respecto a la compra de todos estos bienes. Nos adjuntan pocas actas de entrega y lo que nos llama la atención es que la mayor parte de actas no tienen fechas de cuándo se ha entregado”, resaltó el asambleísta Alanoca. Asimismo, se observó que entre otros aspectos la Dirección de Gestión de Riesgos no proporcionó el Plan de emergencia departamental, Plan contingencia de Precipitaciones Pluviales intensas e Inundaciones, Plan de contingencia de Sequía y Déficit Hídrico, Plan de contingencia de Heladas y Bajas temperaturas, Plan de contingencia de incendios y el Mapa de amenazas de: inundaciones, sequías, heladas, granizadas, deslizamientos, vientos, sismos, erosión desertificación y contaminación, que debería tener en el marco del Decreto departamental N°164. Tampoco informó cuántas veces se reunió el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental y las conclusiones a las que se llegaron. Finalmente los asambleístas indicaron que continuarán solicitando información clara respecto a la inversión de los cinco millones de bolivianos en los 26 municipios señalados, con una petición de informe ampliatorio.
